‘Régimen especial’

El sector renovable se siente estafado por Industria

 

Nota de prensa de emitida por las asociaciones de EERR (ANPIER-PROTERMOSOLAR-UNEF y APPA) tras la rueda de prensa que se ha organizado a raíz de la publicación del RD-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero:

  • El Real Decreto-ley 2/2013 empeora de nuevo, retroactivamente, las condiciones iniciales de inversión de las instalaciones.
  • El ministro Soria desinforma intencionadamente sobre el sector de las energías renovables tratando de culparlo del déficit tarifario.
  • Se recortan 500 millones de euros a las renovables mientras que, discriminatoriamente, se aumenta la retribución de otras actividades reguladas en 1.000 millones.
  • El sector recurrirá ante todos los organismos, nacionales y europeos, los últimos cambios legislativos.

Madrid, 7 de febrero de 2013.- Las principales asociaciones nacionales de las energías renovables (ANPIER, APPA, PROTERMOSOLAR y UNEF) se oponen frontalmente al Real Decreto-ley 2/2013 y harán oír su voz ante todos los organismos nacionales e internacionales para denunciar la falta de seguridad jurídica de las inversiones renovables en España. Este RD-L es una muestra de la grave discriminación con la que actúa el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) en contra de las energías renovables, que ven reducida su retribución en casi 500 millones de euros mientras el resto del sistema eléctrico experimenta un incremento de ingresos superior a los 1.000 millones. El RD-L supone un nuevo ataque a las energías renovables, puesto que destruye todos los parámetros que permitían prever la retribución de las instalaciones. La actualización de las tarifas mediante un indicador arbitrario, en el que no se reflejan los propios costes de la energía, y la abolición de la modalidad de mercado más prima, constituyen los últimos pasos en una política energética de ataque al sector renovable.

El RD-L 2/2013 constituye una buena muestra de la política energética del Gobierno. La norma, como viene siendo habitual, no ha sido consensuada ni comunicada al sector. El ministro Soria introduce modificaciones retroactivas a la regulación del sector renovable sin ningún tipo de respeto por las condiciones fijadas en el Boletín Oficial del Estado.

Modificación arbitraria de la retribución

El sector de las energías renovables está sufriendo una campaña de acoso y derribo mediante modificaciones legislativas: limitación horaria a las plantas existentes (RD 1614/2010 y RD-L 14/2010), moratoria (RD-L 1/2012) o establecimiento de nuevos impuestos (Ley 15/2012), constituyen una buena muestra. Todas estas medidas a las que se suma ahora el RD-L 2/2013 han ido modificando las condiciones iniciales de inversión en estas tecnologías.
El Real Decreto-ley 2/2013 saca, en la práctica, a las energías renovables del mercado y las obliga a recibir la tarifa regulada. Una tarifa regulada que ya no se actualizará según el IPC, sino según un indicador elaborado casi ex profeso y, vistos los antecedentes, nadie garantiza que la retribución no vaya a ser modificada a discreción del regulador en el futuro para despejar la siguiente urgencia que aparezca en la mesa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR). Hoy los inversores en energías renovables carecen de parámetros que les permitan predecir cuál será su retribución.

Los impuestos recientemente establecidos por la Ley 15/2012, del 7% sobre la generación de electricidad, están siendo repercutidos al mercado por parte de las empresas en el régimen ordinario, una oportunidad que, con el nuevo RD-L, se les niega a las energías renovables. El sector renovable nacional se siente engañado y estafado por el Gobierno de España y emprenderá todas las medidas legales, a nivel nacional y europeo, para defenderse.

Difamación de un sector productivo y rentable para el país

El ministro Soria, en sus declaraciones públicas, difama a un sector que debe ser un pilar básico para la recuperación económica de nuestro país. La confusión interesada entre régimen especial y renovables, la extrapolación de costes a diez años sin mencionar ni uno solo de los beneficios, como la creación de empleo, o el reiterado interés en culpabilizar a las renovables del déficit tarifario, constituyen formas claras de manipular a la opinión pública en contra del sector. Una opinión pública que, en España, apoya en un 81% a las energías renovables como la mejor opción energética para los próximos treinta años, según el último Eurobarómetro.

El ministro Soria olvida mencionar que, en el año 2008 las primas eran una parte insignificante de los costes del sistema y el déficit tarifario ya superaba los 13.900 millones. En el período 2005-2011 las energías renovables abarataron el mercado eléctrico en 7.607 millones de euros más que las primas recibidas. Las renovables abaratan la electricidad y disminuyen un déficit tarifario del que no son responsables.

Igualmente, tampoco es cierto que se haya desviado la previsión del coste de las energías renovables en 2012, puesto que la desviación cuantificada por la Comisión Nacional de Energía ha sido inferior al 1%.

Acabar con las renovables sin revisar el sistema

En los costes del sistema eléctrico previstos para 2013 aumentan los ingresos del transporte (+13,5%), la distribución (+11,1%) y los servicios de interrumpibilidad (+54,4%) mientras que, en clara discriminación, se recorta de nuevo la retribución a las energías renovables.

