50 años del Convenio de la Patente Europea y su influencia en el sistema de patentes español

Hoy, 5 de octubre se cumplen 50 años de la firma en Múnich, por parte de 16 estados europeos, del Convenio de la Patente Europea, también conocido como Convenio de Múnich sobre Concesión de Patentes Europeas. Un día después de aquel 5 de octubre de 1973 comenzaba la Guerra del Yom Kippur en la que Egipto y Siria atacaron a Israel, desencadenando una profunda crisis energética en Occidente. El mes anterior la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana habían sido admitidas en las Naciones Unidas, y en Chile el gobierno de Salvador Allende había sido derrocado violentamente. En España se vivían los últimos años de la dictadura franquista y faltaban dos meses para el asesinato de Carrero Blanco. 50 años más tarde, otra guerra, esta vez en Europa ha causado también una crisis energética, por otro lado, Alemania lleva casi 35 años unificada y es la principal potencia europea, mientras que Chile y España son ya dos democracias consolidadas.

El Convenio fue el fruto de 20 años de negociaciones y entre sus grandes precursores se encuentran el Convenio de la Unión de París (1883), el PCT (Patent Cooperation Treaty – Tratado de Cooperación en materia de patentes) (1970, aunque entró en vigor en 1978) y el Instituto Internacional de Patentes (IIB- Institut International des Brevets-1947) que se transformó posteriormente en la Oficina Europea de Patentes.

El objetivo del Convenio era racionalizar la solicitud de patentes y su procedimiento de concesión en Europa, yendo mucho más de lo contemplado por el PCT al regular un procedimiento centralizado de concesión de patentes, y armonizando la legislación en materia de patentes de los estados miembros.

Han transcurrido ya 50 años desde su firma y se puede afirmar que el Convenio de la Patente Europea ha sido un rotundo éxito, integrándolo ya 39 estados, uno de extensión y cuatro de validación, de los cuales tres no son europeos.

Dentro de la Organización Europea de Patentes definida en el Convenio juega un papel esencial la Oficina Europea de Patentes, la cual se inauguró en 1977 en Múnich con sede en un edificio alquilado (el “Motorama Building”) y 98 empleados. La primera solicitud de patente EP0000001A1 se presentó el primero de junio de 1978 y tenía por objeto una bomba de calor.

Su antecesor, el IIB (Institut International des Brevets) tenía su sede en la Haya y se había fundado en 1947 con el fin de llevar a cabo búsquedas de patentes para Bélgica, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos. Posteriormente se unieron a la Oficina Turquía (1955), Mónaco (1956), Suiza (1960), el Reino Unido (1965) e Italia (1974). En 1978 pasó a integrar la Oficina Europea de Patentes y su sede en la Haya se ocupó de las búsquedas de patentes y de gestionar toda la documentación necesaria. También ese año se abrió en Berlín, en el edificio que había albergado la Oficina Imperial Alemana de Patentes, una tercera sede, que también se ocupaba de búsquedas.

El primer presidente de la Organización Europea de Patentes fue Johannes Bob Van Benthem, anteriormente presidente de la Oficina de Patentes de los Países Bajos, y ocupó el puesto hasta 1985.

En 1980 se inauguró en Múnich el conocido como “Isar Building”, sede de la Dirección de la Oficina. Ese año ya se presentaron 20 000 solicitudes de patente. Italia y Suecia se habían incorporado al Convenio en 1978, en 1980 lo hizo Liechtenstein y en enero se concedió la primera patente europea.

España se adhirió al Convenio de la Patente Europea el 10 de julio de 1986 tras la adhesión a la Comunidad Económica Europea el 1 de enero de ese mismo año, aunque la firma se hubiera realizado en Madrid en junio de 1985. La adhesión al Convenio modificó completamente el sistema de patentes español.

Con anterioridad a la entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986, estaba vigente en España el obsoleto Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929 que regulaba un procedimiento de concesión de patentes de simple depósito (únicamente se examinaban los requisitos formales) que ni siquiera definía ni exigía el requisito de actividad inventiva, y contemplaba figuras tan peculiares como las patentes de introducción y las de cobertura.

