En sesión celebrada el día 18 de enero de 2017 compareció, a petición propia, la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ante la Comisión para el Estudio del Cambio Climático para informar sobre las líneas de actuación del Gobierno en materia de cambio climático y sobre los resultados de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), celebrada en Marrakech del 7 al 18 de noviembre de 2016.

La Ministra comenzó su intervención resaltando la importancia de esa Comisión como Comisión legislativa para la elaboración de la futura ley de cambio climático y transición energética al tiempo que felicitó a la Cortes que han autorizado, por unanimidad y con urgencia, la ratificación del Acuerdo de París. De esta manera, España se ha convertido en parte de pleno derecho del mayor acuerdo internacional en la lucha contra el cambio climático. La Ministra continuó diciendo que durante esta nueva legislatura seguirá dedicando un gran esfuerzo a la responsabilidad de dirigir las políticas de lucha contra el cambio climático. Señaló que en la anterior legislatura se ha integrado la lucha contra el cambio climático en las políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar nuestra capacidad de adaptación con medidas encaminadas a fomentar nuevos patrones de producción y de consumos sostenibles, porque dijo: queremos liderar la transición de nuestra economía hacia un modelo bajo en carbono y contribuir al cumplimiento del objetivo de mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, e incluso, si es posible, por debajo del grado y medio. Señaló, que se han puesto en marcha importantes iniciativas: se ha involucrado a todos los sectores económicos clave en la lucha contra el cambio climático y, gracias a ello, se ha contribuido a reducir las emisiones de nuestro país, a través de las medidas contempladas en la hoja de ruta 2020, que estima reducciones de más de 50 millones de toneladas de CO2 equivalente. Se ha avanzado, dijo, en temas de fiscalidad ambiental y se ha añadido la variable del cambio climático en numerosas leyes. Por último, señaló los objetivos alcanzados en la Cumbre de Marrakech que, reafirma la determinación de la comunidad internacional en la lucha global contra el cambio climático y en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Destacó el importante papel instrumental y político que la Unión Europea ha jugado que es clave para alcanzar los resultados deseados...

En sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2016 en la Comisión de Educación y Deporte, el Grupo Parlamentario Popular presentó una Proposición no de Ley relativa a una estrategia española para la educación superior.

La representante del Grupo Parlamentario Popular comenzó su intervención señalando que esta proposición no de ley ya fue aprobada en la pasada y breve legislatura, pero que, por su trascendencia era necesario volver a abordarla e incidir en los impulsos y fortalezas que nuestra universidad requiere. Continuó recordando la exposición de motivos de la proposición que destaca que, las universidades españolas participan en la construcción de nuestra sociedad a través de la formación de ciudadanos cultos, libres, críticos, creativos, con los mejores conocimientos, habilidades y competencias.

Asimismo, las universidades españolas cumplen con la función social de generar y transmitir conocimientos, impulsando la investigación e innovación, aspectos esenciales para mejorar su posicionamiento internacional y para convertirlas en la verdadera palanca con la que promover la economía del conocimiento, especialmente en las regiones donde se encuentren. Por ello, dijo, era necesario hacer que nuestro sistema universitario sea cada vez más competitivo, un sistema en el que seamos capaces de hacer que nuestras universidades perseveren en la senda de la excelencia que han iniciado con gran esfuerzo y acierto: el de la internacionalización, pero también el de la relevancia y servicio al territorio al que pertenecen, porque las universidades pueden ser, deben ser el motor que permita la creación de riqueza.

Este es el reto, continuó diciendo, que nos marca también la Agenda Europea 2020 para la Educación Superior en los próximos años.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular solicitó la aprobación de la proposición ya que considera que la Estrategia Española para la Educación Superior debe ser un compromiso compartido entre el Estado, las Comunidades Autónomas, las instituciones, las organizaciones y los colectivos: los profesores, los investigadores, el personal de administración y servicios, los alumnos y los equipos directivos.

A esta proposición no de ley se presentaron tres enmiendas, del Grupo Mixto, de Esquerra Republicana y del Partido Socialista.

En un momento en el que el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación representa un elemento central en la transformación y modernización de la economía española, es necesario proceder a la racionalización de las estructuras de gestión de las ayudas destinadas al fomento y financiación de la I+D dentro de la Administración General del Estado.

El 28 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-Ley 1067/2015, de 27 de noviembre por el que se crea la Agencia Estatal de Investigación y se aprueba su Estatuto.

