María Luisa Molero Marañón*, Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad Rey Juan Carlos.

María Luisa Molero Marañón*, Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad Rey Juan Carlos.


Dependencia y empleo en el Estado del Bienestar

AUTOR  | María Luisa Molero | Investigadora Principal del Proyecto de Investigación (DER2014-58040-R) sobre "Dependencia y Empleo en el Estado del Bienestar"

El 14 de diciembre de 2017 se cumplieron once años de la aprobación de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Indudablemente, dicha Ley ha de valorarse como uno de los hitos más trascedentes de política social que se han sucedido en nuestro país en las últimas décadas. Con su entrada en vigor, España finalmente se posicionaba al lado de los países europeos que hacía ya tiempo habían instaurado un sistema de protección social para la atención de las personas con pérdida de autonomía (en adelante SAAD).

La aprobación de esta Ley quería dar respuesta a la demanda de cobertura de cuidados que estaba reclamando la sociedad española que constituye una de las más envejecidas de Europa. Indudablemente, el mayor mérito de la Ley fue situar en la escena pública un problema que hasta la fecha pertenecía al campo de lo privado y de la intimidad familiar. Dicha ordenación normativa configuraba un nuevo derecho de ciudadanía universal con el fin de hacer frente al riesgo social que se estaba fraguando de desatención e insensibilización frente a las personas de edad avanzada, ante la grave crisis de los sistemas tradicionales del cuidado de larga duración (long term care), edificados en torno al trabajo gratuito y minusvalorado de las mujeres cuidadoras del núcleo familiar.

Indudablemente, la implementación del cuarto pilar del Estado del Bienestar concebido como un objetivo de largo alcance ha supuesto numerosos problemas de variada índole en su puesta en práctica, pero, sin duda, en nuestro país uno de ellos ha prevalecido sobre el resto. Ello es así, porque dos hechos han coincidido en el tiempo, produciéndose un devenir muy incierto en la evolución de un sistema que estaba echando a andar. Por una parte, las tasas de dependencia han crecido sustancialmente muy por encima de las expectativas vaticinadas y, por otra, el avance y consolidación del sistema ha coincidido con la grave crisis económica que ha arreciado en los últimos años. Ambas circunstancias han conducido a que los poderes públicos hayan tenido una preocupación prioritaria en el objetivo del cumplimiento de reducción del déficit público, que ha conducido a una disminución del gasto en políticas sociales, con evidente repercusión en la financiación del sistema de la dependencia.

Todo ello condujo a la aprobación del RDL 20/2012, de 13 de julio, que produjo una transformación muy significativa del Sistema, legitimando toda una serie de modificaciones que tienen como motor decisivo la disminución del gasto público para asegurar la estabilidad presupuestaria. Adicionalmente, la reforma pretendía dar un golpe de timón al modelo de protección que se puso al descubierto en estos primeros años de vigencia del SAAD, reorientando la tendencia dominante en su aplicación hacía un modelo que se decantaba por la atención a través de servicios profesionalizados. Y es que la efectividad del sistema había puesto de manifiesto la continuidad del modelo familista al que se ha adscrito España dentro de los Estados del Bienestar, propio de los países mediterráneos (León y Salido), prevaleciendo de forma desmedida, como la prestación más solicitada y concedida, la que se decanta por una prestación monetaria a favor del cuidado de las personas mayores en el domicilio, y por una cuidadora familiar.

Ahora bien, la apuesta por un efectivo sistema de servicios sociales requería una intensa inyección económica por las arcas públicas, puesto que desde el principio se puso de manifiesto el déficit que presentaba nuestra red autonómica de servicios, desigual territorialmente, pero en todo caso infradotada de instalaciones y personal cualificado que pudiera atender adecuadamente a las personas dependientes. La contradicción entre ambos objetivos estaba servida: se defendía un sistema más costoso apoyado en servicios profesionales frente a las prestaciones económicas, pero se reducía la aportación económica que se estaba dispuesto a invertir. Todo ello provocaría una grave situación de desatención de las personas dependientes y sus familias que han visto recortada la protección que dispensaba el SAAD. Se han reducido las prestaciones recibidas, se ha dilatado su concesión, y se ha aumentado el copago que deben aportar los beneficiarios, quedando cientos de personas dependientes en el camino sin poder acceder a ninguna prestación, pese a reconocer el importante esfuerzo que han realizado algunas administraciones autonómicas con el fin de mantener los niveles de protección anteriores a la reforma.

