Síndrome de insuficiencia renal aguda: envenenamiento al tomar un jarabe fabricado con Dietilen Glicol provocó más de 119 fallecimientos en Panamá


En julio de 2007 se publicó un post en esta bitácora: Dietilen Glicol del envenenamiento en humanos al fraude en el consumo denunciando este hecho; ahora me encuentro que periódicos y televisiones, al menos en España, se han hecho eco estos días de la noticia como si fuera una gran novedad. Reviso lo que escribí hace 2 años y no ha variado el número de fallecimientos que ya dimos en su momento, y me pregunto ¿Por qué ahora es noticia de portada y hace dos años no?.
Como explicamos hace dos años se produjo una cadena de negligencias desde su origen en China, pasando por España, hasta llegar a Panamá. Que en todos estos lugares debía realizarse la comprobación del producto y la determinación de su inocuidad para la salud, sabiendo que iba a utilizarse para el consumo humano.
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«Todos los responsables de esta larga cadena de errores y negligencias son culpables.

La novedad ahora es que los afectados han creado una asociación y a través de la justicia, tanto española como panameña, exigen que se depuren las responsabilidades sobre lo ocurrido.

Jarabe

Resumamos un poco la historia y luego daremos paso a las noticias aparecidas en el periódico “El País”

Las  autoridades de la Seguridad Social de Panamá en el año 2003 sacaron a concurso la compra de 9.000 kilos de glicerina.  Esta glicerina, que fue comprada por una empresa española en China y posteriormente exportada a la Seguridad Social de Panamá, contenía un porcentaje elevado de dietilenglicol, con este producto se elaboró un jarabe antihistamínico y expectorante que se distribuyó en 20.000 frascos por todo el país causando una intoxicación masiva con el resultado de, al menos, 119 muertos entre 2006 y 2007. Se investiga la muerte de otras 400 personas, cuyos cadáveres se están exhumando, que tomaron el jarabe y fallecieron a los pocos meses.

 

El dietilenglicol, producto anticoagulante, tóxico para el consumo humano, provocó a las víctimas fallos renales agudos, oligoanuria, alteraciones del sistema nervioso, náuseas, vómitos, somnolencia, afectación de pares craneales y nervios periféricos, lesiones hepáticas y pancreáticas, edema pulmonar, y otros síntomas con el resultado de muerte. Un envenenamiento masivo que se definió como síndrome de insuficiencia renal aguda.

 

Información publicada en “el País”:

 

La Audiencia Nacional investiga una intoxicación con 119 muertos

JOSÉ MARÍA IRUJO – Madrid – 25/01/2009

El juez Ismael Moreno, a petición de la fiscalía, ha acordado tomar declaración en calidad de querellada a la representante de la empresa a las autoridades de la Seguridad Social de Panamá que en el año 2003 sacaron a concurso la compra de 9.000 kilos de glicerina para elaborar un jarabe expectorante que se distribuyó en 20.000 frascos por todo el país y causó una intoxicación masiva con el resultado oficial de, al menos, 119 muertos entre 2006 y 2007. Se investiga la muerte de otras 400 personas, cuyos cadáveres se están exhumando, que tomaron el jarabe y fallecieron a los pocos meses. La fiscalía de Panamá ha recibido 500 denuncias de familiares y hay miles de afectados.

La glicerina comprada por la empresa española en China y exportada a la Seguridad Social de Panamá contenía un porcentaje elevado de dietilenglicol, tóxico para el consumo humano, que provocó a las víctimas fallos renales agudos, oligoanuria, alteraciones del sistema nervioso, náuseas, vómitos, somnolencia, afectación de pares craneales y nervios periféricos, lesiones hepáticas y pancreáticas, edema pulmonar, y otros síntomas con el resultado de muerte. Un envenenamiento masivo que se definió como síndrome de insuficiencia renal aguda y que convulsionó al país.

Alejandro Sanvicente, el letrado español que representa a las víctimas panameñas, describe en la querella una larga cadena de presuntas negligencias de la empresa española Rasfer Internacional, SA, con sede en Barcelona dedicada a la importación, exportación, fabricación y transformación de productos químicos o farmacéuticos. Y apunta, también, a la responsabilidad de las autoridades sanitarias españolas por la ausencia de control en la exportación de estos productos farmacéuticos. «La falta de control por parte de las autoridades administrativas puede contribuir a que determinadas empresas realicen la distribución de sustancias tóxicas sin cumplir con su deber de diligencia y con absoluta impunidad, avocando el resultado a un fatal desenlace».