La creación de la Agencia da respuesta al marco establecido en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, al mismo tiempo que la reforma de la gestión y financiación de la I+D forma parte de un proceso más amplio de modernización y simplificación de las administraciones públicas iniciado por el Gobierno en el año 2012. La creación y puesta en marcha de la Agencia, dedicada a gestionar y financiar las actuaciones que derivan de la implementación de las políticas de I+D de la Administración General del Estado, representa un avance imprescindible. La Ley 14/2011, de 1 de junio, separa las tres funciones básicas que corresponden a los agentes del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación: la definición y coordinación de las políticas de I+D; el fomento o financiación de las actividades de I+D y la ejecución de las mismas.

La Agencia es el instrumento para la modernización de la gestión pública de las políticas estatales de I+D en España, encargándose de la financiación, evaluación, concesión y seguimiento de las actuaciones de investigación científica y técnica. La Agencia responderá a los principios de transparencia y eficiencia garantizando al mismo tiempo la adopción de un modelo de gestión eficaz que simplifique los procedimientos y disminuya las cargas administrativas para los ciudadanos. Además, la Agencia ha de promover el intercambio de conocimiento y asegurar el impacto y contribuciones de la investigación en la economía y en la búsqueda de soluciones a los retos sociales, y fortaleciendo la coordinación entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y la Agencia.

Con este fin, este real decreto, que consta de un único artículo, aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal de Investigación, incluyendo cuatro disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.

En sesión celebrada el día 24 de marzo de 2015 en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència y Unió) presentó una Proposición no de Ley sobre el impulso a la creación de empleo a través de la Bioingeniería.

El representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) comenzó su intervención manifestando su intención de aunar dos conceptos que son necesarios: uno es creación de empleo y otro es bioenergía. Con esta proposición no de Ley, dijo que se quería resaltar la necesidad de que la bioenergía como fuente de energía renovable, y como sistema de generación de energía a partir de la biomasa es una posibilidad muy importante, validada y confirmada de creación de empleo para años futuros. Tras explicar las propiedades y usos de la biomasa y sus posibles transformaciones en biocombustibles, señaló que se estaría ante una importante fuente de energía renovable que puede generar puestos de trabajo. Con el uso de este tipo de biocombustible, dijo, o de biogás, estaríamos sustituyendo el combustible fósil, con lo que se estaría colaborando con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera. A partir de una fuente de energía que cumple con los estándares para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera se pueden obtener muchos beneficios en un futuro, por ser renovable y ser respetuosa con el medio ambiente y además porque, como se ha constatado, constituye claramente una posibilidad de lucha contra el cambio climático al reducir la dependencia energética respecto a los recursos fósiles.

El parlamentario se centró después en el segundo concepto de la proposición, la creación de empleo. Al producirse localmente; favorecería la creación de empleo en el medio rural, lo que permitiría la fijación de la población en aquellos pueblos de tamaños pequeños y medianos que, debido a la falta de posibilidades de trabajo y de desarrollo personal, se están quedando sin población, al tiempo que abriría nuevas oportunidades para la agricultura y la gestión forestal sostenible...

En sesión celebrada el día 26 de marzo 2015 en la Comisión para el estudio del Cambio Climático del Congreso de los Diputados, compareció el director de la empresa Factor CO2 a petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El director de Factor CO2 Kepa Solaun comenzó diciendo que su intervención estaba enfocada desde dos ángulos, desde el de la empresa privada, Factor CO2 lleva más de diez años trabajando en materia de cambio climático para muchos Gobiernos y empresas de diferentes países, y como profesor de Economía Ambiental en la Universidad de Navarra. Después de exponer el contexto general cara a la Cumbre de París, pasó a concretar una serie de propuestas orientadas a acciones más específicas.

La comunidad internacional, dijo, tiene como objetivo evitar que el aumento de la temperatura supere en dos grados la de tiempos previos a la Revolución Industrial. A pesar de su dificultad, continuó diciendo, lo importante es ser capaces de entender la magnitud del reto que tenemos porque desde el punto de vista energético y del de estructura industrial va a suponer una auténtica revolución. Señaló que, con independencia de que sea muy complicado evitar ese aumento de temperatura por encima de los dos grados, cualquier reducción de emisiones es positiva; es decir, el coste social de emitir una tonelada de CO2 casi siempre es inferior al coste asociado al impacto de dicha tonelada, asociado a los impactos del cambio climático.

El Sr. Solaun planteó tres ideas que se han aprobado en distintos países, la primera es la del coste social del carbono en las iniciativas legislativas, se trata de analizar las aplicaciones, en términos de gases de efecto invernadero, de todas las normas y regulaciones que afecten al sector energético, incorporando lo que se llama el coste social del carbono. La segunda, tiene que ver con la utilización de presupuestos de carbono. El cambio climático es algo que afecta a todos los departamentos, a todos los ministerios de cualquier Gobierno, no solo por la parte de mitigación, de reducción de emisiones, sino también por la parte de adaptación al cambio climático.