‘Innovación’

RESULTADOS SECRETOS

El secreto empresarial como protección para los resultados de investigación académica.

Ningún conocimiento que alcancemos, por muy importante que sea, puede materializarse sin comunicarlo. Por tanto, debemos desarrollarnos por medio de la divulgación.

Para divulgar el conocimiento adquirido hay momentos y estrategias, algunas son más apropiadas a determinadas circunstancias y otras, menos, pero todas son necesarias. La publicación de artículos científicos revisados (peer-reviewed) es el brillante instrumento que, desde mediados del S.XIX, ha sido el estándar de la comunidad académica para divulgar sus avances en conocimiento. De hecho, el sistema académico-científico ha desarrollado robustos métodos de evaluación de los profesionales del conocimiento basados, de manera muy prominente, en sus publicaciones científicas.

En la actual sociedad del conocimiento, la innovación y el avance científico y tecnológico juegan un papel central en el desarrollo socio-económico y tienen un impacto directo en nuestra calidad de vida. Esto es debido al valor que nuestra sociedad otorga al conocimiento, o mejor dicho a su utilización práctica para resolver problemas concretos o necesidades no cubiertas. Cada nueva solución constituye una nueva posibilidad para mejorar una situación concreta y se transforma inmediatamente en una oportunidad de negocio, con potencial para mejorar la sociedad y sustentar el crecimiento económico.


El sector industrial innovador y los sectores más técnicos han otorgado un papel complementario a las publicaciones revisadas, siendo el sistema de patentes y el lanzamiento de sus productos al mercado su estrategia prioritaria de divulgación del conocimiento adquirido. Aquí los momentos de divulgación son críticos y deben seguir un orden establecido: es necesario evitar cualquier divulgación hasta que se haya presentado la solicitud de patente. Esta otra manera de divulgar el conocimiento se canaliza por dos vías (1) las patentes solicitadas se publican y son de acceso abierto y gratuito. Las solicitudes de patente son documentos que contienen toda la información para poner en práctica un nuevo avance técnico y sobre esta información se pueden diseñar estrategias para seguir avanzando; (2) Los productos puestos en el mercado, mediante ingeniería inversa, revelan el conocimiento y la información técnica que se ha utilizado para producirlos. Este tipo de divulgación tiene capacidad para generar riqueza y resulta de una gran relevancia para nuestra actual sociedad basada en el conocimiento. Sin embargo, en la comunidad académico-científica, genera un conflicto entre la necesidad institucional de patentar para cubrir indicadores de desarrollo socio-económico y la necesidad y obligación académica de publicar artículos científicos. Por ello las patentes académicas surgen en un estadio demasiado temprano de desarrollo tecnológico, resultan débiles, con serios problemas de novedad y actividad inventiva -pues deben redactarse de manera amplia para que abarquen todos los posibles desarrollos futuros-, y son muy difíciles de transferir a la industria (desarrollado aquí). En consecuencia, resulta hoy muy complicado que el conocimiento adquirido por la comunidad académica llegue de manera efectiva a la sociedad como soluciones a problemas concretos y necesidades no cubiertas, y ello a pesar de los últimos desarrollos legislativos[1] que fomentan la valoración de las patentes y actividades de transferencia de resultados a la industria en los sistemas de evaluación de los profesionales del conocimiento, y que obligan a éstos a colaborar en todo proceso de protección y transferencia de sus resultados de investigación.

El pasado mes de marzo, una nueva herramienta legal ha entrado en vigor: la Ley 1/2019 de 20 de febrero, del Secreto Empresarial (LSE). Una ley enmarcada dentro del cuerpo legislativo en propiedad Industrial. En un principio, uno podría pensar que, debido a la obligación de divulgar el conocimiento, el secreto no puede tener cabida en el entorno académico. Sin embargo, ya en el propio preámbulo de esta nueva ley se menciona su utilidad para fomentar la inversión empresarial en las innovaciones surgidas de los centros públicos de investigación.