La Caja de Seguro Social panameña ofertó, en mayo de 2003, la compra de glicerina pura para la elaboración de medicamentos de uso humano. La adjudicataria de la licitación fue la empresa panameña Grupo Comercial Medicom que solicitó a la española precios de glicerina pura, así como el nombre del posible proveedor.

Rasfer Internacional SA, facilitó un precio por litro de 0,795 dólares USA (0,61 euros) y el nombre de la empresa española Quimidroga, pero finalmente compró el producto a la intermediaria china Cnsc Fortune Way Company a un precio superior y, según dice la querella, lo suministró, en septiembre de 2003, a Medicom «sin realizar previo análisis ni comprobación alguna del producto». Quimidroga asegura que nunca fue contactada por Rasfer y esta última afirma que no envió el citado escandallo a Panamá.

El producto llegó por mar al puerto panameño de Colón en 46 tanques o bidones que Medicom vendió como glicerina pura a la Caja de Seguro Social de Panamá. El grupo Medicom reetiquetó los bidones y modificó su fecha de caducidad, aunque no alteró su contenido. La querella destaca que el transcurso del tiempo no transforma este producto en tóxico y menos aún en dietilenglicol.

La Caja de Seguro Social panameña analizó el producto para determinar la calidad y pureza de la glicerina, pero no si contenía sustancias tóxicas. Elaboró el jarabe para la tos, expectorante sin azúcar antihistamínico, y distribuyó 20.000 frascos en el mercado farmacéutico. El producto envenenado se repartió gratis a las familias más pobres del país.

La avalancha de denuncias y fallecimientos provocó que la fiscalía hiciera un nuevo análisis, esta vez con mejores medios, en bidones todavía precintados y ahí apareció el veneno, la sustancia química dietilenglicol.

La querella admitida a trámite por la Audiencia Nacional asegura que Rasfer, «en clara connivencia con el proveedor y el fabricante chino, obtuvo un producto a un precio muy inferior al del mercado y distinto al que oficialmente se recoge en la documentación de compra, falseando la realidad de la factura de compraventa con el único fin de obtener un mayor beneficio, sin importarle la calidad del producto a exportar y poniendo en peligro la salud de los consumidores panameños». La empresa española lo niega.

Las víctimas acusan a Rasfer Internacional SA de no comprobar que el producto que le suministraban desde Asia era el correcto, que no adolecía de impurezas y que era apto para el consumo humano. «Ni siquiera procedió a analizar una muestra del producto importado ni comprobó el certificado de análisis aportado por la empresa china… Se limitó emitir un certificado con su logo y sello dando por bueno el análisis del proveedor chino», dice la querella. El perito de las víctimas afirma que el certificado de análisis de la empresa española no es el que corresponde a un producto apto para la elaboración de medicamentos.

La defensa de Rasfer destaca que la legislación vigente en materia de exportación e importación no obliga a reanalizar el producto El letrado de las víctimas responde en la querella que el certificado de análisis del proveedor chino era irregular y que la empresa farmacéutica española estaba obligada a comprobar si la mercancía que recibió era la que había pedido. «Debió proceder a la devolución del producto importado o en todo caso reanalizar la supuesta glicerina… Exportó el producto venenoso dietilenglicol por una falta total de diligencia».

Ismael Moreno, el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga el caso, acuerda que se tome declaración a los principales responsables de la Seguridad Social de Panamá que tuvieron alguna relación con la compra de los 9.000 kilos de glicerina con la que se fabricó el jarabe asesino.

Además de interrogar a Ascensión Criado Martín, administradora de Rasfer Internacional, SA, y a Joseph María Rovira, director de control de calidad de la empresa, la justicia española tomará declaración a Magister Jessica Rodríguez, directora Nacional de Compras y Abastos de Panamá; René Luciani, director de la Caja de Seguridad Social; Narciso Solís, director Nacional de Farmacias; al director de laboratorio de la Caja de Seguro Social de Panamá.

 

Se buscan culpables por 142 muertes

JOSÉ MARÍA IRUJO – Madrid – 22/03/2009

La Audiencia Nacional investiga una intoxicación con 119 muertos

El medicamento contenía un alcohol utilizado comorefrigerante y líquido para frenos que condujo a la muerte a otras 400 personas que tomaron el jarabe y cuyos cuerpos se están exhumando. «Nadie sabe cuánta gente ha muerto. Nosotros creemos que hay miles de casos», asegura Gabriel Pascual, de 37 años, presidente del Comité de Víctimas. Pascual ha perdido a su abuela, de 90 años, y a su padre, de 70, fallecido hace varias semanas. «Es el último muerto de esta tragedia», dice.