Se sigue dinamitando sistemáticamente al sector renovable nacional sin acometer una reforma profunda y necesaria de nuestro sistema eléctrico. Si tuviéramos que juzgar por la regulación, las energías renovables son el único problema de un país que necesita importar más del 80% de su energía y donde las importaciones de combustibles fósiles representan el 86% de su negativa balanza comercial.

A nivel internacional, las energías renovables han visto como aumentaban sus inversiones un 32% en 2010 y un 17% en 2011. Durante este año, el 70% de la nueva potencia instalada en la Unión Europea fue renovable. Sin embargo, el MINETUR prefiere acabar con un sector en el que éramos líderes a nivel mundial, en vez de aprovechar la oportunidad que el mercado internacional brinda a nuestras empresas.

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LA NUEVA TASA IMPUESTA A LA BIOMASA COMPLICA AÚN MÁS LA SUPERVIVENCIA DEL SECTOR

Comunicado publicado hoy en el que el sector español de las biomasas integrado en PROBIOMASA, en que se muestra su profunda preocupación ante el impuesto del 6% que va a gravar la generación eléctrica de este tipo de instalaciones, que siempre han mantenido unas rentabilidades tremendamente ajustadas, lo que ha impedido el desarrollo del sector, a pesar de tratarse de tecnologías completamente maduras y de existir en España un potencial estratosférico de biomasas: (más…)

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Agroenergía: Garantía de suministro para plantas de biomasa

El objetivo principal de la Agroenergía es el desarrollo de un sistema de producción en continuo de biomasa a partir de cultivos energéticos, ya sean herbáceos o leñosos, que garanticen el suministro a instalaciones de producción de energía eléctrica y térmica, durante el ciclo de vida del proyecto. De esta manera se consigue garantizar y estabilizar en el tiempo el precio por tonelada de biomasa, mejorar las diferentes líneas de logística hasta su puesta en planta, facilitando el acceso a una financiación estructurada de los proyectos.

Para llevar a cabo nuestro proyecto agroenergético con cultivos herbáceos, ha sido necesario desarrollar un sistema de  gestión agrícola directa e integrada, que incluye la búsqueda y contratación a largo plazo de las superficies agrícolas, la selección de especies y variedades específicas de uso exclusivamente energético, la rotación de cultivos y la mejora de la mecanización, que nos permita optimizar las tareas de acondicionamiento, manipulación, logística y almacenamiento de la biomasa, minimizando las pérdidas, mermas y costes.

El proceso comienza con la selección de especies y variedades herbáceas específicas de ciclo corto, que nos permiten realizar dos cosechas al año, y obtener de esta manera un mayor rendimiento por hectárea a un menor coste de producción. Variedades específicas de especies forrajeras tales como el sorgo, triticale, avena y centeno, son las más interesantes desde el punto de producción.

Un punto importante llevado a cabo en este proyecto ha sido el diseño de un sistema de rotaciones de especies y variedades a lo largo de las diferentes campañas, tales como maíz/sorgo y avena/centeno, que han supuesto un cambio radical con respecto a los sistemas tradicionales, y que han permitido obtener una mayor cantidad de biomasa.

Las labores culturales de abonado de fondo, laboreo, siembra, abonados de preemergencia y de cobertera (según las necesidades) y  tratamientos fitosanitarios, han sido especialmente estudiadas y adaptadas para conseguir los fines propuestos.

Una vez crecida la biomasa, se pasa a la etapa de segado. Debido al gran porte de la biomasa y a la alta densidad de siembra ha sido necesario recurrir a un sistema de siega especial  patentado, que unido a la tecnología GPS ha permitido obtener un máximo rendimiento por hectárea, evitando de este modo la ruptura de los sistemas de riego por aspersión y facilitando la maniobrabilidad del tractor. Este sistema novedoso se basa en un “kit de siega” que puede acoplarse a segadoras de arrastre convencionales, permitiendo un corte preciso y eficiente, que acondiciona la biomasa para su secado y posterior empacado.

Los tratamientos de acondicionamiento de la biomasa para su posterior combustión en caldera, continúan tras la etapa de segado a través de un secado natural en campo, mediante el uso de un sistema de rastrillo hilerador que permite el aireamiento de la biomasa y facilita la pérdida de agua, estableciéndose valores de entre el 10-20 % de humedad.

Tras el secado de la biomasa, un sistema de empacado de alta densidad, realizado por empacadoras especialmente modificadas, producen pacas cúbicas de entre 600 y 700 kg, que facilita el transporte a carga completa con camiones estándar, aumentando así la eficiencia del espacio ocupado y disminuyendo por tanto el coste.

Posteriormente las pacas se transportarán a la planta para su pesaje y almacenamiento en las pajeras, que son espacios especialmente habilitados para el acopio de grandes cantidades de biomasa, ya que están dotados de sistemas de protección contraincendios y de suelos compactados que evitan la lixiviación de material orgánico.

Llegado a este punto, es necesario realizar la caracterización de la biomasa obtenida, con el fin de conocer su calidad, por lo que se establece una metodología estandarizada para la toma de muestras y su posterior análisis físico-químico en laboratorios certificados. Esto nos permitirá conocer los potenciales caloríficos, el grado de humedad y la composición orgánica e inorgánica de la biomasa. De esta manera se podrá estimar el potencial de la biomasa obtenida como combustible y establecer criterios de decisión para su entrada en caldera.