En efecto, el Secreto empresarial (SE) se perfila como una herramienta útil en la  transferencia  y  desarrollo de resultados. El momento en que unos resultados den lugar a un nuevo concepto tecnológico, no ha de ser ya el momento de presentar una solicitud de patente, si no que ahora, las Oficinas de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRIs) pueden proteger estos resultados mediante el SE, hasta que llegue el momento óptimo para la presentación de una solicitud de patente con más probabilidades de atraer inversores del sector industrial, potenciando la transferencia de resultados y mejorando la eficiencia de nuestro sistema de I+D+i.

Es cierto que el secreto empresarial ha existido desde mucho antes que esta nueva ley, sin embargo, la protección jurídica que se le otorgaba (mediante su breve mención en el Art. 13 de la Ley de competencia desleal) resultaba demasiado débil como para ser utilizado en la protección de resultados. Con la nueva ley del SE, se dispone de un arsenal de potentes acciones civiles que el poseedor de secreto puede articular en contra de quien acceda a la información secreta, la explote o la revele de manera ilegítima. Ello, junto con la obligación legal de colaboración por parte del investigador, conforma un nuevo escenario para la transferencia del conocimiento académico.

El SE puede utilizarse también para proteger aquellos resultados que, bien no cumplen los requisitos de novedad y/o actividad inventiva, o bien, por su naturaleza no son patentables, pero que tienen un evidente valor empresarial porque existe un mercado activo en su campo, y/o confieren una ventaja competitiva a su explotador. Esto es posible porque la LSE consolida la confidencialidad como herramienta de gestión competitiva de la innovación. Los acuerdos de confidencialidad han dejado de ser papel mojado.

Pero, ¿qué, exactamente se puede proteger mediante el SE y cómo? Según la LSE, es secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

1. Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;

2. Tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

3. Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

Si bien es fácil para cualquier profesional de protección y transferencia identificar resultados académicos que cumplan las condiciones 1 y 2, la condición 3 es nueva para gran parte de este grupo profesional, y de hecho, es probable que requiera cierta reorganización y/o generación de nuevos procedimientos y programas en muchas OTRIs. Así es, puesto que el titular del secreto, para hacer valer su derecho, debe acreditar la fecha de creación, alcance, valor empresarial, contenido y adopción de medidas de protección y mantenimiento del secreto[2]

 

Las “medidas razonables para mantenerlo en secreto” pueden alcanzan tres niveles: legal, técnico y organizativo. Entre las medidas legales, podemos considerar la notificación de resultado secreto al investigador, las clausulas de confidencialidad/no competencia /derecho y condiciones de acceso a la información secreta, el marcaje de documentos, los acuerdos de confidencialidad y el depósito notarial. Las medidas técnicas, pueden comprender, entre otras, el acceso restringido (físico y virtual) a la información secreta, el sellado digital de tiempo, el establecimiento de contraseñas en documentos electrónicos y emails, mecanismos de trazabilidad de los documentos que contengan información secreta y sistemas de detección de intentos de acceso no autorizados. Las medidas organizativas podrían involucrar directrices sobre uso de información confidencial, programas de concienciación y formación, cuestionarios de entrada y salida de profesionales, protocolos de actuación ante incidencias, etc.

Una vez razonablemente adoptadas estas medidas, la información secreta queda protegida mediante la LSE. Es importante remarcar que el derecho se adquiere mediante su creación y mantenimiento en secreto (duración indefinida), y se pierde por su divulgación (voluntaria o no). Se trata, además, de un derecho patrimonial, donde es posible la cotitularidad; que es susceptible de ser objeto de transmisión y de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. Sin embargo, no se genera ningún derecho de exclusividad sobre los conocimientos técnicos o la información protegidos como SE.

Finalmente, es importante tener en cuenta que la protección que otorga el LSE no se extiende a la información sin valor empresarial o a aquella que, al dejar de ser secreta, sigue teniendo valor empresarial. Tampoco abarca la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional ni la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos correspondientes.

 

[1] Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible y Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
[2] Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales. Jose Miguél Lissén Arbeloa y Patricia Guillén Monge. Diario La Ley Nº 9363, Sección Tribuna, 21 de Febrero de 2019, Wolters Kluwer.
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EL PERIODO DE GRACIA Y LA INNOVACION EN EL SISTEMA DE PATENTES EUROPEO

La exclusividad comercial otorgada por una patente se confiere a cambio de la revelación al dominio público de un nuevo avance técnico con aplicación industrial, siempre que éste no sea evidente. La revelación al público se materializa por medio de la publicación de la solicitud de patente que, en la mayoría de los países de la OCDE, ocurrirá alrededor de un año y medio después de su presentación.