En suma, a día de hoy se puede afirmar que numerosas estructuras familiares con personas dependientes a su cargo son las que han sufrido de forma gravísima la reducción del sistema de protección, teniendo que suplir ellas directamente la atención, bien a través del cuidado familiar generoso, o a través de su mercantilización por medio de la contratación de empleo doméstico. Las trabajadoras del servicio del hogar han sido en España el recurso más generalizado para cuidar a las personas que reclaman asistencia para realizar las actividades más cotidianas de la vida diaria, hasta el punto de convertirse en una seña de identidad del modelo nacional de cuidados de larga duración en el contexto europeo.

El problema de la financiación de la dependencia ha pasado al primer plano de la escena y ha lastrado el avance del sistema. Así, se ha producido un retraso persistente en un buen número de medidas a implantar, como el traslado de las reclamaciones judiciales a la jurisdicción social, o la incorporación de los dependientes moderados, o, finalmente, la dilatación del reconocimiento del derecho con el grave problema de las listas de espera. Igualmente, y lo que es más perjudicial, en otros casos se ha optado sin ambages por el retroceso del sistema, como ha sucedido con la protección social de las cuidadoras informales, o con las restricciones tan intensas que ha sufrido la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. En fin, el sistema de protección social de la dependencia se ha visto tocado en su línea de flotación por la dificultad de su financiación, puesto que toda mejora o avance supone una contribución económica adicional, que hasta el momento no se está en condiciones de asumir.


El avance debería operar, tanto en los hogares familiares, como en las instituciones externas (centros de día y residencias), debiendo incrementarse la cualificación del empleo para atender adecuadamente intra o extra a nuestras personas mayores.

Correlativamente, dicho retroceso del sistema ha repercutido directamente en el empleo que está detrás de dicha política social que sin duda constituye un presupuesto esencial para un cuidado de calidad. En este sentido, se ha de llamar la atención cómo la puesta en marcha del sistema de protección social de la dependencia se concibió desde su origen como un motor decisivo de generación de empleo. El reto de la protección de la dependencia representaba un desafío claro para la generación de puestos de trabajo, promocionándose con su desarrollo, una actividad económica que sin duda tenía que convertirse en un futuro inmediato en un importante yacimiento de creación de empleo. Sin embargo, lo cierto es que durante esta década las expectativas generadas no se han visto cumplidas, pese a reconocer que ha sido uno de los sectores de actividad que no se ha visto afectado por la grave pérdida de empleo que ha padecido el mercado de trabajo español. Ahora bien, los resultados esperados no se han visto satisfechos, detectándose en dicha rama de actividad una elevada precariedad en sus condiciones de trabajo –extremada temporalidad, intensa rotación y muy bajos salarios-, un excesivo volumen de trabajadoras en la economía sumergida, y, una carencia manifiesta de los perfiles profesionales que están reclamando las personas dependientes y sus familias, dejándose a nuestros mayores en manos de quienes no tienen la preparación suficiente para atenderlos.

Todas las razones anteriores, expuestas en esquema de síntesis, condujeron a que un grupo de dieciséis profesores pertenecientes mayoritariamente al campo del Derecho, y procedentes de cinco universidades españolas, decidieran implicarse en una investigación que ha sido posible gracias a la concesión de un Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (DER2014-58040-R), cuyos resultados han sido recientemente publicados por la editorial Thomson/Aranzadi, en la obra colectiva "Dependencia y Empleo en el Estado del Bienestar". Dicho libro colectivo parte de la convicción de la inaplazable necesidad de un sistema de protección social que debe ser urgentemente renovado para ser efectivo en la tutela de las personas dependientes, en función del nuevo contexto económico, que propicia que resulte ser el momento adecuado para repensar el sistema de protección de la dependencia del que queremos dotarnos como sociedad.

