Moratoria Renovable en el sector de la bioenergía

El pasado 27 de enero de 2012, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, hizo público el Real Decreto-ley 1/2012, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

Con el nuevo Plan de Energías Renovables 2011-2020 aun en caliente, la mencionada Ley 1/2012 viene a resultar una MORATORIA contra todas aquellas tecnologías incluidas en el régimen especial de producción de energía eléctrica, que observan como una vez más, los intereses de las grandes eléctricas ponderan sobre los datos objetivos y el sentido común de un sector que no deja de aportar cifras positivas al ya debilitado sistema económico nacional.

Multitud de patronales, plataformas y empresas del sector privado se han pronunciado sobre las repercusiones negativas que supondrá la aplicación de la legislación en el desarrollo de las energías renovables, a corto y medio plazo.

Todo sea dicho, que la moratoria para el cobro de las primas es de carácter temporal, y no afecta a aquellas instalaciones inscritas en el registro de preasignación antes de la entrada en vigor del Real Decreto, ni a aquellos proyectos que se encuentren en situación de silencio administrativo, es decir, que aun habiendo solicitado la autorización en plazo, no han recibido contestación por demora atribuible al ministerio. Al resto de proyectos en promoción, les serán devueltos los avales que depositaron en las Cajas de Depósitos correspondientes de cada comunidad.

Habrá que esperar para saber de cuanto es la temporalidad a la que se hace alusión en la normativa, y si esta podría afectar de forma retroactiva o no a los proyectos que no han llegado a ser incluidos en el registro de preasignación.

 

Déficit de tarifa.

La finalidad del Real Decreto-ley contempla reducir, según el ministro José Manuel Soria, el injusto y cada vez más impopular “Déficit de Tarifa” (no confundir con Déficit público, al que se hace alusión desde el gobierno central y que puede llegar a equívocos, tal y como le ocurrió al mencionado ministro). Esta deuda contraída por los usuarios con las empresas eléctricas, se genera por la diferencia entre el coste de venta la energía eléctrica que consumimos y su coste de producción, y que actualmente se cifra en más de 24.000 M€.

Aunque argumentar que el déficit de tarifa se debe en gran parte a las primas adjudicadas al régimen especial, tal y como se ha querido hacer ver desde el lobby eléctrico, y que además, su reducción pasa por una moratoria renovable, es mucho decir.

Para poder avalar la viabilidad de las renovables, podríamos citar una inmensidad de beneficios inherentes a su uso, que actualmente no son internalizados y que permitirían una reducción considerable de sus costes de producción, evitando así la necesidad de percibir primas. Por citar algunos de los más relevantes:

  • Disminuyen la dependencia energética exterior, actualmente cifrada en más del 85% y  basada en la importación de combustibles de origen fósil, cuyo mercado posee una serie de problemas ligados a la volatilidad de sus precios y a la inestabilidad política de los países de procedencia.
  • Reducen las emisiones de CO2 a la atmosfera.
  • Las renovables son una fuente de energía autóctona, inagotable, sostenible y de beneficios nacionales, tanto a nivel socio-económico como ambiental.
  • Generan por megavatio entre 8 y 60 veces más puestos de trabajo que las fuentes de energía fósiles, teniendo además en cuenta que es un sector donde la investigación y la innovación tecnológica tienen un peso muy importante. Según el nuevo PER 2011-2020, se estima que para 2.020 la cifra de puestos de trabajo podrían rondar los 300.000.
  • Es un sector que actualmente aporta más al PIB que sectores de gran importancia histórica como la pesca o el textil.

A todas estas razones, habría que sumarle una de gran importancia, y es que España ha de cumplir de forma vinculante con los objetivos marcados por la Unión Europea incluidos en la Directiva 2009/28/CE, en la que se establece que el 20% de la energía producida debe ser de origen renovable en el año 2.020. Esta normativa europea también plantea medidas concretas que fomenten el desarrollo de las renovables y que pretendan eliminar la inestabilidad regulatoria, las trabas administrativas y los obstáculos para su conexión a red.

A todas luces se puede observar que la Moratoria aprobada por el ministerio, poco o nada tiene de positivo para la concreción de dichos objetivos europeos a 2.020.

 

Repercusión en la Bioenergía

Con toda seguridad, el sector de la bioenergía (biomasa, biogás y residuos), haya sido el tipo de renovable más afectada por la nueva Ley. Y es que se ha de tener en cuenta que los objetivos marcados en el antiguo PER 2005-2010 no fueron cubiertos, quedándose en valores del 40%. Por tanto, la moratoria aprobada no hará más que poner nuevos problemas a los ya existentes, que actualmente están relacionados con la complejidad administrativa y la ajustada retribución vigente.

La bioenergía cuenta con un gran número de promociones para la construcción de plantas de producción de energía eléctrica (unos 38 de biomasa y 34 de biogás), cuya viabilidad económica se verá retrasada en el mejor de los casos, o desechadas en otros muchos, contabilizándose unos 765 MW afectados en diferentes estados de tramitación administrativa, que permitirían la generación de 9.000 puestos de trabajo y una inversión de más de 2.600 M€.

La devolución de los avales no será suficiente para aquellas empresas que hayan invertido una cantidad importante de medios, tanto económicos como humanos. Por citar un ejemplo, de los proyectos de biogás afectados, unos 25 habrían realizado una inversión mínima de 100.000 euros por proyecto, y 200.000 en aquellos casos que ya tenían adjudicado el punto de conexión a red. Para estos proyectos, se podría hablar claramente de retroactividad.

No apostar por la bioenergía, repercutirá en la pérdida de una serie oportunidades de ámbitos sociales, económicos y ambientales, relacionados con la valorización energética de residuos (agrícolas, forestales, ganaderos e industriales), con el desarrollo rural y agrícola, el control de incendios y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Al sector no le quedará más remedio que mantenerse a la espera de las posibles aplicaciones específicas que se indican en el artículo 3.3 de la Ley 1/2007. Este artículo es la gran esperanza de la bioenergía, ya que deja la puerta abierta a su desarrollo, al poderse incluir algunas excepciones a plantas eficientes, incluso las que tengan más de 50 MW, que conllevaría la creación de un sistema de regímenes económicos específicos, que se fijarían en función de criterios tales como potencia instalada, tensión de entrega a red, ahorro energético, eficiencia y contribución a la mejora ambiental, entre otros aspectos.

Ante tales expectativas, diferentes Comunidades Autónomas han expresado su malestar por la aplicación de la moratoria, en la que destaca principalmente Extremadura, que se vería especialmente perjudicada debido a su clara apuesta por las centrales de biomasa para la generación de energía eléctrica, y que han hecho un especial énfasis en la importancia de esta fuente de energía renovable en la reconversión de zonas agrarias y en la generación de nuevos empleos.

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