Este pacto (revelación a cambio de exclusividad comercial) se concibe para impulsar el desarrollo tecnológico e industrial. Por tanto, si dicho avance técnico ya ha sido revelado con anterioridad, pertenece al ámbito público y el pacto no puede ser viable. Esta es la razón de que la novedad sea un requisito indispensable para la concesión de una patente. Toda información relativa a una invención que haya sido accesible al público antes de la presentación de la solicitud de patente, constituye lo que se llama un antecedente en el estado de la técnica. Así, por ejemplo, si un investigador académico publica en una revista científica resultados experimentales que comprenden detalles de su invención y después solicita una patente relacionada, la publicación científica anterior destruiría la novedad  de la invención (al menos en parte), lo que dificultará -y podría llegar a impedir- la concesión del derecho de exclusividad comercial (patente) -algo que espanta rápidamente a los potenciales inversores en el desarrollo de la invención.

No obstante, el requisito de novedad presenta algunas excepciones bajo las cuales la revelación o divulgación previa sería inocua. Estas excepciones, que varían según de qué oficina de patentes se trate, comprenden los llamados Periodos de Gracia: periodos de tiempo anteriores a la presentación de la solicitud de patente durante los cuales la novedad de la invención queda protegida frente a una divulgación.

Casi todos los países tienen algún tipo de periodo de gracia, pero las características y requisitos varían ampliamente. Por ejemplo, EEUU ha sido tradicionalmente permisivo con las divulgaciones previas. Incluso tras la última reforma (AIA 2011) que limita el periodo de gracia únicamente a las divulgaciones realizadas por el propio inventor o sus causahabientes, el 35 U.S Code § 102 (b) otorga todo un año de periodo de gracia para cualquier tipo de  divulgación (incluyendo la comercialización del invento). Esto confiere la gran ventaja de permitir valorar el interés comercial del invento y sopesar las ventajas /inconvenientes de solicitar una patente sobre él. Japón también modificó sus leyes en 2012 para ampliar a cualquier tipo de divulgación realizada por el inventor o sus causahabientes, incluyendo la venta, su periodo de gracia de 6 meses.

En el caso de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el periodo de gracia contemplado es muy restrictivo y no tiene una aplicación práctica relevante. Sus requisitos han variado también con la nueva ley de patentes (LP; Ley 24/2015 de 24 de Julio) restringiéndose ligeramente para adaptarse al Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas (EPC; European Patent Convention); adoptando así el mismo criterio que la Oficina Europea de Patentes (EPO; siglas del nombre en inglés). Según el Art. 7 LP (Art. 55 EPC), dichas excepciones pueden aplicarse a las divulgaciones acaecidas hasta 6 meses antes de la presentación de la solicitud y que la hayan sido consecuencia directa o indirecta:

a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante.

b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas (http://www.bie-paris.org /site/en/expos/about-expos/expo-categories)

En este caso será preciso presentar dentro del plazo de cuatro meses tras la solicitud una declaración de que la invención ha sido realmente exhibida junto con el correspondiente certificado (R. 25 EPC).

El Periodo de Gracia cobra una especial importancia en las actuales negociaciones para armonización de las leyes de patentes en los contextos político-económicos del Área de Libre Comercio Trasatlántico, y del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Japón, donde la UE está recibiendo presiones para adoptar, entre otros, un Periodo de Gracia que pueda ser de utilidad comparable al de EEUU y Japón.

En Julio del 2011 el presidente de la Oficina Europea de Patentes (EPO; de sus siglas en Inglés) invitó a representantes de oficinas de patentes de diversos países a reunirse para debatir el estado de las negociaciones relativas a la armonización de las leyes de patentes (Tegernsee, 2011). En esta reunión se seleccionaron los temas claves para dicha armonización entre los que se encontraba el Periodo de Gracia. Los participantes se comprometieron a avanzar hacia la armonización de estos temas mediante la obtención de información por un grupo de expertos técnicos y legales, incluyendo consultas a los interesados, con el fin de contribuir a una futura discusión que comprenda a todos las partes interesadas en la armonización. Adicionalmente, en 2014 el panel de consejeros científico-económicos de la EPO (ESAB; de sus siglas en inglés) introdujo en su programa el estudio de los efectos económicos de la introducción de un Periodo de Gracia en Europa.

