En el último número de la revista Science[1] se publica un estudio que explora las relaciones entre emisiones de gases de efecto invernadero, energía, economía y usos del suelo (agrícola/ecosistema natural) para tratar de conocer la forma en que las decisiones para la limitación de las emisiones de CO2 pueden afectar a los procesos naturales que controlan el clima. La principal conclusión de este amplio estudio indica que las políticas para conseguir limitar la concentración de CO2 en la atmósfera deben tener en cuenta las emisiones asociadas a los cambios en el uso del suelo de los ecosistemas naturales a agrícolas ya que en caso contrario las políticas de reducción de CO2 podrían acarrear una deforestación masiva y elevados costes para controlar las emisiones de CO2.
[R. M. Navarro – Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC)]
La limitación en los niveles de concentración de CO2 atmosférico requiere de nuevas políticas en la gestión de las emisiones de CO2 antropogénicas. Las emisiones de CO2 antropogénicas incluyen, además de las asociadas a la actividad industrial y de quema de combustibles fósiles, aquellas asociadas a la transformación de ecosistemas naturales en tierras para cultivo ya que esta transformación puede significar emisiones de CO2 similares a las asociadas a los combustibles fósiles. Sin embargo, la inclusión en las políticas de control de CO2 de las emisiones asociadas al cambio de uso de los suelos en está aún bajo debate.
Para comprender los efectos de las políticas de reducción de emisiones de CO2 en la pérdida de ecosistemas naturales por transformación en tierras agrícolas, investigadores del Pacific Norhwest National Laboratory (EEUU) y de la Universidad de Maryland (EEUU) han analizado las relaciones existentes entre los sistemas energético y agrícola con el equilibrio económico entre dichos mercados. En este estudio, los investigadores comparan los efectos de la limitación de CO2 en la atmosfera en 450 ppm mediante la aplicación de dos políticas de reducción: (i) una basada en la aplicación de tasas sobre las emisiones industriales y de quema de combustibles fósiles y otra (ii) que incluya además tasas sobre el cambio de uso (ecosistema natural à agrícola) en los suelos. Los autores muestran que una política de limitación de emisiones de CO2 basada exclusivamente en el control del uso de combustibles fósiles sin tener en cuenta las emisiones asociadas a la transformación de ecosistemas naturales en tierras para cultivo crea fuerzas económicas que incentivan el uso de biocombustibles. El incremento en el uso de biocombustibles puede desplazar el uso de tierras forestales y ecosistemas naturales hacia su uso agrícola provocando finalmente un aumento global en las emisiones de CO2. Los autores estiman que se puede llegar a una pérdida casi total de los ecosistemas forestales alrededor del año 2100 como consecuencia de la expansión de los cultivos agrícolas con fines energéticos. Además de este hecho, hay que tener en cuenta que los ecosistemas naturales pueden albergar hasta 2×106 MTm de C en suelos y biomasa[2] lo que hace que si las emisiones totales de carbono en el periodo 2005-2100 deben permanecer por debajo de 5×105 MTm para limitar la concentración de CO2 atmosférico por debajo de 450 ppm, se debe controlar, además de las emisiones industriales y energéticas, las emisiones asociadas a los cambios de uso de los ecosistemas naturales. Los anteriores argumentos suponen que los ecosistemas naturales, tierras agrícolas y bosques deben ser tenidos en cuenta a la hora de elaborar las estrategias globales de control de emisiones de CO2. En este escenario de limitación de terrenos disponibles, el potencial para la mejora en la productividad de los cultivos agrícolas alimentarios (maíz, trigo, arroz, cebada,..) debe ser un elemento de vital importancia en las políticas para el control del CO2 atmosférico.
[1] “Implications of limiting CO2 concentrations for land use ana energy”. Science, 1183 (2009)
[2] IPCC, Climate Change 2007: The physical science basis. Working Group I Contribution to the fourth assessment report of the IPCC.