Para lograr la incorporación a la Comunidad Económica Europea en 1986 España debió realizar grandes esfuerzos y armonizar sus legislaciones en numerosos campos. Uno de ellos fue el de las patentes. Fue preciso aprobar una legislación en materia de patentes, la Ley 11/1986, que estuviera en consonancia con el Convenio de la Patente Europea y resultara apta para impulsar el desarrollo tecnológico de España. Se abolieron las patentes de introducción y se introdujo la patentabilidad de los productos químicos, farmacéuticos y alimentarios, aunque lo relativo a éstas no entró en vigor hasta el 7 de octubre de 1992.

La concesión de dicha reserva respecto a la patentabilidad de productos químicos y farmacéuticos fue aprobada en el Consejo de Administración de la Oficina Europea de Patentes de enero de 1986. También en dicho Consejo se acordó por mayoría cualificada la petición de España de ejercer, en su día, como Administración de Búsqueda Internacional (PCT), lo cual se hizo realidad en 1993.

Asimismo, se reguló un procedimiento de concesión de patentes con informe de búsqueda y examen sustantivo, aunque se estableció que dadas las modificaciones que era preciso introducir en el entonces denominado Registro de la Propiedad Industrial para poder abordar dichas tareas, ello se haría de forma progresiva. Los primeros informes de búsqueda o IET’s (Informes sobre el Estado de la técnica) se realizaron en 1990 sobre solicitudes relativas al campo de la agricultura y la alimentación y los primeros exámenes sustantivos o exámenes previos en el sector de la alimentación en el año 2000.

No era nada sencillo pasar de una oficina de patentes con un procedimiento de concesión de simple depósito a una oficina de patentes como la actual en la que se efectúan búsquedas del estado de la técnica y exámenes sustantivos.

La primera carencia era la de personal con la formación técnica/científica, legal y los conocimientos de idiomas necesarios para realizar búsquedas y exámenes de patentes.

Por ello, el 8 de mayo de 1984 se publicó en el BOE una primera convocatoria de becas para la formación de examinadores de patentes, una segunda convocatoria de becas  el 13 de abril de 1985 y una tercera convocatoria el 29 de enero de 1987 . Las becas tenían una duración de 8 meses, una dotación mensual de 60000 pesetas (360 €) y unas dietas de 6000 pesetas (36 €) diarias en las estancias en el extranjero ya que se contemplaba un período de formación en la Oficina Europea de Patentes. Posteriormente se fueron convocando oposiciones y una parte muy importante de los becarios se convirtieron en funcionarios. Algunos de esos primeros funcionarios aún trabajan en la OEPM.

Además de dotarse de mano de obra cualificada, la OEPM adquirió el fondo documental preciso para llevar a cabo las búsquedas de patentes y progresivamente fue incorporando medios electrónicos hasta llegar actualmente a la Inteligencia Artificial, haciendo así posible efectuar una búsqueda completa del estado de la técnica.

Gracias a la incorporación al Convenio de la Patente Europea, España pudo contar en un tiempo récord y partiendo de una Oficina de simple depósito, con una Oficina de Patentes capaz de realizar búsquedas y exámenes de patentabilidad y perteneciente al elitista club de las conocidas como Administraciones de Búsqueda y Examen Internacional del PCT (Patent Cooperation Treaty – Tratado de Cooperación en materia de Patentes).

La incorporación de España al Convenio de la Patente Europea también tuvo su reflejo en las estadísticas. El principal impacto se vio en el número de solicitudes de patentes nacionales presentadas ante el Registro de la Propiedad Industrial (actual OEPM). Según se observa en el siguiente gráfico, si en el año 1985 se habían presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial alrededor de 11.000 solicitudes de patentes nacionales, en los años 1987 y 1988 el número había bajado a algo más de 4.000 solicitudes de patentes nacionales y posteriormente se estabilizaría en un número que oscilaba entre 3.000 y 3.500. Años más tarde, con la entrada en vigor de la Ley 24/2015 se produjo una nueva bajada en el número de solicitudes de patente nacionales, y en 2022 se presentaron 1.231 solicitudes de patente nacionales.

Lo que ocurrió fue que un porcentaje muy importante de solicitantes, principalmente extranjeros, dejaron de utilizar la “vía nacional” y pasaron a validar en España las patentes concedidas por la Oficina Europea de Patentes, de modo que a principios de los años 90 se validaban anualmente en España alrededor de 13.000 patentes europeas y actualmente aproximadamente el 30% de las patentes europeas se validan en España. En total el número de patentes en vigor en España aumentó como consecuencia de la incorporación al Convenio de la Patente Europea.