Como resultado de la información obtenida para los Periodos de Gracia, la EPO publicó un artículo declarando su posición oficial en marzo 2015. En este artículo se plasman los costes y beneficios de la introducción de un Periodo de Gracia en Europa, reconociéndose que “los costes parecen mayores y los beneficios menores para las grandes corporaciones en comparación con la academia” (universidades y Organismos Públicos de Investigación –OPIs-). La cautelosa recomendación del ESAB introduce dos requisitos para que la EPO considere adoptar el Periodo de Gracia:

Primero, que el periodo de gracia sea una “red de seguridad” (nada de contar con ese tiempo para salir en la tele vendiendo el invento y una vez comprobado que habrá demanda, solicitar la patente). Segundo, que el Periodo de Gracia se armonice en todos los sistemas de patente que son clave para la economía global, incluyendo al menos a EEUU, Japón, Corea, China y posiblemente India y Brasil.

Según la ESAB, las características de este periodo deberían ser las siguientes:

  1. Su duración no debe exceder de 6 meses previos a la solicitud prioritaria.
  2. Declaración obligatoria detallando las divulgaciones.
  3. Derecho de uso prioritario para terceras partes que estuvieran usando la invención (o preparándose para ello) antes de la solicitud de patente.
  4. Protección para invenciones independientes: el periodo de gracia solo aplicará a las divulgaciones realizadas por el propio inventor o sus causahabientes.

Aunque estas características me parecen muy razonables y supondrían una ampliación funcional del periodo de gracia que actualmente existe en España y en la EPO, hay algunos aspectos del artículo de posición del ESAB que me rechinan según profundizo en su lectura.

Inicialmente me llamó poderosamente la atención el cuidado con el que se ha redactado la frase relativa a los costes y beneficios: “los costes parecen mayores y los beneficios menores para las grandes corporaciones en comparación con la academia”.

Realmente no está diciendo que en ninguno de los casos los costes superen a los beneficios, si no solamente que los costes “parecen” mayores para las corporaciones, por lo que se infiere que no necesariamente superan a los beneficios para ninguno de los dos tipos de entidades. En mi opinión si los beneficios igualan o superan a los costes, la reforma debería promoverse.

Claramente la academia se vería muy favorecida por la introducción de un Periodo de Gracia, y cuando digo la academia me refiero no solamente a las universidades y a los OPIs, si no también a todos los que, con nuestros impuestos, sufragamos la economía basada en el conocimiento. Me explico: como ya comenté en mi entrada relativa a la eficiencia del sistema de I+D+i, los OPIs patentan como resultado de la presión ejercida entre la necesidad institucional de cubrir indicadores y la necesidad y obligación científica de publicar. La mayoría de las solicitudes académicas se presentan demasiado temprano y describen tecnologías muy incipientes, lo que dificulta la transferencia de éstas para su desarrollo al aumentar el riesgo financiero que perciben los inversores. Estas solicitudes suelen presentar problemas en los requisitos de novedad y actividad inventiva, en parte derivados de un trabajo de redacción in extremis para salvar la patente ante una inminente publicación científica.

Si ojeamos la información obtenida por el grupo de Tegernsee, la principal causa de utilización del Periodo de Gracia ante las oficinas de EEUU, Japón y EPO, es la publicación académica anterior (artículo o conferencia).

Figura: Razones para solicitar Periodo de Gracia

Por lo tanto parece que la introducción de un periodo de gracia sería útil, no solo para mantener los indicadores de la academia, si no que permitiría elevar la calidad de las patentes de manera que cumplieran mejor con su cometido de proteger las inversiones financieras necesarias para su desarrollo. En este sentido, un periodo de gracia de 6 meses parece un poco raquítico, siendo mucho más favorable un periodo más amplio como el de los EEUU, de 12 meses, que permite solicitar la patente en un estadio mas desarrollado de la invención. No sería un asunto baladí, siempre que las OTRIs estuvieran coordinadas eficientemente con los grupos de investigación y se iniciaran las negociaciones para el desarrollo previamente a la solicitud de patente. Así, entre otras cosas, se podría introducir el input del mercado en la redacción de la patente, jugando con ventaja a la hora de transferir la tecnología.

