Disputas por el control de los ríos y el abastecimiento de agua

La aparición del nuevo marco estatutario está afectando y afectará a la política del agua del país, impulsándose por parte de las comunidades autónomas el control de los grandes ríos españoles, algo novedoso pero motivado por las apremiantes necesidades de agua de algunas comunidades autónomas y la negativa de otras a ceder un bien tan preciado y que, en épocas de sequía como la que vivimos, no puede defenderse que sobre en casi ninguna cuenca de nuestro país.

[Grupo de Fisicoquímica de Procesos Industriales y Medioambientales,

FQPIMA.Universidad Complutense de Madrid.]

Llegada la época estival la sequía que padece nuestro país se acentúa. Mensajes en las marquesinas de las paradas de bus, en las estaciones de metro, anuncios en televisión y radio, e incluso folletos repartidos en zonas de transición de muchas personas nos informan sobre la necesidad de ahorrar agua y los modos de hacerlo, como por ejemplo, la última campaña del Canal de Isabel II. Pero todo esto, no es nada en relación con las medidas drásticas que en algunos puntos geográficos se han empezado a tomar, como no permitir el uso del agua para actividades imprescindibles como es el llenado de piscinas o el lavado de coches.

Las comunidades autónomas además de imponer estas medidas, se encuentran sumergidas en otras batallas legales por el abastecimiento del agua, como es el control de los ríos y la gestión del agua. El Parlamento y los tribunales tienen la última palabra, aunque se vislumbra una tramitación incierta.

El inicio de las discordias entre las comunidades tienen su comienzo con las exigencias del estatuto catalán hacía las aguas del delta del Ebro. Ante esto, como respuesta, Andalucía en su nuevo estatuto de autonomía proclama la competencia exclusiva del río Guadalquivir (la última palabra la tiene el Parlamento). Ante esto Castilla-La Mancha y Extremadura han protestado argumentando que afluentes de estas comunidades nutren su río.  Ambas posturas, catalana y andaluza,  parten del común de que si se ha cedido la gestión de la política territorial, la del agua también debe concederse.  

Mientras en esta carrera de poder sobre los ríos otras comunidades plantean sus exigencias. La Comunidad Autónoma de Castilla y León quiere gestionar la cuenca del Duero (pese a tratarse de un río internacional), Aragón prepara condiciones para tener un notable  control de la cuenca del Ebro, y Castilla-La Mancha argumenta razones para que su agua no vaya a  otras comunidades.

En el otro lado están las Comunidades de Valencia y Murcia, con sus necesidades de aguas anunciadas a los cuatro vientos, y que no dejan de reclamar el agua que, según ellos, les sobra a otras comunidades y no solo eso si no que convierten este reclamo en un derecho aunque ninguna comunidad admite tener excedentes de agua.  El punto caliente es el  trasvase Tajo-Segura. Las relaciones entre Castilla-La Mancha y, Valencia y Murcia han sido tensas desde que tuvo lugar el primer trasvase allá por 1979. La decisión sobre la cantidad de agua trasvasada la tiene el Ministerio de Medio Ambiente que defiende que se mantenga lo establecido en los límites, ponderación entre lo que Murcia exige para solventar un consumo disparado debido al turismo y  a los  cultivos de regadío, y lo que quiere ceder Castilla-La Mancha, solo agua para consumo humano.

Ante estas nuevas políticas regionales por hacerse con el control de las principales confederaciones hidrográficas, encargadas de la gestión de las cuencas de los principales ríos y controladas por el Ministerio de Medio Ambiente, muchos coinciden en que la legislación española sobre las aguas debe evolucionar y las confederaciones deben pasar a manos de las autonomías. Frente a estas nuevas exigencias, las leyes actuales (que son de hace 80 años) promulgan que sólo las cuencas internas de cada comunidad pueden ser gestionadas por la administración local, y que las que afectan a varias autonomías es el Gobierno central es el encargado de su gestión.  Medio Ambiente se muestra cauteloso ante la gestión del agua resultado de las actuales posturas de competencias autonómicas.