Tanto cambio de orientación en el Sector Eléctrico acabará generando finalmente un rechazo de los ciudadanos hacia las Energías Renovables.

La nueva reforma energética que acaba de aprobar el gobierno se propone saldar el déficit de tarifa a costa, no solo de las empresas generadoras en Régimen Especial, sino también del resto de empresas eléctricas, de los consumidores, y del propio dinero público. Esta decisión ha disgustado a muchos ciudadanos, algunos de los cuales han empezado ya a culpar a las Energías Renovables de ser el origen de todo el problema. A través de esta pequeña aportación al blog, insto al lector a no confundir el concepto general de Energías Renovables con el interés particular de las empresas dedicadas a este sector.

[Autora: M. Pilar Orihuela-INTA]

El mes pasado fue aprobada la nueva reforma del sector eléctrico que tiene como objetivo eliminar el déficit tarifario y garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. La decisión tomada el pasado 13 de Julio por el Consejo de Ministros sacudió una vez más la estructura energética de España a todos los niveles, y reavivó, como no podía ser de otra forma, las fricciones entre todas las partes afectadas.

En este asunto, toman carta múltiples facciones. Y como suele suceder en muchos ámbitos, aquí tampoco llueve nunca a gusto de todos.

Por un lado están las empresas generadoras en régimen especial, que dicen haber confiado en el respaldo económico que prometió el gobierno durante las primeras decisiones relativas al establecimiento del Régimen Especial, y que ahora se sienten engañadas por el giro que ha dado la postura gubernamental, y agobiadas por su actual situación financiera. Defienden asimismo, que parte del déficit se debe al beneficio excesivo que obtienen las grandes instalaciones

nucleares e hidráulicas por la venta de la electricidad de unas plantas que ya están sobradamente amortizadas.

Por otro lado están el resto de empresas que participan en el negocio eléctrico, tanto las grandes empresas generadoras en Régimen Ordinario, como aquellas encargadas del transporte y la distribución de la electricidad. Este grupo de empresas dicen no tener culpa del déficit tarifario y por consiguiente les resulta ahora injusto tener que pagar por un problema que han creado otros.

Luego está el gobierno, que aprueba una reforma teóricamente consensuada pero que, en el fondo, se encuentra también sujeto a numerosos enfrentamientos internos. Para empezar, entre los dos principales partidos gobernantes de las dos últimas legislaturas: PP y PSOE. Y para seguir, entre los propios Ministerios de Industria y Hacienda, que aún siguen debatiendo como repartirse la fracción de deuda que va a sufragar el gobierno.

El PSOE, desde la oposición, aun defiende la buena intención original del sistema de primas, encaminado a favorecer la producción y el uso de las energías renovables, y a reducir la dependencia energética de España con el exterior, entendiendo que el incremento de potencia instalada en Régimen Especial superó todos los límites previstos en los primeros años de la aprobación del sistema de incentivos.

El PP por su parte sostiene que el déficit es insostenible, y que pone en peligro toda la estructura financiera. Ahora reparte la deuda entre todos y asegura que se ha hecho de la forma más equitativa posible.

Finalmente están los consumidores, que no entienden por qué tienen ellos que pagar la mala gestión del gobierno y la ambición de las grandes empresas eléctricas; y al final se quedan estupefactos ante tanto cambio legislativo, y asumen impotentes las continuas subidas de su factura eléctrica.

Estos y muchos más argumentos son los que se debaten sin cesar desde que se aprobó la nueva reforma, e incluso antes. Seguramente todos los colectivos afectados lleven parte de razón. La verdad, no tengo suficientes conocimientos de leyes ni de economía como para entrar a juzgar cuales de estos argumentos son más válidos. Pero como científico dedicado a la investigación en proyectos de energías renovables, sí me gustaría hacer una puntualización en todo este asunto: que no debe confundirse el concepto general de Energías Renovables con el interés (económico) particular de las empresas dedicadas a este sector.

Empresas son empresas; y como tales, no tienen razón de ser si no obtienen beneficio económico. Pero a la vista de todos está que las principales empresas dedicadas al sector de las renovables, como Abengoa, ACS y Acciona, se encuentran dentro de las más rentables del país, lo cual, como es lógico, genera rechazo entre los ciudadanos que, lejos de obtener beneficio, están pagando a estas empresas con una parte de sus facturas.

Últimamente se oye a gente decir que “la culpa del déficit tarifario es de las renovables”. Quiero creer que esta gente no se refiere a las energías renovables en sí, sino a las ayudas que han recibido las empresas que las han instalado, o al enriquecimiento de las mismas.

Las energías renovables aparecieron y han ido progresando lentamente desde antes que se estableciera una diferenciación con el Régimen Ordinario. En el año 98, la contribución de las fuentes renovables en el consumo total de energía primaria (excluidas las grandes centrales

hidroeléctricas) ascendía a un 4%. Tarde o temprano, la propia evolución del mercado, unida a la responsabilidad medioambiental de la sociedad, y al encarecimiento de las fuentes fósiles, hubiera acabado haciendo de las fuentes renovables unas energías competitivas dentro del mercado energético.

El sistema de incentivos al Régimen Especial que se aprobó en el 2007 era una idea interesante para acelerar el desarrollo tecnológico de las energías renovables en España. Gracias a ello, conseguimos situarnos en una posición líder en los sectores eólico y solar, tanto en desarrollo tecnológico, como en potencia instalada. Además, en aquel momento no se exigió ninguna contribución económica al consumidor; por lo que, en un momento en que estaban de moda la sostenibilidad y las energías limpias, a muchos nos pareció ideal que el 10% de nuestro consumo energético procediera de fuentes renovables.

El problema es que lo que debía haber sido un simple incentivo resultó siendo un negocio redondo, cosa que las empresas no dudaron en aprovechar. El resultado fue que la potencia instalada en Régimen Especial superó todas las expectativas planteadas inicialmente, con lo cual, se generó un agujero deficitario en las arcas del Estado.

La culpa del déficit no debe achacarse por tanto a las energías renovables. Podría culparse al anterior gobierno, que en una demostración de buenas intenciones, aunque posiblemente de forma irresponsable, aprobó el sistema de primas confiando en poder absorber todo el gasto que ello pudiera conllevar. Podría culparse al gobierno actual por no ser capaz de controlar la deuda, e incurrir en continuas subidas de impuestos a discreción sin pararse a evaluar quienes son los principales responsables de la misma. Podría culparse a las empresas generadoras de energía en Régimen Especial, que vieron en las ayudas gubernamentales un negocio rentable y lo aprovecharon para enriquecerse más de lo moralmente aceptable.

Pero las energías renovables están por encima de las propias empresas y de los incentivos fiscales del Estado. A menos que decidamos confiar por fin en la energía nuclear, no tenemos ahora mismo otra fuente de energía con mayor potencial para sustituir a los combustibles fósiles que las energías renovables.

Tras el cambio de legislatura, el gobierno decidió anular el plan inicial, y ha tomado ya múltiples medidas encaminadas a enmendar este error de previsión. Lo peor de la situación, a mi entender, es el desfase entre la aparición del problema y el aporte de soluciones. Ahora que estamos en lo más profundo de la depresión económica, es cuando el gobierno decide que se salde la deuda.

Al final, tanto cambio de orientación en el Sector Eléctrico acabará generando un rechazo de los ciudadanos hacia las energías renovables. Y es triste, porque cuando el precio del barril de petróleo se multiplique por diez, el coste que tendremos que pagar por sostener el sistema eléctrico será posiblemente mucho mayor que el que pagamos ahora para saldar el déficit tarifario.