La partida se juega con reglas marcadas por las instituciones económicas globales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Mundial del Comercio. Entidades con un enorme déficit democrático y de representación pero que determinan las políticas económicas a nivel mundial, más allá de las decisiones y medidas nacionales y regionales, que se encuentran sometidas a los corsés neoliberales de estas instituciones. (Kevin Danaher. 10 Reasons to Abolish the IMF & World Bank).

Sin embargo, a pesar de las dificultades y enormes presiones recibidas, Brasil ha llevado adelante una medida importantísima para el acceso a los medicamentos esenciales, en el marco de su programa nacional anti-sida. Muy brevemente, Brasil ha decidido romper la patente del Efavirenz, un medicamento para tratar el SIDA producido por el laboratorio Merck Sharp & Dhome. Para ello ha aducido razones de salud pública ante la crisis sanitaria que supone la galopante extensión del SIDA en Brasil. Y además, ha tomado la medida de acuerdo a las reglas de la OMC sobre el comercio mundial en tanto en cuanto el artículo 31 de los Acuerdos de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) permite a un gobierno levantar la protección de una patente, sin el consentimiento del propietario, otorgando licencia para que empresas locales produzcan el medicamento o éste se importe de terceros países en forma de genérico (salvaguarda denominada 'licencia obligatoria' y que incluyen la mayoría de los países en sus legislaciones nacionales sobre patentes).

Más aún, la Declaración de Doha (2001), ratificada por los 142 países de la Organización Mundial del Comercio, afirmó que los ADPIC pueden y deben ser interpretados y puestos en práctica de manera que apoyen el derecho de los miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso de todos a los medicamentos. Aparte del mecanismo de la 'licencia obligatoria', que Brasil ha utilizado por primera vez, la interpretación pro-salud pública de los ADPIC incluye la moratoria hasta 2016 para que los países menos desarrollados otorguen patentes farmacéuticas o la importación paralela, esto es, la búsqueda de medicamentos de marca más baratos en el mercado global (art. 6 del ADPIC).

Recuérdese en este punto que las patentes fijan la irreproducibilidad de un procedimiento o una fórmula, estableciendo una situación de monopolio y de explotación unilateral de lo patentado, impidiendo su libre acceso y que se convierta en patrimonio intelectual común. Y como recogía John Le Carré en el artículo antes mencionado, "un compuesto puede tener una docena o más de patentes. Se patenta el proceso de fabricación. Se patenta el método de administración: pastillas, líquido o suero. Se patenta la dosificación, que puede ser diaria, semanal o quincenal: cada una puede generar otra nueva patente. Se patenta, si es posible, cada paso insignificante en la vida del fármaco, desde el laboratorio hasta el paciente. Y, por cada día que la compañía logra mantener a raya al fabricante de genéricos, gana una fortuna, porque el margen de beneficios, mientras tiene la patente en sus manos, es astronómico". En el caso de los medicamentos esenciales, las patentes limitan extraordinariamente su acceso, por la elevación de sus precios y por la promoción de líneas de investigación y producción centradas exclusivamente en 'rentables'.

Pero a pesar de las buenas intenciones de la OMC, los acuerdos de Doha han venido incumpliéndose sistemáticamente Por un lado, desde países poderosos como USA se ha impulsado la firma de convenios bilaterales (ADPIC plus - Tratados de Libre Comercio, sic) que establecen normas de propiedad intelectual más estrictas, otorgando mayor protección a las patentes farmacéuticas y, consecuentemente, provocando un retraso en la disponibilidad de genéricos (USA está presionando a Tailandia para acordar un Tratado de Libre Comercio que endurezca las normas de propiedad intelectual, poniendo en peligro el exitoso, según el propio Banco Mundial, programa nacional de Tailandia para el tratamiento del SIDA, que ha conseguido proporcionar medicamentos a bajo precio al 90% de la población que lo necesita). Por otro lado, se aducen modificaciones (pequeñas y no relevantes en realidad) para ampliar las patentes de los medicamentos e impedir la fabricación de genéricos -según un informe de la Alianza Farmacéutica India de los 7000 "nuevos" productos presentados entre 1995 y 2005 sólo 250 eran realmente nuevos-. Más aún, los obstáculos a la producción de medicamentos genéricos se completan con las políticas de exclusividad de datos, que consisten en el impedimento a otras compañías para utilizar los resultados de las pruebas ya existentes a la hora de demostrar que sus medicamentos son equivalentes a los patentados; prohibición de 5 años en USA y de 10 años en la UE. Esta limitación implica que deben repetirse innecesariamente pruebas clínicas, retrasando y elevando el coste de los medicamentos genéricos.