Finalmente, la biomasa se transportará al interior de las instalaciones para su disgregación previa a la entrada en caldera de combustión. De este modo, es posible la modulación o gestionabilidad de la planta, al reducir o aumentar el caudal de biomasa en función de las necesidades energéticas de la instalación.

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APPA defiende la seguridad jurídica para las inversiones reguladas

Los recortes retroactivos realizados por el anterior Gobierno, fueron duramente criticados por el comisario europeo de Energía, Gunther Oettinger

Las recientes expropiaciones llevadas a cabo por Argentina y Bolivia de compañías españolas son un ejemplo de cómo las medidas que atentan contra la seguridad jurídica ahuyentan las inversiones internacionales.

La seguridad jurídica es necesaria, no solamente para las inversiones realizadas en energías renovables sino también para el resto de costes reconocidos del sistema como el propio déficit tarifario

Madrid, 9 de mayo de 2012.- La Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA ha reclamado seguridad para las inversiones realizadas en el sector renovable. “Las energías renovables están amparadas por un paraguas legal, que es el objetivo reconocido en la Ley 54/97, y han sido realizadas según las especificaciones y retribuciones marcadas por el Boletín Oficial del Estado, modificar esas condiciones nos pondría al mismo nivel que aquellos países que criticamos por su arbitrariedad”, ha declarado González Vélez, presidente de APPA.

El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables, José María González Vélez, ha criticado duramente las recientes declaraciones de directivos de grandes compañías eléctricas que piden recortes retroactivos a la retribución renovable para atajar el grave problema del déficit tarifario. “Las energías renovables han ahorrado en el mercado eléctrico 9.173 millones de euros más que las primas recibidas en el período 2005-2010. Las renovables, por su evolución de costes comparada con los precios de los combustibles, son parte de la solución al déficit, no parte del problema”, ha declarado González Vélez.

Seguridad jurídica para las inversiones

Existen grandes diferencias entre hacer uso de la flexibilidad, que la regulación permite, para adecuar los costes a la actual situación del sistema eléctrico – como es el caso del ajuste realizado en la retribución a la distribución – y modificar un marco regulatorio a largo plazo, gracias al cual se han tomado decisiones de inversión en energías renovables.

“Si empezamos a pedir ajustes retroactivos para resolver el déficit tarifario, entonces entenderemos como normal las expropiaciones en Argentina o Bolivia y podríamos resolver el déficit tarifario simplemente negando su pago. La seguridad jurídica es necesaria para todas las inversiones y nos permiten tener una reputación internacional que hoy no podemos perder”, ha explicado José María González.

Durante los últimos cinco años, en España se han instalado 14.000 megavatios de centrales de gas cuando el consumo sólo ha aumentado un 5%. Esto ha llevado a nuestro país a tener un sistema eléctrico sobredimensionado. “Algunos empresarios de grandes eléctricas españolas no dudan en cuestionar los objetivos vinculantes comprometidos con Bruselas por nuestro Gobierno o en poner en peligro nuestra credibilidad como país antes de reconocer los graves errores estratégicos – tanto en infraestructuras como en contratos de abastecimiento – cometidos en el desarrollo del mercado de gas en España, que han generado una auténtica burbuja del gas. Precisamente, las políticas europeas e internacionales de desarrollo de las renovables defienden decididamente el interés general y de futuro, sustituyendo el gas y otras energías fósiles, que debemos importar y son contaminantes –contaminación que también debemos pagar–, por fuentes autóctonas y limpias como las renovables”, ha señalado el presidente de APPA.

Ayer mismo, las multinacionales que operan en España han reclamado al Gobierno previsibilidad y ausencia de legislación retroactiva, señalándolos como las principales barreras de inversión de nuestro país, un análisis con el que se identifica plenamente la Asociación. “Es muy difícil que España consiga atraer inversiones extranjeras y se recupere de la actual crisis si no existe una confianza plena en nuestro marco regulatorio”, ha concluido González Vélez.

NOTA DE PRENSA

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Moratoria Renovable en el sector de la bioenergía

El pasado 27 de enero de 2012, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, hizo público el Real Decreto-ley 1/2012, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

Con el nuevo Plan de Energías Renovables 2011-2020 aun en caliente, la mencionada Ley 1/2012 viene a resultar una MORATORIA contra todas aquellas tecnologías incluidas en el régimen especial de producción de energía eléctrica, que observan como una vez más, los intereses de las grandes eléctricas ponderan sobre los datos objetivos y el sentido común de un sector que no deja de aportar cifras positivas al ya debilitado sistema económico nacional.

Multitud de patronales, plataformas y empresas del sector privado se han pronunciado sobre las repercusiones negativas que supondrá la aplicación de la legislación en el desarrollo de las energías renovables, a corto y medio plazo.

Todo sea dicho, que la moratoria para el cobro de las primas es de carácter temporal, y no afecta a aquellas instalaciones inscritas en el registro de preasignación antes de la entrada en vigor del Real Decreto, ni a aquellos proyectos que se encuentren en situación de silencio administrativo, es decir, que aun habiendo solicitado la autorización en plazo, no han recibido contestación por demora atribuible al ministerio. Al resto de proyectos en promoción, les serán devueltos los avales que depositaron en las Cajas de Depósitos correspondientes de cada comunidad.