Volviendo a la cuidadosa frase del ESAB, siento que en ella también se intuye el olor típico que desprenden las estructuras públicas que funcionan al servicio de las grandes corporaciones, y me sorprende más esta inclinación cuando compruebo que en la ESAB solamente 2 de sus 15 miembros pertenecen a grandes corporaciones (Phillips y Technicolor). Del artículo de posición del ESAB se deduce que el problema subyacente que impide una recomendación abiertamente positiva es la incertidumbre legal que genera la adopción de este Periodo de Gracia (algo que claramente no afecta a la academia, si no a las corporaciones).

Con la expresión “incertidumbre legal” la ESAB se está refiriendo indirectamente a la libertad de operación de terceras compañías que quieran llevar al comercio invenciones protegidas por solicitudes de patente. Estas compañías deben saber cuándo expiran los derechos de exclusividad para poder lanzar sus productos al mercado. Eso es legítimo; es parte de la razón de ser del sistema de patentes. Esta situación es importante, por ejemplo, para las compañías productoras de medicamentos genéricos, pero también para –digamos- las que hacen los tapones de los botes de especias. En ambos casos el competidor querrá saber cuándo expira el derecho de exclusividad del invento para incluirlo en sus propios productos o decidir cuánto está dispuesto a pagar por una licencia.

La diferencia, sin embargo, es que en el primer caso, lo que verdaderamente importa es que se haya concedido la licencia de comercialización del medicamento para una indicación terapéutica concreta (parte del desarrollo del invento en el que nadie invertiría sin una patente), la patente es solo un obstáculo para la comercialización; por eso han de saber cuando expira. Si existe un periodo de gracia, es más difícil (realmente más caro), determinar la validez de una patente o -más habitualmente en la práctica-, de una solicitud de patente. ¿Por qué? Pues porque añade costes en relación al tiempo que los agentes y expertos de patentes deben emplear en analizar la documentación relevante para emitir una opinión sobre libertad de operación: Qué patentes válidas pueden oponerse a la comercialización de un determinado producto, hasta qué fecha y quien las ostenta.

Los informes u opiniones de libertad de operación son una herramienta muy importante a la hora de tomar decisiones sobre desarrollo de nuevos productos y diversificación empresarial, ambos indicadores de innovación empresarial. Si en un informe se detecta una publicación que pueda invalidar una patente, se puede abrir una ruta de desarrollo comercial importante para una empresa. Sin embargo, si existe un Periodo de Gracia, esta posibilidad podría desvanecerse o se reducirse significativamente.

Así considerado, el Periodo de Gracia favorece a las empresas innovadoras mientras que desfavorece a las “seguidoras”, que son empresas poco proclives a asumir riesgos, que se mueven en un terreno mucho más seguro, sobre todo si lo hacen desde la “certidumbre legal”.

Me pregunto por qué, si la academia en su conjunto es el mayor solicitante de patentes de la UE, si los esfuerzos financieros de la UE se dirigen a implementar políticas de fomento de la innovación. Si la mayoría de los miembros de la ESAB y la reunión de Tegernsee son gestores académicos y dirigentes políticos de la UE, ¿Cómo no es capaz la UE de influir sobre la EPO?

En suma, la opinión oficial de la EPO respecto del establecimiento de un Periodo de Gracia en Europa parece favorecer el recalcitrante ambiente de seguridad en el que se desenvuelve una Europa que se está quedando anquilosada financiera y políticamente. Una Europa tan antigua como su actitud soberbia, desde la que se plantea concesiones solamente bajo sus propios términos y siempre que los demás también las adopten según su único criterio. Una Europa que difunde un discurso positivo sobre los beneficios de la innovación y la economía basada en el conocimiento, que no termina de ser respaldado definitivamente por las posiciones políticas que adopta.

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I+D+i – UN SISTEMA INEFICIENTE EN UNA DESINFORMADA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO.

