Archivo de abril, 2011

¿INEQUIDAD DEL SISTEMA?

El Sistema Nacional de Salud (SNS) es el conjunto coordinado de los servicios de salud dependientes del Estado y los de las comunidades autónomas. Parece que esa coordinación es dudosa en base al informe anual del Defensor del Pueblo, donde se cuestiona la igualdad de acceso y prestaciones de las distintas administraciones.

Así lo podemos leer en  un Diario Médico reciente (1). Esta es una cuestión que se ha venido planteando desde hace años. Cada Comunidad Autónoma decide qué prestaciones y en qué condiciones presta los servicios sanitarios. El Consejo Interterritorial del SNS es el órgano de coordinación entre las administraciones públicas sanitarias central y autonómicas y  ha de  promover la cohesión del SNS a través de la garantía  de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio del Estado. Por otro lado,  la asunción de competencia sanitaria por cada Comunidad Autónoma garantiza el acceso a las prestaciones y el derecho a la protección de la salud en condiciones de igualdad en todo el territorio y  la libre circulación de todos los ciudadanos.

Sin embargo,  en este momento en que todo derecho aparentemente consolidado parece poder cuestionarse, son muchas las situaciones cotidianas en las que el ciudadano se enfrenta a desigualdades flagrantes en el acceso a la sanidad. No parece propio de un país el que unos usuarios tengan cubiertas unas prestaciones y,  por pasar un limite jurisdiccional (que no una frontera) esas prestaciones se vean acrecentadas o aminoradas. Más cuando en el Estado español las distancias son tan cortas y la movilidad de los ciudadanos algo tan cotidiano.

Si como hemos visto, existe la intención de salvaguardar la homogeneidad de las prestaciones sanitarias, aunque quepan diferencias, no se entiende las divergencias entre administraciones a no ser que lo que se pretenda sea la diferenciación, que lleva, a nuestro entender, a la frustración y la falta de comprensión por parte de los potenciales agraviados con esas desigualdades.

Difícil de comprender es que en una Comunidad Autónoma las prestaciones en salud bucodental estén dentro de su catálogo de prestaciones y en otra no. O que el calendario vacunal sea distinto y acarree gastos para unas familias y otras no. O que el traslado de un ascendiente al lugar de residencia de sus hijos impida el acceso a los servicios sociales si no se tramitan desde la comunidad de origen (a la que el contribuyente no puede acudir por la dependencia de sus hijos). No sería descabellado pensar que no se acceda a la fisioterapia de igual manera entre comunidades.

Si además se añaden las diferencias en cuanto a tipo de gestión o prioridades según la orientación política de las administraciones el panorama se acerca al de un sistema de sistemas variopintos e inconexos. En definitiva, se establecen diferencias que tienden a la inequidad en el acceso a los servicios sanitarios y sociosanitarios.

No conocemos la solución pero lo que está claro es que esta realidad no es la pretendida por las diposiciones de más alto nivel. Como en otras cuestiones cabe exigir a los administradores que simplementen cumplan con las reglas del juego.

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Referencia

1.  Laura G. Ibañes . El Defensor del Pueblo constata inequidad en las prestaciones. En Diario Médico, 8 de abril de 2011. http://www.diariomedico.com/2011/04/08/area-profesional/sanidad/defensor-pueblo-constata-inequidad-en-prestaciones. Acceso 8 de abril de 2011.

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¿ALGUIEN DIJO COPAGO?

Si situamos los derechos ciudadanos en materia de servicios públicos  en un sistema de coordenadas estos parecen seguir una curva descendente, lineal a veces, espasmódica otras, sin poder precisar desde cuando ocurre así.

Hasta el comienzo de la actual crisis económicofinanciera este hecho se pudo ver amortiguado o frenado por la falta de necesidad de contención o restricción.  Ahora, todo aminoramiento del gasto a costa de derechos consolidados parece justificada y justificable ante los ojos de gran parte de la problación. Esta se muestra aquiescente e incluso condescendiente con los recortes. Pero se olvida que sin esos derechos su vulnerabilidad aumenta y corre riesgo de ver afectada sustancialmente su forma de vida.  Así, la pérdida de una educación de calidad y accesible en igualdad de condiciones tendrá consecuencias personales y societales futuras. Y, en nuestro ámbito, la falta de una sanidad universal condicionaría el desarrollo vital ante eventuales enfermedades de mayor o menor gravedad.

Nos resulta difícil imaginar un Estado en el que el acceso a la asistencia sanitaria dependa de la capacidad económica. Hemos escuchado argumentos a favor de esta situación pero nuestra cultura la rechaza explícitamente en sus normas reguladoras. Sin embargo, esos pilares ideológicos parecen agrietarse y las creencias, dada su cualidad de mutables, parecen evolucionar hacia la aceptación de un acceso diferenciado a los cuidados de salud en base al nivel adquisitivo. Muchos ciudadanos empiezan a ver natural la suscripción de seguros privados paralelos al público. Y dentro de los sistemas públicos se oyen rumores de formas de financiación adicionales a las tributarias, como el pago directo por la asistencia o copago. Independientemente de la bondad o idoneidad de esta propuesta lo que atisbamos  en el trasfondo es una amenaza larvada a la equidad. Esta amenaza la situamos en la misma dirección de posiciones insolidarias alejadas de nuestra cultura y sistema de valores. Cultura que surgió de movimientos sociales impulsados por las generaciones pasadas y asimiladas por posturas ideológicas de muy distinto signo político.

Deberíamos estar tranquilos ante cualquier tentación de financiamiento directo por el usuario de la sanidad, pues ninguna opción política parece apoyarla. Sin embargo, la situación descrita de asunción incontestada de muchas de las medidas de reducción del gasto público podrían dejar cabida a nuevas propuestas que hagan depender la recepción del  servicio del pago individual. Ante esto, en nuestra opinión, urge demandar una mejor gestión de los recursos y una política de adecuación de la demanda que haría innecesaria cualquier medida suplementaria de financiación de una sanidad pública de calidad.

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