Habrá que esperar para saber de cuanto es la temporalidad a la que se hace alusión en la normativa, y si esta podría afectar de forma retroactiva o no a los proyectos que no han llegado a ser incluidos en el registro de preasignación.

 

Déficit de tarifa.

La finalidad del Real Decreto-ley contempla reducir, según el ministro José Manuel Soria, el injusto y cada vez más impopular “Déficit de Tarifa” (no confundir con Déficit público, al que se hace alusión desde el gobierno central y que puede llegar a equívocos, tal y como le ocurrió al mencionado ministro). Esta deuda contraída por los usuarios con las empresas eléctricas, se genera por la diferencia entre el coste de venta la energía eléctrica que consumimos y su coste de producción, y que actualmente se cifra en más de 24.000 M€.

Aunque argumentar que el déficit de tarifa se debe en gran parte a las primas adjudicadas al régimen especial, tal y como se ha querido hacer ver desde el lobby eléctrico, y que además, su reducción pasa por una moratoria renovable, es mucho decir.

Para poder avalar la viabilidad de las renovables, podríamos citar una inmensidad de beneficios inherentes a su uso, que actualmente no son internalizados y que permitirían una reducción considerable de sus costes de producción, evitando así la necesidad de percibir primas. Por citar algunos de los más relevantes:

  • Disminuyen la dependencia energética exterior, actualmente cifrada en más del 85% y  basada en la importación de combustibles de origen fósil, cuyo mercado posee una serie de problemas ligados a la volatilidad de sus precios y a la inestabilidad política de los países de procedencia.
  • Reducen las emisiones de CO2 a la atmosfera.
  • Las renovables son una fuente de energía autóctona, inagotable, sostenible y de beneficios nacionales, tanto a nivel socio-económico como ambiental.
  • Generan por megavatio entre 8 y 60 veces más puestos de trabajo que las fuentes de energía fósiles, teniendo además en cuenta que es un sector donde la investigación y la innovación tecnológica tienen un peso muy importante. Según el nuevo PER 2011-2020, se estima que para 2.020 la cifra de puestos de trabajo podrían rondar los 300.000.
  • Es un sector que actualmente aporta más al PIB que sectores de gran importancia histórica como la pesca o el textil.

A todas estas razones, habría que sumarle una de gran importancia, y es que España ha de cumplir de forma vinculante con los objetivos marcados por la Unión Europea incluidos en la Directiva 2009/28/CE, en la que se establece que el 20% de la energía producida debe ser de origen renovable en el año 2.020. Esta normativa europea también plantea medidas concretas que fomenten el desarrollo de las renovables y que pretendan eliminar la inestabilidad regulatoria, las trabas administrativas y los obstáculos para su conexión a red.

A todas luces se puede observar que la Moratoria aprobada por el ministerio, poco o nada tiene de positivo para la concreción de dichos objetivos europeos a 2.020.

 

Repercusión en la Bioenergía

Con toda seguridad, el sector de la bioenergía (biomasa, biogás y residuos), haya sido el tipo de renovable más afectada por la nueva Ley. Y es que se ha de tener en cuenta que los objetivos marcados en el antiguo PER 2005-2010 no fueron cubiertos, quedándose en valores del 40%. Por tanto, la moratoria aprobada no hará más que poner nuevos problemas a los ya existentes, que actualmente están relacionados con la complejidad administrativa y la ajustada retribución vigente.

La bioenergía cuenta con un gran número de promociones para la construcción de plantas de producción de energía eléctrica (unos 38 de biomasa y 34 de biogás), cuya viabilidad económica se verá retrasada en el mejor de los casos, o desechadas en otros muchos, contabilizándose unos 765 MW afectados en diferentes estados de tramitación administrativa, que permitirían la generación de 9.000 puestos de trabajo y una inversión de más de 2.600 M€.

La devolución de los avales no será suficiente para aquellas empresas que hayan invertido una cantidad importante de medios, tanto económicos como humanos. Por citar un ejemplo, de los proyectos de biogás afectados, unos 25 habrían realizado una inversión mínima de 100.000 euros por proyecto, y 200.000 en aquellos casos que ya tenían adjudicado el punto de conexión a red. Para estos proyectos, se podría hablar claramente de retroactividad.

No apostar por la bioenergía, repercutirá en la pérdida de una serie oportunidades de ámbitos sociales, económicos y ambientales, relacionados con la valorización energética de residuos (agrícolas, forestales, ganaderos e industriales), con el desarrollo rural y agrícola, el control de incendios y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Al sector no le quedará más remedio que mantenerse a la espera de las posibles aplicaciones específicas que se indican en el artículo 3.3 de la Ley 1/2007. Este artículo es la gran esperanza de la bioenergía, ya que deja la puerta abierta a su desarrollo, al poderse incluir algunas excepciones a plantas eficientes, incluso las que tengan más de 50 MW, que conllevaría la creación de un sistema de regímenes económicos específicos, que se fijarían en función de criterios tales como potencia instalada, tensión de entrega a red, ahorro energético, eficiencia y contribución a la mejora ambiental, entre otros aspectos.

