El objetivo de La red de análisis del sistema jurídico en el desarrollo de una economía de servicios (SISJUDES-CM) es poner en marcha líneas de investigación conducentes a la cuantificación de los costes de transacción y su repercusión en el desarrollo económico tanto a nivel regional como nacional. Se pretende enfocar el análisis en la economía madrileña, y especialmente en el sector de los servicios, por ser éste el más importante en la economía regional.

Fernando Becker es catedrático de economía aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y Presidente del Centro de Estudios Economía de Madrid. Actualmente, y entre sus diversas actividades de investigación, dirige el proyecto SISJUDES. Es además académico de número de la Real Academia de Doctores en la sección de ciencias políticas y de la economía, y miembro del consejo editorial de diversas publicaciones sobre economía.

1.- ¿Cuáles son las principales cuestiones que analiza el equipo de trabajo de la red SISJUDES?

La investigación que desarrolla el equipo de SISJUDES-CM abarca las cuestiones relativas a la economía institucional y al análisis económico del derecho. Entre las principales líneas de investigación que llevamos a cabo destacan: el análisis coste-eficiencia de las políticas públicas, el examen de la regulación del sector comercial y financiero, el estudio de los efectos económicos de la corrupción y de la asimetría de la información en los mercados, el análisis comparado de la eficiencia diferentes sistemas jurídicos , la estimación de los costes de transacción y de los efectos de la regulación en los mercados. Con objeto de abarcar este amplio abanico de cuestiones hemos creado una red multidisciplinar que agrupa a equipos de investigación pertenecientes a la Universidad Rey Juan Carlos, a la Universidad Complutense de Madrid, a la Universidad Carlos III y a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Cada uno de los equipos que componen la red está especializado en alguna de estas parcelas de conocimiento de la economía institucional, bien en el campo del derecho, de la historia o de la economía. Esta red de equipos nos permite realizar un análisis integral de cómo el entramado institucional influye en una economía de servicios.

2.- ¿Podría explicar brevemente el concepto de estructura institucional?

En sentido amplio, el concepto de estructura institucional es utilizado para hacer referencia a la estructura jurídica y a la organización institucional que define las "reglas de juego" dentro de las cuales los agentes económicos, sociales y políticos actúan. El objetivo principal de este entramado es generar "confianza" a los agentes a través de un marco de actuación claro y justo, que garantice por un lado aspectos tales como los derechos de propiedad, la libertad de contratación, los derechos individuales, la seguridad jurídica o la libertad de decisión, y por otro exija a cada uno de ellos la plena responsabilidad sobre sus actuaciones.

3.- ¿Cuál es el resultado que obtienen las instituciones españolas al realizar un análisis comparado a escala internacional?

Pese a las dificultades que acarrea la evaluación y medición de la calidad institucional, existen varias aproximaciones realizadas por diversos organismos internacionales. Entre ellas cabe destacar los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, el análisis del World Economic Forum en su "World competitiveness indicator" o de la Heritage Foundation en su "Index of economic freedom". En todos los rankings anteriores España ocupa posiciones más allá del puesto 30, fiel reflejo de que la estructura institucional en nuestro país está muy lejos de las mejores. Llama la atención la elevada disparidad existente entre nuestro nivel de desarrollo y la calidad del entramado institucional. Cabe preguntarse ¿cuál sería el nivel de vida que alcanzaría España con un mejor funcionamiento de sus instituciones?

4.- ¿Cree que la estructura institucional en España está teniendo alguna influencia en la actual crisis económica?

Absolutamente. Se ha analizado mucho el componente financiero de esta crisis, que existe y es un factor clave. También existe un amplio consenso sobre la existencia de una crisis de competitividad de la economía española, aspecto que subyace bajo el propósito de cambio de modelo productivo. Pero paralelamente se ha fraguado, en mi opinión, otra crisis tan sustancial o incluso más como las ya citadas, pero sobre la cual no se ha hecho mucha alusión. Se trata de la crisis institucional, que se ha desarrollado de forma lenta pero inexorable en los últimos años. Ésta se materializa en las carencias de calidad en la regulación económica y es en buena medida responsabilidad de la visión cortoplacista del proceder político. El reflejo de esta situación queda patente ante el aumento de la desconfianza de los ciudadanos y las empresas en las instituciones políticas, las administraciones públicas y el sistema judicial en los últimos años.

5.- ¿Cuáles son las vías por las que el desarrollo institucional influye en la economía de un país?

El clima de desconfianza y de falta de rigor institucional, minora la propensión al consumo, así como la creación de nuevas empresas y la puesta en marcha de inversiones. Consecuentemente implica un menor nivel de competencia lo que supone una pérdida adicional de eficiencia en la asignación de recursos. Las carencias institucionales y regulatorias suponen, en suma, un incremento en la incertidumbre, lo que se refleja en mayores costes de transacción, el encarecimiento de la financiación y una asignación más ineficiente de los recursos. Una adecuada estructura institucional, por tanto, redunda en una mejora agregada de la competitividad de una economía. Así, una sociedad moderna y dinámica requiere unas instituciones capaces de desarrollar una regulación que promueva la competencia, evite las eventuales relaciones de privilegio con los poderes políticos y minimice la carga sobre los agentes económicos que la soportan. En definitiva, una adecuada estructura institucional actúa de catalizador del desarrollo económico y social.

6.- ¿Sobre qué factores considera que se debería actuar de manera prioritaria para abordar la mejora de las instituciones en nuestro país?

Una adecuada estructura institucional debe basarse en los principios de sencillez en su diseño, claridad y transparencia en sus procesos, independencia en sus órganos de gobierno, rigor en el cumplimiento de las normas y evaluación periódica de sus resultados. En este sentido en nuestro país encontramos deficiencias importantes sobre las que se debería actuar sin demora. Se ha comprobado una cierta tendencia de las administraciones españolas a regular en exceso, en la creencia que de esta manera se justifica mejor su gestión frente a los gastos que generan a los ciudadanos. Es necesario que la evaluación de políticas e instituciones se sitúe en lo más alto de la agenda económica, y sería adecuado implantar un sistema de auditoría que permita una evaluación acumulativa de la regulación, para evitar cargas redundantes.

A su vez, se han de revisar cuestiones asentadas en el funcionamiento institucional como el incumplimiento de los plazos de pago de las administraciones públicas, de las resoluciones judiciales y en general de los actos administrativos. Otro factor muy importante es el funcionamiento de las agencias reguladoras. La reforma en sus funciones y en su modelo es fundamental. Es necesario dotarlos de capacidad normativa, y de equipos gestores independientes, de alto nivel, y carácter meramente técnico, que se encarguen de configurar el marco más eficiente para desarrollar las políticas que emanen del ámbito gubernamental. Estos organismos reguladores deberían simultáneamente garantizar el cumplimiento de los objetivos políticos definidos por el gobierno y evitar toda intervención gubernamental en el funcionamiento de los mercados.