Asunción Criado, la gerente de Rasfer Internacional, SA, declaró esta semana en calidad de querellada ante el Juzgado número 24 de Barcelona. La Audiencia Nacional tramita una querella presentada por las víctimas contra ella y la empresa española por el presunto delito de imprudencia con resultado de muerte, pero la Corte de Justicia de Panamá demanda que Criado declare en su país. «Todos los culpables de esta cadena de errores deben declarar aquí. Se lo deben a las víctimas», reclama Pascual.

La responsable de Rasfer Internacional afirmó que su empresa no analizó el producto recibido desde China porque lo debe hacer el fabricante del medicamento y el de la materia prima. Y añadió que la comprobación del certificado de análisis facilitado por el distribuidor chino fue «únicamente documental». Criado señaló que los bidones con glicerina estuvieron en el puerto de Barcelona, no en las dependencias de Rasfer, y que no pidieron muestras originales del producto. «No debíamos ni podíamos reanalizar el producto», declaró al juez.

Cuando Alejandro Sanvicente, abogado de las víctimas, le preguntó la causa por la que Rasfer había pedido al distribuidor chino glicerina CP para consumo humano, la administradora respondió que decidieron poner CP «para exigir una calidad mínima de la glicerina». Su alegato, según fuentes judiciales, se centró en que su empresa, como comercializadora, «no conoce la composición de los productos que exportan o importan porque no son químicos, sino comerciales». El objeto social de la empresa es la importación, exportación, fabricación y transformación de productos químicos o farmacéuticos.

En 2007, Wei Chuanzhong, viceministro chino de la Administración General de Supervisión de Calidad, presentó los resultados de su investigación y aseguró que la empresa española sabía lo que estaba comprando. Aseguró que en el correo electrónico que intercambiaron Fortune Way, la empresa china exportadora, y Rasfer Internacional «queda claro que el uso de la glicerina TD no está autorizado en la farmacología china». El empaquetado no advertía la composición de la glicerina.

Sanvicente, el abogado español de las víctimas, destaca que una cosa es el reanálisis -la legislación en materia de exportación e importación no obliga a hacerlo-, y otra el hecho de que la empresa española estaba obligada a comprobar que la empresa china le había enviado lo que había pedido. Estás obligado a entregar al cliente lo que te ha pedido. Estás obligado a saber qué diablos te entregan, y si además se trata de un producto farmacéutico, esa exigencia es todavía mayor».

La ruta del jarabe asesino se inició en la población china de Hengxiang, en el delta del Yangtsé, donde se encuentra la sede de la compañía Taixing Glycerin Factory. De allí partieron los 46 barriles de glicerina comprados por el intermediario chino CNS Fortune Way, con sede en Pekín. Fueron embarcados en un puerto próximo a Shanghai y viajaron hasta el puerto de Barcelona. Rasfer Internacional los recibió y reenvió al puerto panameño de Colón. La empresa panameña Medicom lo entregó a la Caja de Seguro Social de Panamá, que analizó el producto para determinar la calidad y pureza de la glicerina, pero no comprobó si contenía sustancias tóxicas. Tras ser elaborado el jarabe, fue distribuido por todo el país. La marea de fallecimientos y denuncias provocó un nuevo análisis en el que apareció el dietilenglicol.

Medicom ha cerrado, y Ángel de la Cruz, su representante, está en prisión. René Luciani, director de la Caja de Seguro Social, está imputado, y los familiares de las víctimas aguardan una justicia que no llega. «Todos los responsables de esta larga cadena de errores y negligencias son culpables.

 

Consuelo Ibáñez Martí

Médico salubrista

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3 comentarios

  1. cuando sera el dia que nuestro presidente se ponga los pantalones largos y diga quien es el que esta involucrado pero ya es tarde porque ya le queda muy poco tiempo pero Martin estos seres vivo que se estan muriendo son humano y son los que te dieron el voto para que hoy fueras presidente de este hermoso paissi puedes hacer halgo agalo por sus semejante

  2. porque no aparecen el listado de las personas envenenadas ya que en la fecha del mes de octubre yo tome el medicamento el cual me lo habian medicado para el mes de julio del 2006. y supuestamente el rando de creatinina no es suficinete

  3. El gobierno de Panama, reconoce y admite que por medio de descuidos en la forma como se introdujo el veneno del dietilenglicol en Panama ellos como gobierno deberian asumir toda la responsabilidad y pensionar a todos los afectados por igual sin causarle mas danos ni revictimizaciones, pero en vez de eso, cada dia se crea mas complicaciones para explotar la situacion a favor de nuevos inquilinos como abogados y personas de jerarquia buscando como disfrutar de esta situacion, lucrandose a costillas de los envenenados. QUE PECADO

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