Ante tales expectativas, diferentes Comunidades Autónomas han expresado su malestar por la aplicación de la moratoria, en la que destaca principalmente Extremadura, que se vería especialmente perjudicada debido a su clara apuesta por las centrales de biomasa para la generación de energía eléctrica, y que han hecho un especial énfasis en la importancia de esta fuente de energía renovable en la reconversión de zonas agrarias y en la generación de nuevos empleos.

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SUSPENSIÓN DE FORMA TEMPORAL DE LAS PRIMAS DE NUEVAS INSTALACIONES DE RÉGIMEN ESPECIAL

Industria, Energía y Turismo:

  • Se suspenden temporalmente los procedimientos de preasignación de retribución y se suprimen, también temporalmente, los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovable y residuos. La medida no afectará a las instalaciones en marcha ni a aquellas ya inscritas en los prerregistros.
  • Se pretende poner freno temporal a un sistema de retribución que entraña unos costes demasiado elevados para el sistema eléctrico, lo que provoca un incremento continuo del déficit de tarifa.
  • La medida no pondrá en riesgo la seguridad de suministro ni el cumplimiento de los objetivos renovables con la Unión Europea. Tampoco afectará a las instalaciones en marcha ni a aquellas ya inscritas en los prerregistros.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.

La compleja situación económica y financiera, así como la situación del sistema eléctrico, aconsejan la supresión de los incentivos para la construcción de estas instalaciones, con carácter temporal, mientras se pone en marcha una reforma del sistema eléctrico que evite la generación de déficit tarifario, esto es, la diferencia entre los ingresos procedentes de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y los costes de las actividades reguladas del sistema. Las medidas emprendidas hasta la fecha no han resultado suficientes para corregir este déficit, que constituye una barrera para el adecuado desarrollo del sector en su conjunto y, en particular, para la continuación de las políticas de fomento a la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

Margen de maniobra

Los objetivos de potencia para el año 2020, recogidos en el recientemente aprobado Plan de Energías Renovables, permiten al Gobierno disponer de un holgado margen de maniobra en la fijación de la senda de implantación de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables desde el momento actual.
Este hecho, unido a que la capacidad de generación instalada actual es suficiente para asegurar la cobertura de la demanda prevista, hacen que esta medida no afecte a la seguridad de suministro ni a los compromisos de España para con la Unión Europea en materia de producción renovable de cara a 2020.

Apuesta firme por las energías renovables

El Gobierno mantiene su apuesta firme por las energías renovables como parte indispensable del “mix” energético de nuestro país. En 2011, un 93 por 100 de la potencia instalada fue de origen renovable y estas instalaciones cubrieron un 33 por 100 de la demanda eléctrica, lo que convierte a España en uno de los países más avanzados en este sentido. Sin embargo, mantener el actual sistema de retribución no es compatible con la situación actual de crisis económica y de descenso de la demanda por lo que, mientras se reforma el sistema y se avanza hacia un marco retributivo renovable que promueva una asignación eficiente de recursos, se procede a paralizar temporalmente el sistema retributivo.

Pronunciamiento de la Comisión Nacional de la Energía

En paralelo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha remitido a la Comisión Nacional de la Energía dos cartas en las que se le solicita que se pronuncie sobre todos los aspectos relevantes para abordar el problema del déficit tarifario tanto en el sector eléctrico, como en el del gas.

Instalaciones afectadas

La medida afectará a aquellas instalaciones que todavía no han sido inscritas en el registro de preasignación de régimen especial en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley, así como a las instalaciones de régimen ordinario que a la fecha de entrada en vigor de la norma no tuvieran autorización administrativa otorgada por la Dirección General de Política Energética y Minas.

La suspensión afectará a las tecnologías acogidas al régimen especial, esto es, la eólica, solar fotovoltaica, termosolar, cogeneración, biomasa, biogás, minihidráulica y de residuos, al igual que a las instalaciones de régimen ordinario de tecnologías asimilables a las incluidas en el régimen especial.

La norma no tiene carácter retroactivo, es decir, no afectará a las instalaciones ya en marcha, a las primas ya autorizadas ni tampoco a las instalaciones ya inscritas en los registros de preasignación.

Asimismo, aquellas instalaciones en trámite que no estuvieran inscritas en el prerregistro en el momento de entrada en vigor de la norma tienen la posibilidad de desistir de su solicitud de inscripción en el registro de preasignación, en cuyo caso se les devolverán íntegramente los avales depositados. Además, también se devolverán los avales a aquellas instalaciones inscritas en los prerregistros que, en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma, opten por no llevar a cabo la ejecución de la instalación.

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Publicado el Real Decreto 1565/2010 sobre la producción de energía eléctrica en régimen especial.

Hoy martes, 23 de noviembre, se ha publicado por fin el nuevo Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, en el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

Empieza así:

“El crecimiento del número de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, englobados dentro del régimen especial, ha sido muy importante en los últimos años. Así, España se ha convertido en uno de los países a la cabeza en el desarrollo de estas tecnologías.