En 1987 un reducido grupo examinadores de patentes españoles comenzó a trabajar en la Oficina Europea de Patentes, seguidos al año siguiente por un grupo más extenso que incluía además otros profesionales destinados a ocupar distintos puestos en la Organización. En 1987 había ya en la Oficina Europea de Patentes varios empleados españoles: un administrador principal de los servicios informáticos, un miembro de la cámara de recursos, un jefe de sección de cooperación internacional y quince examinadores de patentes.

A lo largo de estos años, la presencia española no ha dejado de aumentar hasta alcanzar los 490 españoles de la actualidad, lo que representa un 7,8% del total de sus empleados.

La presencia de españoles en la Oficina Europea de Patentes, no se ha limitado únicamente a niveles técnicos y administrativos, sino que también algunos compatriotas han ocupado diferentes puestos directivos y ocupado 2 Vicepresidencias: Manuel Desantes (2001-2008) fue vicepresidente en la DG5 (Asuntos Jurídicos e Internacionales) y Alberto Casado (2012-2018) vicepresidente de soporte operativo y en una segunda fase vicepresidente de la DG1 (Procedimiento de concesión de patentes).

Una vez incorporada a la Organización Europea de Patentes, España comenzó a participar muy activamente en el seno de la Comunidad Económica Europea (CEE) en todos los aspectos relacionados con la propiedad industrial, por ejemplo, en las negociaciones sobre la patente comunitaria del Convenio de Luxemburgo, donde ya se propugnaban modificaciones en el régimen lingüístico. También en 1987 el Gobierno Español ofertó Madrid como sede de la futura Oficina Comunitaria de Marcas, logrando que fuera una de las cuatro ciudades elegidas por la Comisión en una primera preselección.

Las empresas españolas han ido experimentando un continuo procedimiento de internacionalización a lo largo de estos años, siendo cada vez más conscientes de la importancia de proteger sus innovaciones en el exterior. Prueba de ello es el constante aumento de solicitudes de Patentes europeas de origen español, que ha pasado de 102 en el año 1986 a unas 2.000 en el año 2022, ocupando España el puesto 17 de los 50 mayores solicitantes de patentes europeas.

Aunque la pertenencia de España al Convenio se puede calificar como una historia de éxito, ha permanecido una espina clavada; el idioma español no es idioma oficial y ello siempre puso a nuestros solicitantes en desigualdad de condiciones frente a aquellos que pueden utilizar su lengua materna en el procedimiento de concesión que aplica la Oficina Europea de Patentes. España nunca cedió en temas idiomáticos y por ello no ratificó el Acuerdo de Londres (2000)  por el que los estados firmantes reducen las exigencias de traducción para la validación de las patentes europeas. En España, es precisa la traducción al castellano de la memoria completa de la patente europea para su validación.

Aunque el primer borrador de patente unitaria, el conocido como Convenio de la Patente Comunitaria de Luxemburgo (1975) establecía en su artículo 33 que tras la concesión de la patente las reivindicaciones se traducirían a los idiomas oficiales de los estados contratantes cuyo idioma oficial no fueran los de la Oficina Europea, entonces el danés, holandés e italiano, esto no se conservó en la patente europea con efectos unitarios que entró en vigor el pasado 1 de junio de 2023 tras una cooperación reforzada y sin la participación de España. En consecuencia, persiste la marginación del español, a diferencia de lo que ocurre en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) donde el español es idioma oficial.

CONCLUSIONES

La incorporación de España al Convenio de la Patente Europea supuso una modernización del Sistema de Patentes desencadenada por el ingreso a la CEE, actual Unión Europea, y paralela a la que se vivió en tantos otros aspectos de nuestro país. Hoy la patente europea está totalmente consolidada e incluso recientemente ha entrado en vigor la “patente unitaria”. Asimismo, la Oficina Europea de Patentes se ha convertido en una referencia mundial en relación con la búsqueda y el examen de patentes. Todo ello ha contribuido a que actualmente todas las patentes que se conceden con efectos en España hayan sido sometidas a un examen de patentabilidad y a que la OEPM se haya convertido en una Oficina de Propiedad Industrial moderna, de tamaño medio y capaz de realizar búsquedas completas del estado de la técnica y exámenes sustantivos.

Leopoldo Belda Soriano

Jefe de Área de Patentes de Mecánica General y Construcción, OEPM