Por  Maribel Rico y Javier Suárez

Es innegable que para una economía del conocimiento, y en particular para la bioeconomía, la inversión pública en investigación constituye una pieza imprescindible dentro de la estrategia de generación de riqueza: la necesaria apuesta del presente por crear motores de desarrollo, crecimiento y progreso futuro. Tenemos claro que cuando se incrementa el esfuerzo presupuestario en investigación, automáticamente más líneas de investigación se ponen en marcha en más centros de investigación con más profesionales produciendo ese valiosísimo intangible que hoy día es la base económica del mundo desarrollado: el conocimiento. A mayor inversión pública en investigación, mayor desarrollo económico, mayor crecimiento y más empleo. Pero ¿cómo generar crecimiento económico a partir de este conocimiento? La respuesta a esta pregunta no es simple, pues la generación de conocimiento hay que complementarla con un elemento esencial para que pueda generar crecimiento económico y desarrollo: la comercialización del conocimiento.  Queremos poner en relieve que la estrategia española  en I+D no se acompaña de una estrategia de comercialización eficaz que maximice la explotación del conocimiento y genere el consiguiente crecimiento económico. Manifestar que un incremento en el esfuerzo de inversión en investigación no necesariamente origina un desarrollo económico proporcional ni consigue que los resultados de la investigación lleguen al ciudadano de a pie a menos que se mejore la eficiencia en la gestión, aplicación y comercialización de los resultados.


Poca discusión admite hoy por hoy que cuanto más se invierta en investigación más cantidad de conocimiento podremos generar.  Tal convencimiento podría llevarnos  a pensar que el conocimiento por sí solo tiene algún valor económico, cuando es evidente que solo el conocimiento aplicado lo tiene. Si bien es cierto que el conocimiento en si mismo tiene un gran valor, esto es innegable, pero no es un valor económico.

Sabemos que España es un país de ciencia, en términos de impacto de nuestras publicaciones, de calidad y de su cantidad. Esto demuestra que se genera una gran cantidad de conocimiento, sin embargo este conocimiento ¿consigue transformarse en desarrollo socio-económico? ¿Alcanza al ciudadano de a pie?

El ciudadano financia la investigación científica mediante sus impuestos, que van a nutrir proyectos de investigación, pagar el salario de los investigadores, infraestructuras, etc. Recursos que facilitan y fomentan la actividad  investigadora. Ésta por su lado devuelve resultados en forma de publicaciones científicas peer-reviewed y en derechos de propiedad industrial, siendo las patentes el activo más relevante como indicador de innovación y crecimiento socio-económico.

Las patentes contienen conocimiento aplicable industrialmente y susceptible de ser comercializado. Son el vehículo natural entre la investigación y el mercado. Es al transferir una patente al mercado cuando los conocimientos generados a través de la investigación se convierten en productos y servicios que, al ser comercializados, contribuyen con el desarrollo económico, pues permite su comercialización, la cual genera regalías para las instituciones públicas así como recaudación de impuestos. La industria aumenta su peso específico, crece, paga impuestos, contrata trabajadores que pagan más impuestos y así se debería ir aumentando el ciclo investigación/desarrollo económico.

Sin embargo como veremos más adelante hay un porcentaje demasiado elevado del conocimiento industrialmente aplicable (patentes) que se genera en los organismos públicos de investigación (OPIs) y que no llega a transferirse, no llega a aplicarse perdiéndose en el camino del ciclo de desarrollo económico: Las patentes abandonadas.

Se dice que se abandonan las patentes cuando dejan de pagarse las tasas para su tramitación o se incumplen voluntariamente los plazos establecidos para actos concretos. Una patente abandonada no tiene efectos legales, es decir, no otorga derechos de exclusividad sobre la invención que describe. Por esta razón, no tiene sentido empresarial invertir en su desarrollo, pues difícilmente podrá rentabilizarse esta inversión llevando el invento al mercado ya que, en caso de éxito comercial, no podrá frenarse la actividad de competidores oportunistas que obtendrán grandes beneficios a costa del esfuerzo ajeno. Claramente, nadie utilizará un conocimiento que se ha empaquetado en una patente (que se publica en abierto) cuya tramitación se ha abandonado posteriormente.