Se trata de un sector muy dinámico y con un ritmo de evolución tecnológica muy rápido. En la actualidad, aproximadamente el 25 por ciento de la energía eléctrica producida proviene de energías renovables. Estos hechos, unidos a las características estructurales de nuestro sistema eléctrico, obligan al establecimiento de requisitos técnicos adicionales para garantizar el funcionamiento del sistema y posibilitar el crecimiento de estas tecnologías”

Manda narices…


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Las conclusiones sobre energía de la Subcomisión Nacional

La Subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años del Congreso de los Diputados, ha hecho públicas sus conclusiones sobre la política energética, en el que se proponen las medidas y  actuaciones que deberán tenerse en cuenta para los próximos años:

El sistema energético, constituye uno de los ejes fundamentales del crecimiento económico y el bienestar de la sociedad, debe ser fiable y tiene que estar basado en la seguridad, por ello es imprescindible que las políticas energéticas sean estables y rigurosas. A tal efecto la subcomisión de análisis de la estrategia energética para los próximos 25 años considera necesario que todo el conjunto de la política energética de los próximos lustros descanse sobre los tres pilares fundamentales en los que se inspira la política energética de la Unión Europea hacia la que tenemos que converger a medio y largo plazo. Estos son:

  • Seguridad de suministro
  • Competitividad económica
  • Sostenibilidad medioambiental

Sobre  energías renovables

Con el fin de alcanzar los objetivos europeos hay que fomentar la implantación progresiva y razonable de las energías renovables para la producción de energía eléctrica, mediante una adecuada planificación y seguimiento del desarrollo de la nueva capacidad renovable. Deben aprovecharse las reducciones de costes derivadas de la curva de aprendizaje de cada tecnología, impulsando el tejido industrial y aumentando la gestionabilidad de las energías renovables mediante el desarrollo de las interconexiones internacionales, la capacidad de almacenamiento, una generación distribuida, redes inteligentes, etc.

A tal fin, es preciso incidir en la necesidad de converger hacia el objetivo del 20% de energías renovables, de una manera sostenible económicamente para los consumidores. Para ello, se debe apostar por tecnologías maduras, así como ajustar  las primas y sistemas de retribución, permitiendo a los consumidores participar en los ahorros derivados de la curva de aprendizaje, con el objetivo final de que las tecnologías renovables sean competitivas con el resto de tecnologías del mercado. La Subcomisión considera que la nueva potencia renovable adicional a la ya inscrita en el pre-registro debería tener un coste indicativo, en el que se tenga en cuenta los costes y beneficios, que reduzca el volumen de primas y consiga una mayor competitividad.

Debe clarificarse el horizonte regulatorio de los productores de energía eléctrica del régimen especial, sancionando los incumplimientos legales allá donde se hayan podido producir, con respeto a sus derechos adquiridos y con la garantía de la sostenibilidad, rentabilidad razonable de las inversiones y respetando la seguridad jurídica de los proyectos en marcha.

Para la nueva potencia renovable a instalar se deben incentivar aquellas tecnologías que tienen un mayor desarrollo en su curva de aprendizaje como es la eólica terrestre, conforme a criterios técnicos y económicos, promover la fotovoltaica, controlada efectivamente, como elemento constructivo de generación distribuida y potenciar la solar termoeléctrica como instrumento tecnológico y de desarrollo hasta que consiga competir en costes con otras tecnologías.

También se deben fomentar otro tipo de tecnologías renovables de forma razonable para ir desarrollando un mix suficientemente diversificado,  así como tecnología nacional en ámbitos con posibilidades de desarrollo futuro como la biomasa, biocombustibles, energía marina, etc.

Deben arbitrarse medidas para que el sistema eléctrico integre de una forma económicamente sostenible las energías renovables necesarias para el cumplimiento de los objetivos europeos.

Los objetivos europeos de participación de las energías renovables son horizontales a todos los sistemas energéticos. Sin embargo, hasta ahora las energías renovables han tenido un desarrollo muy superior en el sistema eléctrico. Se debería analizar la posibilidad y conveniencia de que sus costes fuesen soportados por el conjunto de los consumidores del sistema energético español, dado que los objetivos y el fomento de estas tecnologías favorecen al conjunto de la sociedad en múltiples ámbitos y no sólo a los consumidores eléctricos  que son los que asumen todo su coste actualmente.

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La gasificación de biomasa, para la producción descentralizada de energía eléctrica a baja potencia

Uno de los mayores problemas en la generación de energía eléctrica en plantas de media y alta potencia es la falta de planes integrales de abastecimiento de la materia prima. Su descentralización y los costes derivados del transporte, hacen que en muchos casos no sea rentable su uso. De esta manera, se apuesta por la gasificación de biomasa y de residuos orgánicos, para la producción de energía eléctrica de baja potencia, en las zonas en las que se produce y almacena la materia prima.

Existe un creciente interés por las tecnologías de gasificación de compuestos  orgánicos, que poseen una serie de ventajas frente a los procesos convencionales de combustión o incineración, debido a que la producción de un gas combustible permite una mayor facilidad de manejo frente a un producto sólido como por ejemplo el carbón. Además, la combustión del gas de síntesis posee una mayor eficiencia energética en la producción de electricidad y un menor nivel de contaminantes generados en el proceso.