Es necesario y urgente que se dé una respuesta a la pregunta ineludible, de cómo se debe dar cobertura a la necesidad de cuidados de larga duración, -o en la terminología europea long term care-, en un país con un proceso especialmente acusado de envejecimiento de la población, planteándose el modelo de cuidados más deseable y efectivo. El Estado del Bienestar tiene que involucrarse más decisivamente en impulsar e invertir en este sector, puesto que un crecimiento tan exponencial de la población mayor deber tener un correlato en las políticas de los servicios sociales de cuidados, con cuyo impulso se estaría atendiendo más adecuadamente a la las personas más frágiles de nuestra sociedad.

Dicha inversión pública traería como consecuencia directa un aumento en el número de puestos de trabajo, puesto que la generación de empleo es uno de los retornos más decisivos que conlleva la aportación en dicho sistema de protección social. Además, una financiación en condiciones deberá implicar una mejora en las deterioradas condiciones de trabajo a las que se han visto abocadas las asalariadas, al haber quedado gravemente afectado el empleo profesionalizado por la reducción del precio de los conciertos con entidades privadas, tan predominante en el sector. No obstante, el avance debería operar, tanto en los hogares familiares, como en las instituciones externas (centros de día y residencias), debiendo incrementarse la cualificación del empleo, al tratarse de uno de sus mayores déficits, para atender adecuadamente intra o extra a nuestras personas mayores. En tal sentido, nuestra investigación ha tratado de diagnosticar las dificultades y limitaciones de las relaciones de trabajo que se desenvuelven en dichos ámbitos y en todas sus variantes –cuidadores familiares, servicio doméstico, asistentes, auxiliares de ayuda a domicilio-, con el fin de que el empleo que se genera en los cuidados de larga duración pueda dar un servicio de mayor calidad en la asistencia a nuestros dependientes.

Además, en dicho Proyecto se ha prestado especial atención al impacto de género que tiene dicha problemática, dominada de forma abrumadora por las mujeres. Y es que, como de todos es sabido, la mujer cuidadora ha cumplido un papel nuclear en la tarea de cuidados históricamente, y en la actualidad sigue siendo un eje vertebrador del sistema de cuidados en nuestro país. Por tanto, cualquier investigación en este campo debe atender a la repercusión de género que implica el apoyo a uno u otro modelo de atención, que, como están promoviendo los países europeos más avanzados en este terreno, no son sólo las personas dependientes, sino también las cuidadoras informales que les asisten, formando una "infraestructura social" inseparable (Szebehely, M.). En tal sentido, cabe reseñar que la carga de cuidado está distribuida muy desigualmente en nuestra sociedad, reclamándose una distribución más igualitaria entre ambo sexos, e implicando también a las generaciones más jóvenes en la respuesta a dicha demanda.

Finalmente, es preciso reseñar que en dicha investigación se ha incorporado de modo especial la perspectiva internacional. De este modo, nos hemos aproximado a cuatro países exponentes de modelos distintos -Alemania, Suecia, Francia e Inglaterra-, que llevan trabajando desde hace años en el objetivo de dotarse de un potente sistema de protección social. Dicha aproximación ha resultado esencial para la ampliación de nuestro campo de visión, puesto que nos ha permitido vislumbrar posibles reformas del sistema español que exploran nuevas fórmulas ajenas al esquema nacional. Ahora bien, dicho estudio también nos ha permitido comprobar el largo camino que nos queda por recorrer para podernos situar al nivel de los estados europeos genuinamente implicados en una política social de cuidados de larga duración. Inexorablemente, se trata de una asignatura pendiente en un país que, según los últimos informes de la OCDE o de las proyecciones del INE, va a ser en los años venideros el más envejecido de la Unión Europa. Indudablemente, la sostenibilidad financiera de las pensiones es un tema crucial, pero junto a él no se puede descuidar la inversión en un sistema de protección social que permita que las personas de edad avanzada, que van perdiendo su autonomía, se vean atendidas con dignidad en sus últimos años de vida, ante el evidente retroceso del cuidado tradicional o familiar, cuya limitación en su disponibilidad constituye ya una realidad estructural que reclama una respuesta distinta y novedosa por todos los sujetos implicados.

*María Luisa Molero es Investigadora Principal del Proyecto de Investigación (DER2014-58040-R) sobre "Dependencia y Empleo en el Estado del Bienestar" (dependenciayempleo.com)

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