Políticas de C&T: ¿beneficios para quién?
Por Guillermo Foladori
Doctorado en Estudios del Desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México.
Las políticas de C&T están estandarizadas. Cuatro principales lineamientos se encuentran en todas ellas: a) orientación hacia la competitividad, b) inversión en conocimiento, c) alianza universidad empresa, y, d) trabajo en redes.
En el contexto en que se aplican estas políticas benefician la extranjerización de la producción, a las corporaciones transnacionales, la orientación de la investigación hacia intereses de los países desarrollados y el distanciamiento de los investigadores respecto de las necesidades sociales. Nada más distante de un desarrollo tendiente a satisfacer las necesidades sociales que debería ser el objetivo del desarrollo de la ciencia.
En el contexto en que se aplican estas políticas la competitividad significa orientar la investigación hacia sectores que puedan competir en el mercado mundial. Salvo excepciones esto significa producir para la exportación, producir en sectores copados por las corporaciones transnacionales o generar empresas (spin-off) que puedan ser rápidamente vendidas, o conocimiento que pueda ser patentado. Bien lejos de satisfacer las necesidades sociales y bien cerca de la rentabilidad inmediata y el extrañamiento en el mediano plazo.
En el contexto en que se aplican estas políticas la inversión en conocimiento significa crear centros de excelencia que distancien aún más a los investigadores beneficiados de la gran masa de profesores y profesionales de grado, y, más grave aún, de la población en general. Los pocos favorecidos o bien se distancian enormemente en condiciones de vida e intereses de la población o migran luego de unos años a países desarrollados. La política no tiene sustentabilidad, porque al no apostar a la educación de calidad masiva desde la escuela primaria, se basa en la selección darwiniana de los contados casos que pueden llegar a los niveles de postgrado y excelencia.
En el contexto en que se aplican estas políticas, y en Latinoamérica donde el 70% o más de la investigación es con fondos públicos, la alianza universidad empresa es un robo descarado a la población que paga impuestos, ya que los beneficios de la investigación financiada por el pueblo termina convirtiéndose en ganancia privada. Esto sin entrar a discutir las implicaciones de largo plazo que significa orientar la investigación hacia la llamada “ciencia aplicada”.
En el contexto en que se aplican estas políticas el trabajo en redes en Latinoamérica es prioritariamente con investigadores de países desarrollados, que son los que pueden acceder a mejores y mayores fondos de investigación, que disponen del equipamiento y laboratorio de punta, que determinan los temas de investigación, que publican en revistas internacionales en inglés –para alcanzar buenos puntajes en las evaluaciones curriculares. Temas, intereses, contexto, nivel de vida, todo bien distante de las necesidades sociales.
Así estamos en materia de política de ciencia y tecnología, que, para agregarle la fresa a la crema, ahora es de ciencia tecnología e innovación, o sea ciencia, tecnología y “mercado” para los entendidos.