Quien contamina paga … y además repara los daños

La ministra de Medio Ambiente presento hace unos días el anteproyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental, que presenta avances significativos para la prevención de la contaminación. La nueva ley amplia el principio de “quien contamina paga” extendiendo la responsabilidad a la reparación de los daños causados por la contaminación y a la restitución de los recursos naturales al estado en el que se encontraban antes de que se produjera el daño. La ley se deriva de la directiva comunitaria 2004/35/CE cuya transposición es obligatoria en los estados miembros en 2007.

[Grupo de Procesos y Sistemas de Ingeniería Ambiental,
Universidad Autónoma de Madrid]

El principio de “quien contamina paga”, formulado en 1992 en la cumbre de Río de Janeiro, se configuró como una vía para disuadir del incumplimiento de la normativa mediambiental y acercarse al modelo de desarrollo sostenible. Existe consenso sobre el beneficio ambiental que puede reportar el seguimiento de dicho principio, el cual se encuentra incluso contemplado en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, sin embargo su aplicación debe articularse de forma que no consista en la mera aplicación de multas a los infractores. Se debe disuadir a los infractores de considerar la contaminación como un aspecto inherente a la producción que supone un coste asumible. En esta línea, el artículo 75.5 de la Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid establece que “en ningún caso la multa correspondiente será igual o inferior al beneficio que resulte de la comisión de la infracción, pudiendo incrementarse su cuantía hasta el doble del mismo, aunque ello suponga superar las sanciones máximas previstas en los párrafos precedentes”. Las leyes como la indicada se muestran insuficientes en casos graves de contaminación en los que la reparación del daño ambiental es difícil y muy costosa.

Para hacer frente a la situación expuesta la Unión Europea aprobó la Directiva 2004/35/CE, que representó el primer texto legislativo comunitario con el principio de «quien contamina, paga» como uno de sus objetivos principales. La directiva establece también un marco común de responsabilidad con el fin de prevenir y reparar los daños causados a los animales, las plantas, los hábitats naturales y los recursos hídricos, así como los daños que afectan a los suelos. Asimismo, las autoridades públicas deberán velar por que los propios operadores responsables adopten o sufraguen las medidas necesarias de prevención o reparación.

La transposición de la directiva es obligatoria a partir del 31 de abril de 2007 en los estados miembros, los cuales han preparado sus leyes correspondientes. Así, hace unos días la ministra de Medio Ambiente, Cristina Carbona, presento el anteproyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental. La ley presenta avances significativos para la prevención de la contaminación. Las compensaciones económicas no serán ya suficientes para afrontar la responsabilidad ante una infracción de la normativa ambiental, sino que será responsabilidad del causante del daño su reparación y la restitución de los recursos naturales al estado anterior al daño. Para asegurar que las empresas dispongan de recursos económicos con los que hacer frente a su responsabilidad la ley les exigirá una garantía financiera. En aquellos casos en los que no se pueda aplicar la nueva ley se creará un fondo estatal para reparar los daños que se produzcan en el dominio público estatal. Además de asegurar la reparación de los daños, la garantía financiera tiene por objeto evitar que las administraciones públicas deban hacer frente a la reparación de los daños. Sirva como ejemplo el que el Ministerio de Medio Ambiente ha dedicado 183 millones de euros durante los últimos años para tal fin; de ellos, 75 millones de euros corresponden a los vertidos al río Aznalcollar como consecuencia de la balsa minera de la empresa Boliden en 1998. Otro caso relevante es el de la contaminación de las aguas del embalse de Flix, para cuya recuperación se estima que será necesario invertir 155 millones de euros.

Otro aspecto relevante es que tanto las acciones de prevención como las destinadas a corregir los daños deberán ejecutarse de forma inmediata a la detección del daño, sin necesidad de esperar a que instruyan las causas o las autoridades decidan sobre a quien corresponden las responsabilidades. El nivel de exigencia dependerá del tipo de actividades, así para unas 5.000 instalaciones industriales, las empresas de transporte de mercancías peligrosas, en torno a un millón de explotaciones agrarias, las balsas mineras, las actividades relacionadas con organismos modificados genéticamente, la gestión de residuos peligrosos, la producción y distribución de sustancias peligrosas y el manejo de biocidas y fitosanitarios será obligatoria la adopción de medidas de seguridad. Asimismo se exigirá responsabilidad sin necesidad de que exista culpa o negligencia por parte del operador. En otras actividades también será exigible la reparación del daño, aunque solamente cuando se demuestre la culpa o negligencia del operador.