Se puede afirmar que actualmente no existe un mercado maduro que regule el precio de la materia prima, y cuando el aval para la obtención de la financiación es la propia instalación, se hace imprescindible que el suministro esté totalmente garantizado. La cadena logística de suministro no está definida con certeza, ni en cuanto al coste, ni en cuanto a los componentes de la misma y la dispersión de la propiedad de la biomasa complica la consecución de contratos de garantía.

La solución que se propone es “la ubicación de la instalación en el mismo lugar en el que se produce y almacena la materia prima”, que disminuya los costes de transporte. Pero ocurre, que el  aprovechamiento descentralizado de materias primas posee la desventaja de ser fuentes difusas y de baja concentración. Por tanto, es necesario el “desarrollo de una tecnología de baja potencia, que sea capaz de transformar la energía primaria en energía eléctrica, de una forma eficiente, con óptimos rendimientos finales y con un balance de costes positivo”.


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Energía solar fotovoltaica. Presente y futuro…

Corren tiempos difíciles para las renovables y en particular para el sector fotovoltaico, que ha visto como en apenas 4 años, los diferentes cambios del marco legislativo han sido una tónica constante, que han terminado por cercenar el desarrollo de una fuente de energía, autóctona, social, sostenible y con una serie de ventajas estratégicas, que hacen disminuir la dependencia energética del exterior, al evitar en parte las importaciones de fuentes de origen fósil y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Dentro de la Directiva Europea de Energías Renovables (2009/28/CE), se establecen los objetivos vinculantes para la próxima década en materia de renovables, por los que se deberán reducir las emisiones de GEI en un 20% (en relación a los niveles de 1990), se deberá incrementar la eficiencia energética en un 20% y se deberá producir un 20% del total de la energía primaria a partir de fuentes renovables. Este será el marco legal que reafirmará el grado de importancia que las renovables tendrán en el conjunto del mix energético y que ratifica la apuesta europea por el uso sostenible de los recursos naturales.

Se puede decir que la energía solar fotovoltaica es la forma antropogénica de producir energía a partir del sol, en comparación con el proceso natural de la fotosíntesis. En ambos casos, una corriente de electrones inducidos por los fotones solares, producirán diferentes tipos de energía. Este interesante hallazgo, basado en la inducción eléctrica de determinados materiales semiconductores, ha permitido el desarrollo de una gran industria internacional, en la que España se encontraba entre los más importantes. Y digo se encontraba, porque la situación a día de hoy es una quimera de aquel estratosférico crecimiento  que vivimos en 2007.

Iniciamos nuestro viaje con la salida del RD 2818/1998, que fue el origen del mercado fotovoltaico retribuido, aunque ya existían experiencias previas en viviendas aisladas. Posteriormente se aprobó el RD 436/2004, por el que se estableció la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica.

Pero el verdadero boom vino con la salida del RD 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y por el que la retribución de  energía solar fotovoltaica alcanza valores de hasta 426 euros por MW/h. Tanto fue el éxito, que mientras el Plan Energías Renovables vigente (PER 2005-2010) establece un objetivo de potencia instalada de 400 MW, a día de hoy se contabilizan unos 3.500 MW, es decir, casi un 900% más de lo fijado inicialmente. La cuantía total de las primas recibidas por las energías renovables asciende a 4.509 millones de euros, un valor que supera en más de 500 millones la partida presupuestaria que se había fijado hasta agosto de 2010 (3.977 millones), donde la fotovoltaica  ha sido uno de los sectores más beneficiados.

Y es aquí donde se inicia el conflicto.

Determinados lobbies eléctricos han utilizado de forma partidista y desleal el hecho de que las energías renovables y más concretamente la fotovoltaica, dependa del sistema de primas establecido por el RD 661/2007 para su supervivencia, atribuyéndoles, entre otras cosas, la subida del precio de la luz y del famoso Déficit de Tarifa (que asciende a 15.000 millones de euros y que sigue creciendo un 20% más de lo previsto).

Pero, ¿cómo es posible que este sector sea el responsable de un problema, que es anterior a la entrada del RD 661/2007?

El déficit de tarifa es aquella deuda ficticia contraída con las compañías eléctricas,  generada por defectos del mercado eléctrico, que debe ser avalada por nosotros (el estado) y cargar además con los intereses de demora.

Dicha deuda se inició hace 10 años, cuando el gobierno de turno congeló las tarifas de venta de electricidad frente a los cambios producidos por la inflación y otros componentes económicos, mientras que los costes de generación y de acceso iban en aumento. Entonces vino la mejor de las ideas. Se crearon los Costes de Transición a la Competencia (CTC), que servirían para resarcir a las compañías eléctricas ante una “posible bajada del Mercado Mayorista” (que ellas mismas previeron) debido a la congelación de las tarifas. Esta iniciativa ascendió a la suma de 12.000 millones de euros, muy por encima de los 8.600 millones de euros estipulados, mientras que además, los precios del mercado lejos de disminuir tal y como habían previsto, se vieron incrementados. (THE BIG BUISSNESS)

Poco a poco, la deuda ha ido generando una gran bola de nieve que ha terminado por estamparse a las puertas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que ha visto en las renovables, y en la fotovoltaica principalmente, su gran chivo expiatorio.

