Denuncias por contagios

¿Se puede demandar a alguien no vacunado por infectar a otra persona? La pandemia plantea nuevos dilemas jurídicos

Algunos de esos dilemas ya nos son familiares. En España, por ejemplo, han sido sonadas las idas y venidas judiciales sobre la legalidad de los toques de queda e incluso del estado de alarma. Pero a medida que dejamos atrás la fase de las cuarentenas y las limitaciones a los movimientos, es posible que empecemos a ver otro tipo de denuncias.

En este artículo en inglés en The Guardian la periodista Laura Spinney especula sobre los límites de la libertad y el papel de la justicia en tiempos de Covid. ¿Qué pasa si un profesor que no ha querido vacunarse contagia a alguno de sus alumnos? ¿Es posible querellarse contra organizaciones que propagan información falsa sobre las vacunas? No hay respuestas sencillas, pero de acuerdo con Spinney, es probable que este tipo de demandas no contribuyan a mejorar nuestra capacidad de respuesta de cara a la próxima pandemia.

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La pandemia producida por el SARS-Covid-19 genera, en efecto, muchas cuestiones jurídicas (vid. el análisis de la problemática desde el Derecho público, por vari@s autor@s, en Beatriz FERNÁNDEZ GREGORACI/Francisco VELASCO CABALLERO (ed.), Derecho y política ante la pandemia: reacciones y transformaciones. Tomo I: reacciones y transformaciones en el Derecho Público, Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid número extraordinario, Boletín Oficial del Estado, 2021), también específicamente jurídico-penales. Así, en particular, en Derecho penal se plantea la cuestión de cuáles son los presupuestos de la posible imputación de responsabilidades penales en relación con contagios de coronavirus. Se trata de dos grandes grupos de casos: el de los contagios individuales y el de los que se producen (o se gestionan) en el marco del sistema socio-sanitario. En el primero de estos planos, se trata, por un lado, de especificar los requisitos para calificar una determinada interacción contagiosa como conducta típica de homicidio o lesiones; y, por otro, los criterios para la imputación a tal conducta –en su caso– de los resultados lesivos producidos. Por otro lado, se plantea la atribución de responsabilidad penal en el marco de las instituciones del sistema socio-sanitario plantea dos grupos de problemas adicionales: el de la individualización de la responsabilidad en estructuras organizativas complejas y el de la posible justificación por estado de necesidad en situaciones críticas de escasez de recursos. Estas cuestiones son tratadas sintéticamente desde la perspectiva del ordenamiento jurídico español en el trabajo de Manuel CANCIO MELIÁ y Marta PANTALEÓN DÍAZ: “Derecho Penal y Coronavirus: algunos problemas de imputación”, en el tomo del AFDUAM 2021 antes reseñado, pp. 239 y ss.

Es un auténtico sarcasmo que esa cuestión se plantee precisamente con el caso de la vacuna menos adecuada. Tan poco adecuada como lo sería la de la gripe, puesto que con ambas vacunas el vacunado puede reinfectarse y transmitir la infección. Con un juez mínimamente bien informado, esa supuesta denuncia no pasaría de diligencias previas, al menos en España. Esta es la opinión de un virólogo que ha actuado, de oficio, como perito judicial en unas cuantas causas por transmisión de agentes infecciosos. ¿Por qué la prensa no ha planteado ese supuesto con un sarampión o una poliomielitis? Simplemente, porque no venden. La COVID-19, sí.

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