Archivo de agosto, 2010

DIMENSIÓN MORAL DE LA EDUCACIÓN (y II)

El estudiante de cualquier disciplina sanitaria debe trasladar las enseñanzas adquiridas en el aula y con su aprendizaje autónomo al entorno clínico. Como con cualquiera de las áreas estudiadas, esto ocurre con la Bioética y la Legislación. Es el momento de poner a prueba en un contexto real los preceptos, normas y costumbres sobre el comportamiento correcto para con pacientes, familiares y compañeros.

La entrada previa que ahora prolongamos trataba sobre la presencia de la Bioética en la formación del futuro fisioterapeuta. Decíamos que esta debe formar parte de los programas de Grado. Nuestro interés gira ahora en torno a la presencia implícita y explicita de la dimensión ética en la formación práctica. En nuestra experiencia, las prácticas son desarrolladas sobre todo en el ámbito hospitalario. Surgen situaciones específicas del mismo que requieren tomar decisiones, posicionamientos y actitudes de carácter ético. El profesor o tutor ha de tomar conciencia de la presencia de esas situaciones, ponerlas sobre la mesa para implicar al alumno y obtener así un fruto de aprendizaje. En otras muchas ocasiones las cuestiones o dilemas éticos surgen y se tratan de una manera implícita sin perder por ello valor de aprendizaje. La clave es que el alumno adquiera una experiencia que le sirva de acervo para adecuar su comportamiento ante situaciones similares, bien por imitación o por adopción de otra actuación alternativa más adecuada.

Las situaciones son muy variadas en el terreno de la Fisioterapia. Sería prolijo hacer un listado de las mismas pero podemos relatar algunos ejemplos ilustrativos. Así, es muy común la falta de información sobre el tratamiento a aplicar al paciente que llega, normalmente en atención especializada, derivado por un profesional médico. Asumimos que el paciente sabe a lo que viene cuando casi nunca es así. Especial importancia tiene esto cuando hablamos de tratamientos invasivos como los del suelo pélvico o la punción.

Igualmente podemos hablar del la información sobre el pronóstico. Nos olvidamos de que puede ser un aspecto clave para el paciente y que es cometido también del fisioterapeuta en su campo de actuación. Sea este halagüeño, incierto o sombrío el paciente tiene derecho a conocerlo.

En  ambiente hospitalario aplicamos tratamientos en la mayoría de las ocasiones prescritos por un médico. Al hilo del párrafo anterior somos conscientes en muchos casos de la futilidad de los resultados probables de un tratamiento. Bien por el caso concreto de un paciente o problema de salud, bien por la ineficacia de una técnica. Conviene reflexionar sobre un replanteamiento de nuestro proceder en estos casos, o cuando menos explicitarlos ante los estudiantes.

En línea con lo anterior está lo que se ha dado en llamar en cuidados paliativos como la obstinación terapéutica. En muchas ocasiones pretendemos o se nos propone tratar casos intratables por su falta de pertinencia, agotamiento de la evolución o incluso por el perjuicio que el tratamiento conlleva (traslados, ajustes de horarios laborales y familiares, etc.). Reconocer estos casos y corregirlos redundará en una mayor satisfacción del profesional, evitará frustraciones y propiciará una mejor distribución de recursos.

En momentos de crisis la contención y los recortes llegan con poca moderación a la asistencia sanitaria. Aunque debería ser una constante, todo profesional sanitario ha de cuidar por el aprovechamiento de los recursos, fungibles o no, de los que disponemos. Esto no ha de suponer, como puede ocurrir en algunos casos, el regateo de suministros o personal para la prestación de servicio. Aunque lo justo y necesario es de difícil cálculo las restricciones deben tener también sus límites. Y el profesional puede demandar la disposición de medios para ejecutar su trabajo en condiciones mínimamente óptimas.

Muchas de las situaciones descritas surgen en el contexto de trabajo multidisciplinar. Las discrepancias han de quedar entre los profesionales para evitar las suspicacias  y desazón de familiares y pacientes. Esto no implica que cada uno tenga y exprese su criterio en relación con sus funciones y conocimiento.

Todo lo anterior (eficacia de un tratamiento, pertinencia del mismo, opciones terapéuticas, conocimiento del pronóstico, disponibilidad de medios) está ligado de una u otra forma con el cuerpo de conocimiento teórico y práctico que el profesional posee. Esto entraña la necesidad permanente de aprendizaje y actualización del fisioterapeuta, y no sólo en materias estríctamente clínicas, sino en otras como comunicación, investigación o Ética.

En cualquier lugar de trabajo pueden surgir conflictos laborales y personales. Es muy difícil no verse arrastrado por ellos. Dependerá de la personalidad de cada uno. Sin embargo, idealmente, no deben repercutir en el trato con el paciente. En todo caso, cuando un prefesional se sienta incapacitado para realizar su labor en las mínimas condiciones exigibles, debería interrumpir su trabajo.