Las solicitudes de patente abandonadas son una medida de la ineficiencia del sistema público de I+D. Curiosamente no constituyen un indicador que se pueda valorar a la hora de tomar decisiones estratégicas y políticas, como el diseño de planes nacionales de I+D+i. Lamentablemente, el porcentaje de solicitudes de patente abandonadas es demasiado elevado y muestra una preocupante tendencia creciente en los últimos 5 años. Tan solo en el campo de la biotecnología se abandonaron un 64,5% de las solicitudes internacionales de patente generadas en España en el año 2011 y sabemos que esto mismo ocurre en todos los campos de la técnica. Esta cifra es un reflejo a la baja de las solicitudes abandonadas, pues no incluye las solicitudes de patente nacionales que ni siquiera se internacionalizaron pues no entraron en  el procedimiento PCT. Es un sistema altamente ineficiente, un problema serio. Desde nuestro punto de vista, una tragedia mayor que haber retrocedido 10 años en la inversión en I+D pública. No nos engañemos, si no llega al mercado es tecnología inutilizable que no llega al ciudadano. Para el desarrollo económico y social, tan importante es transferir como investigar.

Figura 1. Porcentaje de solicitudes de patente internacionales (PCT) en el campo de la biotecnología, de origen español, abandonadas, según su año de prioridad. Fuente: Creación propia.

Figura 1. Porcentaje de solicitudes de patente internacionales en el campo de la biotecnología, de origen español, abandonadas, según su año de prioridad. Fuente: Creación propia.  

Muchos expertos objetarían que, en su experiencia, la principal debilidad que dificulta la transferencia del conocimiento industrializable es la calidad de las patentes (no cumplen los requisitos de patentabilidad o no protegen los productos comercializables que puedan surgir del desarrollo de la tecnología). Ciertamente las solicitudes de patente que surgen del ámbito académico (de los OPIs: Universidades, institutos y centros de investigación, CSIC, hospitales públicos etc.) presentan muchas debilidades.  Los OPIs patentan como resultado de la presión ejercida entre la necesidad institucional de cubrir indicadores y la necesidad y obligación científica de publicar. Sin duda, la mayoría de las solicitudes académicas se presentan demasiado temprano y describen tecnologías muy incipientes; embrionarias. Con el fin de permitir el desarrollo de la tecnología en el mayor número de direcciones posibles, se redactan las solicitudes con una amplitud tal que los problemas de novedad son inevitables, y generalmente también los de suficiencia en la descripción. La mayoría de las instituciones ni siquiera se puede permitir realizar un análisis del estado de la técnica previamente a la redacción (debido al escaso presupuesto) y las que pueden, presentan aparentes problemas de actividad inventiva. Pero la novedad y la actividad inventiva de una solicitud que reivindica un amplio alcance pueden generalmente salvarse con la intervención de un habilidoso experto en propiedad industrial. Al igual que ocurre en el ámbito empresarial, las solicitudes académicas necesitan complementarse con solicitudes adicionales que se vayan presentando según se va desarrollando la tecnología. Lo que tiene valor es la cartera de patentes, siendo una única patente generalmente poco para cubrir efectivamente una tecnología.

Parece, por tanto, que el principal obstáculo para la transferencia de resultados de I+D patentables reside en que la aplicación comercial de la patente académica es prácticamente irrelevante. Sin embargo, su valor es elevado en tanto que recoge y protege la esencia primigenia de la tecnología. Sin esta protección esencial, el resto de patentes que puedan surgir durante el desarrollo, resultan excesivamente limitadas como para permitir una protección eficaz, global, que de soporte a una inversión suficiente para un desarrollo completo de la tecnología a nivel internacional. Esto es especialmente cierto en el ámbito de la biomedicina. Esta realidad es la que nos lleva a considerar el abandono  de las solicitudes académicas como algo trágico, que conduce a la  generación de “chatarra tecnológica”, al crecimiento de un mercado de servicios alrededor de un producto fantasma: una burbuja tecnológica.

En resumidas cuentas, la mayor parte de los abandonos se producen ante la inexistencia de un tercero, una empresa innovadora interesada en llevar los conocimientos al mercado en forma de productos o servicios. ¿Por qué? Porque los resultados patentados son inmaduros, el riesgo de inversión elevado, la información incompleta.

