Como hemos manifestado en la primera parte de esta entrada, nuestra postura es clara en la defensa de la provisión de servicios, y especialmente hacemos referencia a los sanitarios, desde el ámbito de la Administraciones públicas. La cuestión es si tenemos argumentos para mantener tal posición en tiempos como los actuales, en los que escasean recursos y se achaca parte de la situación al gasto provocado en la prestación de esos servicios.
Los gestores y dirigentes de las organizaciones beneficiadas por la privatización hacen suyos los argumentos de idoneidad de dar más peso al sector privado en la prestación de determinados servicios. En esta línea se han manifestado recientemente representantes de la sanidad privada (1). Según estos “la sanidad pública tiene mucho que perder si la privada disminuye su peso en el mercado”, dado el efecto amortiguador y distribuidor de las presiones asistenciales. Reclaman además la utilización de sus recursos integrándolos en el sistema sanitario.
Dada la toma de posición a la que aludimos anteriormente partimos del convencimiento de que los servicios básicos, como la sanidad (o la educación, la justicia y la seguridad ciudadana), han de ser accesibles a toda la población, en igualdad y sin discriminación por razón económica. La legislación apunta en el mismo sentido. Pero además lo consideramos como una inversión sin rendimiento crematístico, y con ventajas no tangibles de forma inmediata , y muchas veces difusas. En el caso de la prestación sanitaria su oferta en condiciones de justicia se considera en los códigos deontológicos de forma tradicional. Para nosotros, por tanto, la asistencia no sólo debe realizarse en condiciones accesibles, sino que deber ser de calidad. Los males que pueden identificarse con la sanidad pública, como la demora en la atención o una menor calidad hotelera, no deben considerarse inherentes a la misma ni deberían servir de reclamo para la sanidad privada. Es decir, la atención sanitaria pública debe asumir un compromiso constante con la calidad de tal forma que la opción por otro tipo de sistema se haga en función de consideraciones ajenas a la misma.
Otra discusión es si los prestadores del servicio han de ser dependientes de las Administraciones públicas o si estas pueden delegar mediante su financiación en instituciones o empresas privadas. Creemos que, idealmente, el receptor o usuario puede sentirse atendido satisfactoriamente. Sin embargo, la naturaleza empresarial enfoca a los prestadores hacia el lícito lucro económico, lo que puede derivar en prácticas de gestión que traten de aminorar gastos o incrementar ingresos, que pueden afectar a la calidad del servicio. Este puede ser el caso de la investigación, cuyo grado de prioridad en instituciones sanitarias privadas, salvo excepciones, será escaso o nulo si no hay rédito de la misma. Por otro lado, la delegación en instituciones privadas distintas para la prestación del servicio contribuirá a la heterogeneidad del mismo, sin una unidad de objetivos, de criterios de proyectos o de preferencias. Y algo quizás no observable directamente, intangible, pero de consecuencias poco saludables, como la ausencia de un sentimiento de pertenencia a una organización común. Esto último se manifiesta con mayor intensidad en centros donde se combina personal de distintas empresas, publicas y privadas, que conviven con distintos intereses, preocupaciones y condiciones laborales.
Son presisamente las condiciones laborales el empleado público las que han originado recelo y suspicacia, y se han esgrimido como crítica en las condiciones económicas del momento para propiciar una disminución de sus salarios. Tales condiciones no son tan ventajosas como pudiera parecer, al menos para la gran mayoría de los empleados (hemos hablado de ello en esta entrada). Pero sí que hay que reconocer que muchas de las críticas vertidas, como las que comenta Santos Guerra (2) y exponemos al principio de la primera parte de esta entrada, tienen su base en comportamientos poco comprometidos, nada edificantes o abiertamente reprensibles de muchos empleados públicos. En cualquier caso, esto no es un mal inevitable ni connatural a los organismos o empresas públicas. Pretender o inculcar que sí lo es es un ataque directo e interesado contra la los mismos. Congratularse con ello también. Y los ciudadanos deben saber que es responsabilidad inherente a los cargos que gestionan ese patrimonio, del que el conjunto se beneficia, hacer que los servicios públicos funcionen y lo hagan bien, aunque haya que modificar actitudes y propiciar aptitudes.
Referencias
1. Fernández R, Mate X. La convivencia del sistema sanitario público y el privado. En Diario Médico, sección Sanidad, página 6. 17 de noviembre de 2010.
2. Santos Guerra MA. El buscador de manantiales. Perfil del tutor de medicina. En Cabero Roura L. Manual para tutores MIR. Editorial Médica Panamericana. Madrid (2007). Pag 49-72.
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