Dado que las condiciones del mercado laboral provocan un desplazamiento de los titulados hacia la el ámbito privado no hospitalario, debería considerarse esto a la hora de promover formación ética específica en el mismo. Particularmente destacamos la conveniencia de toda intervención en cuanto necesidad, periodicidad y adecuación, al hilo de lo dicho más arriba, al estado del conocimiento actual. El aspecto crematístico es importante en este campo de actividad, pero no debería anteponerse al criterio asistencial.

Todas estas y otras muchas situaciones circundan la práctica de la Fisioterapia y de las demás profesiones sanitarias. Es fácil que las aprovechemos para fomentar la inclusión de los aspectos éticos en el aprendizaje pre y posgrado. La formación, sin duda, será más sólida y redundará, creemos, en una mayor calidad de la atención de los futuros profesionales.

LEER MÁS FISIOTERAPIA.

Etiquetas:

ALGUNAS CUENTAS DE EMPLEADO PÚBLICO

Las vacaciones estivales son época propicia para la desconexión de los asuntos cotidianos, para el asueto, para la evasión de la rutina. Aunque no sea así para todos, en estos días las preocupaciones primaverales se toman un descanso y, con suerte, tratamos de disfrutar del estío en lugares distintos. Alejado de la vorágine de muchos ante la bajada de sueldo del empleado público haremos uso de nuestro derecho a la aclaración y la queja en unas líneas, sin querer disturbar el merecido descanso.

El aminoramiento de la nómina mensual de los empleados públicos ha desatado comentarios a favor y en contra. Se ha convertido en motivo de charla común. Parece lógico, teniendo en cuenta la trascendencia que ha tenido la noticia y que la Administración y sus organismos están omnipresentes en la vida cotidiana.

Habría que aclarar que no todo empleado público es funcionario. Parece que esta distinción no se tiene presente, y no es baladí. En las distintas administraciones se encuentran distintos tipos de vinculación laboral, con particularidades propias según se trate de cada una de las Comunidades Autónomas, ayuntamientos u organismos del  Estado. Y dentro de cada Administración se da una importante dispersión en derechos y retribuciones. El empleado público no tiene un puesto vitalicio ni un convenio ventajoso en muchas ocasiones. El reportaje de El País Radiografía de los funcionarios pone de manifiesto muchos de estos aspectos.

Pero no queremos quejarnos ofendiendo a aquellos que piensan que por tener un trabajo seguro se ha de aceptar sin más la imposición del Gobierno. Carecemos del conocimiento profundo y de los tecnicismos para justificar nuestra queja. También sabemos que la decisión no afecta a todos por igual, con la discriminación que esto puede suponer. En cualquier caso, un ejemplo puede ilustrar cómo pertenecer al conjunto heterogéneo de trabajadores de las administraciones y organismos públicos puede no ser tan rentable. Pondremos un sencillo caso de fácil constatación matemática. Nos serviremos de los datos salariales de un titulado medio sanitario de un ente público (es decir, personal laboral, no funcionario) de la Comunidad de Madrid, al que las medidas de recorte han afectado como a otros trabajadores públicos. Pues bien, desde 2004 hasta 2009, el salario de este empleado ha crecido un 2 % anual, y en 2010 un 0´3 %. Por tanto, sobre el salario de 2004, su sueldo se ha incrementado un 10´3 %. En este periodo, desde enero de 2004 hasta junio de 2010, el Índice de Precios de Consumo (IPC) se incrementó en Madrid un 18´5 % (ver datos aquí). La  pérdida de poder adquisitivo es patente, incrementada si tenemos en cuenta que el cálculo de cambio anual se hace sobre la base de cambio previo (el 8´2 % de diferencia es en realidad mayor). Y eso, en periodos de ausencia de crisis. En junio sobreviene la disminución del 5 % del salario. En caso de algunos entes públicos este decremento se produce además sobre conceptos que nunca habían aumentado su valor en el salario, es decir, se baja lo que nunca subió.

Hay situaciones que ahondan en el desencanto, si esto no es suficiente, del empleado público. Pero eso no viene al caso. Es cierto que el ejercicio público es, o debe ser, gratificante por el mero hecho del servicio a la sociedad que supone. Y esto es lo que el ciudadano, creemos, demanda: un servicio eficaz.  La asistencia sanitaria, la educación, la investigación, entre otras cosas, serían muy distintas sin un cuerpo de profesionales comprometidos y competentes. Por ello no cabe el regocijo ni la petición gratuita de aquiescencia ante la disminución de sueldo. El objetivo común es la satisfacción de las necesidades de la población y la accesibilidad a servicios básicos en una sociedad avanzada y de bienestar. Y los empleados públicos contribuyen a ello.

Etiquetas:
Categorias: Opinión