Se patenta en cuanto se tienen ciertas evidencias de contar con un conocimiento nuevo y aplicable industrialmente. A mayor inmadurez mayor riesgo para el que tiene la opción de invertir y por tanto menor probabilidad de transferencia. ¿Por qué no esperan a que los resultados sean más sólidos y se reduzca el riesgo? Porque la investigación académica es una carrera hacia la publicación de resultados. Cuando hay tres grupos en el mundo investigando un tema, los tres grupos compiten por ser los primeros en aportar la solución y publicar los resultados. Pero claro, si se publican los resultados de la investigación, los nuevos conocimientos aplicables sin patentar, nunca serán desarrollados; tras haber invertido en su desarrollo, cualquiera podría emplearlos y comercializarlos. Por tanto para evitar este problema, antes de publicar hay que patentar, por eso nos encontramos con patentes que protegen resultados en estado embrionario.

Para ilustrar lo anterior relataremos un caso real modificado por razones de confidencialidad y que es representativo de la tendencia habitual, al menos en nuestra experiencia: Un grupo de investigación ha descubierto que una determinada molécula tiene un potencial terapéutico contra la arteriosclerosis y ha demostrado este principio inyectando dicha molécula en el cerebro de ratones. Se ha preparado una solicitud de patente que reivindica su uso como medicamento contra la arteriosclerosis. El grupo sigue investigando y avanzando, con resultados preliminares pero prometedores, en esta nueva aplicación terapéutica. Financiándose su trabajo, antes y después, mediante convocatorias públicas competitivas para proyectos de investigación (inversión pública en I+D).

Existe un mercado grande y en crecimiento para un producto con esta aplicación, y muchas farmacéuticas y biotech luchan por sacar al mercado productos contra la arteriosclerosis. Pero ¿Quién va a invertir, en el desarrollo de una terapia que pasa por abrir el cráneo del paciente? Nada sabemos sobre la toxicidad y seguridad de la molécula, si la aplicación permite su síntesis química o es necesario extraerlo de algún tejido animal. La patente ya está solicitada y el trabajo publicado. Tras 2,5 años de tramitación de la solicitud de patente, no se ha conseguido interesar a ninguna empresa por lo que la solicitud internacional se abandona antes de que su tramitación genere unos costes demasiado elevados (a pesar de los resultados preliminares, pues no hay presupuesto).

El abandono de esta solicitud, ya publicada, por mucho que luego se encuentre un buen método de transportar la molécula a través de la barrera hematoencefálica, impide que alguien invierta en la preclínica necesaria para desarrollarlo como medicamento pues esta terapia ya no será nueva ni inventiva; una composición que incluya el transportador y el principio activo no sería inventiva; quizás solo quede la posibilidad de proteger una nanopartícula que comprenda ambos y descargue una dosis concreta con probada eficacia terapéutica. Un ámbito muy restringido respecto del principio inventivo esencial; muy poca exclusividad de mercado para la inversión que requiere su desarrollo.

¿Podéis imaginar lo que siente un investigador académico después de cuatro años trabajando en un proyecto cuando se da cuenta de que sus resultados nunca llegarán a los ciudadanos? Supongo que sí, yo me sentiría mediocre, incapaz, infravalorado. De hecho consideramos que este problema está generando una fuerza de oposición a la economía basada en el conocimiento, contribuyendo a fomentar entre los investigadores una actitud meramente académica dónde el único objetivo de sus esfuerzos es publicar. Algo así como investigar por investigar. ¿Qué potencial tiene un investigador de este tipo frente a otro que al trabajar cuenta con la motivación de quien sabe que sus soluciones curarán personas, mejorarán la sociedad en la que vive, devolverán beneficios sociales y económicos  de los impuestos a los ciudadanos?

Si de verdad queremos una economía fuerte basada en el conocimiento, debemos encontrar la manera de mejorar la eficiencia del sistema de I+D+i a la hora de comercializar el conocimiento aplicable. Cierto es, por otro lado, que hoy por hoy y en todos los países desarrollados, lo raro es que la tecnología acabe alcanzando el mercado. Sabemos que este fenómeno no sólo se viene dando en España, pero eso no quiere decir que no haya alternativa. Encontrémoslas! -al fin y al cabo, en eso consiste innovar.

Esta entrada ha sido publicada simultaneamente en el blog de la asociación CAUDAL.

 

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