Reclamando que la planificación hidrológica nacional sea competencia “única y exclusiva” del Estado

Una nueva polémica está servida. La relativa a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, consensuada por todos los partidos políticos en esa comunidad, por fijar para 2015 el cierre del trasvase Tajo-Segura. Si el Gobierno Murciano anunciaba que prepara ya un recurso de inconstitucionalidad si el texto no se modifica en el Congreso, la poderosa Federación  Nacional de Regantes lo ha rechazado de plano, al advertir que la planificación hidrológica es competencia única y exclusiva del Estado, y no compartida como se plantea desde el Gobierno Castellano-Manchego.

 

[Grupo de Tratamiento de Aguas.
Universidad de Alcalá]

La aprobación el pasado lunes del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que reconoce en su texto el derecho del Estado y de esta comunidad a velar para que el volumen de agua trasvasable desde el Tajo al Segura se reduzca progresivamente hasta su definitiva extinción en 2015, ha desatado la que se augura una verdadera ”guerra del agua”.

 

Para empezar, el presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) manifestó recientemente que la planificación hidrológica nacional es competencia “única y exclusiva” del Estado.

 

El presidente de Fenacore afirmó que es un “error político” que los recientes Estatutos de Autonomía de las distintas comunidades autónomas entren a regular una competencia exclusiva del Estado, ya que las competencias sobre cuencas intercomunitarias “no pertenecen a las regiones, sino al Estado central, tal como reconoce la Ley de Aguas y la Constitución española en sus artículos 149 y 45.2”.

En este sentido, el representante de los regantes insistió en que los ríos que atraviesan varias comunidades autónomas “con independencia del color y signo del partido que las gobierne, deben ser planificados y gestionados por el Estado”, con el fin de evitar la “instrumentalización del uso del agua que sólo conduce a hipotecar los ríos existentes y a provocar guerras del agua”.

 

Las obras de regulación y los trasvases intercuencas, así como otras medidas relacionadas con la gestión de la demanda (modernización de regadíos, reutilización de aguas depuradas, explotación de acuíferos, desalación) son necesarias ahora más que nunca para garantizar el suministro de agua en épocas de sequía, y se agudizarán aún más ante la posibilidad de un cambio climático con lluvias torrenciales y espaciadas en el tiempo que hagan inviable el suministro de agua para los distintos usos si no se encuentra almacenada”.

 

El presidente de Fenacore recordó que la “contaminación política del agua” ha causado durante estos últimos años desencuentros poco afortunados entre las distintas Administraciones Públicas y un gran perjuicio para los propios usuarios por el retraso que supone para la planificación hidrológico nacional.

 

Finalmente, advirtió que el agua es una cuestión de estado que debe quedar fuera del debate partidario. Las obras hidráulicas tienen un periodo de maduración muy largo, superior a una legislatura, y su explotación debe tener una continuidad. El representante de los regantes apuntó que las decisiones sobre la gestión del agua no son fáciles de tomar pero deben descansar siempre sobre el consenso y responder a los intereses reales de los usuarios.

 

“El agua es un problema que nos afecta a todos y, por ello, no podemos permitirnos que el agua genere discrepancias entre comunidades. Entre todos debemos esforzarnos por conocer los problemas particulares del agua de las regiones y cuencas vecinas, hacerlos nuestros y apoyar las soluciones con solidaridad”, concluyó.

 

Esperemos que los políticos de todos los colores estén a la altura que la sociedad les demanda en este tema, hoy por hoy importante, pero que lo será mucho más en el futuro. Para los interesados en la legislación relativa a la “distribución de competencias“ en el tema del agua, en este enlace podemos encontrar buena parte de la legislación española al respecto.

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Un comentario

  1. Esa, y muchas otras competencias deberían ser exclusivas del gobierno central, o al menos estar coordinadas de verdad por él. La descentralización solo debería existir para acercar la administración al ciudadano y hacer de verdad más eficaz la gestión, sin aumentar el gasto. Duplicidades y reinos de taifas, los mínimos.

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