¿Y son en realidad las primas que reciben las energías renovables parte del problema del déficit de tarifa?

Es cierto que el sistema retributivo de primas es substancial, pero es un valor de menor envergadura si los comparamos con los beneficios  inherentes de las renovables, que actualmente no son externalizados. Por ejemplo, en 2008 las energías renovables recibieron 2.605 millones de euros en primas, mientras que el ahorro de combustibles fósiles fue por valor de 2.725 millones de euros. También se evitaron emisiones por valor de 499 millones de euros y el precio en el mercado mayorista eléctrico, gracias a la presencia de las renovables, se redujo en 4.919 millones de euros (desde la entrada de las renovables al sistema eléctrico el precio de generación ha ido disminuyendo. Ya en 2009 el precio bajó de 66 a 38 €/MW, sin que esto se haya visto reflejado en la factura de la luz).

A pesar de todos estos datos, el gobierno decide que la retribución de las energías renovables que producen electricidad es demasiado elevada, por lo que plantea cambios en dicho sistema tarifario. Este hecho, a todas luces ilegal, es lo que se viene gestando desde hace unos meses.

Hay que recordar que la forma más habitual de financiación de proyectos relacionados con las energías renovables es el PROJECT FINANCE, en el que la misma instalación sirve como garantía del préstamo. Pues bien, si cambiamos las reglas del juego en mitad del partido, las estrategias iniciales no sirven de nada, por lo que tienes que reconfigurar toda la alineación.

La modificación de las tarifas de carácter RETROACTIVO, viene a generar una  incertidumbre en el sector financiero y crea una gran inseguridad jurídica que está provocando el desmoronamiento de la fotovoltaica. Y es que este tipo de energía, lejos de ser una energía de grandes capitales (un 96%  de las instalaciones de hasta 100 KW pertenecen a pequeños inversores, familias, PYME), es la renovable que más ha sido atacada con hasta un 94% del total de la reducción. A partir de aquí se abren los frentes entre el Ministerio y los diferentes actores del sector fotovoltaico, tales como patronales (ASIF, AEF, APPA), inversores, promotores…

A pesar de todos los esfuerzos realizados por el sector, el gobierno saca a la luz el RD 1578/2008 por el que se modifica el RD 661/2007 y por el que se retribuye de forma específica a la solar fotovoltaica. Este nuevo decreto, con una disminución significativa de las primas, o de las horas de sol retribuidas, supone el punto y final del crecimiento del sector, el cual ha pasado de instalar  2.700 MW en 2008 a tan sólo 100 MW en los últimos dos años. Según la patronal ASIF (Asociación de la Industria Fotovoltaica), “España está perdiendo el tren fotovoltaico: mientras la regulación y la incertidumbre paralizan el mercado nacional, los países de nuestro entorno directo apuestan con fuerza por sus mercados interiores. España está abandonando una fuente de energía cuyas tarifas han disminuido más del 40% en tres años”.

Cuando la nueva ley de régimen retributivo RD 1578/2008 aún estaba en el horno, muchos fueron los que agilizaron los trámites de gestión de licencias y construcción de las instalaciones, para poder acogerse de esta manera a las primas del RD 661/2007, lo que según el gobierno y la Comisión Nacional de Energía (CNE) ha incurrido en un hecho de fraude de un total de 1.000 MW, que a fecha de 30 de septiembre no estaban conectadas a red. Industria, como intento para luchar contra el fraude, promueve el RD 1003/2010, para la detección de instalaciones fotovoltaicas fraudulentas, dando de plazo hasta el 7 de octubre de 2010 (fecha de entrada en vigor del nuevo decreto) para que, aquellas instalaciones anómalas que así lo decidiesen, pudieran salir a luz, siendo de esta manera amnistiadas e integradas de forma inmediata al RD 1578/2008, menos retribuido. Las plantas fotovoltaicas que, una vez finalizado el plazo de “amnistía”, no hayan confesado las irregularidades, se exponen al riesgo de perder todo tipo de prima, ser expulsadas al mercado libre,  devolver lo cobrado hasta el momento y esperar un nuevo turno en el registro de preasignación, donde la espera actual es de 3 años.

El sector fotovoltaico se enroca.

Las plantas fotovoltaicas que han decidido salir a la luz y aceptar la amnistía propuesta por el gobierno, suman la cifra de 5MW, de un total de 1.000MW que se encuentran bajo sospecha (casi un tercio del total de la potencia instalada en nuestro país). Es decir, las empresas han preferido impugnar una posible retirada de las primas antes que el indulto.

Y es que, aún no se conoce cuál será el criterio que establezca qué instalaciones son fraudulentas y cuáles no. Según una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aquellas plantas que no estuvieran inscritas y produciendo electricidad al 100% de sus posibilidades, serán consideradas como fraudulentas. Mientras que el sector y las patronales aducen, que según lo indicado en el RD 661/2007, no es necesario estar produciendo, si no tan sólo estar en condiciones de producir.

Veremos a ver qué ocurre…

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