Un ejemplo reciente de esta presión contra los medicamentos genéricos es el proceso de la multinacional Novartis contra India en el caso del medicamento Glivec, un fármaco crucial para los pacientes que sufren leucemia, tumores estomacales y otras afecciones. Según la sección 3(d) de la Ley India de Patentes, los medicamentos que existían con anterioridad a 1995 o son modificaciones de medicamentos existentes, no pueden obtener una patente. Esto ha permitido a las empresas indias continuar produciendo versiones genéricas del medicamento por 2700 dólares USA al año, frente a la versión patentada de Novartis con un precio aproximadamente diez veces mayor (27000 dólares USA al año). Si Novartis ganara el recurso, un número más amplio de medicamentos podrán también ser patentados, amenazando el importante rol de India como 'farmacia' de los países pobres y en desarrollo. (Recuérdese también la denuncia de empresas farmacéuticas contra el gobierno de Sudáfrica a principios de 2001) -Pfizer acaba de perder un juicio similar al de Novartis en India-. Como Novartis en India, Pfizer quiso impedir que otro laboratorio produjera un derivado (una sal) de un fármaco propio, el amilodipino, componente básico del fármaco Norvasc. Las autoridades de USA no le han dado la razón.

Sin embargo, las grandes empresas farmacéuticas, en un tremendo ejercicio de sarcasmo, están afirmando que la fabricación de genéricos para atender las necesidades de los países pobres y en desarrollo pone en riesgo la investigación farmacéutica y su propia viabilidad empresarial, con amenaza de despidos incluida -cuando más del 20% de sus gastos son promocionales-. Sin embargo, es misma industria farmacéutica mundial obtiene enormes beneficios, el mayor de cualquier industria legal del mundo, y el valor combinado de las "cinco grandes" empresas farmacéuticas es superior al PIB de toda el África sub-sahariana. Sólo en USA el lobby de la industria farmacéutica gasta 75 millones de dólares al año. (La patronal de la industria farmacéutica española también está intentando blindar sus patentes frente a la competencia de los genéricos).

No obstante, las grandes industrias farmacéuticas están intentando mejorar su imagen pública a través de programas de donaciones y tratamientos gratis o a bajo precio para países en desarrollo -ya que hemos hablado de Novartis, es reseñable el Instituto de Enfermedades Tropicales que esta empresa posee en Singapur. Sin embargo, el acceso a los medicamentos esenciales no puede ser una cuestión de caridad y de buena voluntad de las grandes empresas farmacéuticas. Las donaciones no pueden reemplazar a la producción de genéricos que es la forma más sostenible para asegurar que la mayoría de las personas accedan a los medicamentos que necesitan.

En este punto no está de más recordar que la atención sanitaria y el cuidado de la salud es un derecho humano, reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y en el artículo 12 del Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Desarrollando estos preceptos mundialmente reconocidos, la Conferencia de Alma-Ata sobre la atención sanitaria primaria incluyó el suministro de medicamentos esenciales entre las actividades comprendidas en el derecho humano fundamental al cuidado de la salud (art. VII, Declaración de Alma-Ata, 1978, OMS/UNICEF).

Podría parecer ocioso establecer justificaciones para la defensa de este derecho a la atención sanitaria pero no lo es cuando desde los púlpitos del neoliberalismo se cuestionan en general todos los derechos económicos y sociales -es célebre en la tradición jurídico-política anglosajona el verso: "Thou shallst not kill, but needst not strive officiously to keep alive".

En primer lugar, el cuidado sanitario constituye una necesidad básica, fundamental y prioritaria; lo que necesitamos para sobrevivir, para evitar el daño y para funcionar adecuadamente, garantizando una mínima calidad de vida que es necesaria para la auto-realización humana, independientemente de las diferentes concepciones personales de la vida buena. En segundo lugar, la atención sanitaria está vinculada a una serie de 'capacidades funcionales', usando la terminología de Martha Nussbaum y Amartya Sen, como la vida, la salud y la integridad corporal, cuya deficiencia supone no sólo deterioro físico sino también privación de libertad real, capacidad de elegir y disminución de posibilidades. Así, salud y libertad están vinculadas en la medida en que se precisan unas condiciones dignas y suficientes que hagan posible el ejercicio de la libertad y la misma acción humana. Por tanto, puede aducirse que el derecho a la atención sanitaria primaria no es un derecho universal de 'segunda generación' sino de primerísima, ya que está indefectiblemente vinculado a los derechos a la vida y a la libertad y del que es titular el individuo.

En consecuencia, difícilmente puede considerarse la atención sanitaria como una mera extensión del mercado sometida exclusivamente a intereses comerciales. Menos aún su corolario, los medicamentos esenciales, que son la base para cualquier programa de salud pública dirigido a reducir la morbilidad y mortalidad en los países en desarrollo, y que constituyen un bien público a nivel mundial. La injusticia que subyace a la enfermedad no deja de ser un asunto político, como lo ha demostrado la decisión de Brasil. Y globalizar la lucha por la atención sanitaria es una exigencia ética y bioética ineludible.