El Gobierno planea declarar de dominio público las aguas minerales y termales

[Grupo de Procesos y Sistemas de Ingeniería Ambiental,
Universidad Autónoma de Madrid]

La semana pasada se adelantó el borrador del anteproyecto de Ley de Bases de las Aguas Minerales y Termales, mediante el que el Gobierno tiene intención de declarar de dominio público (demanializar) las aguas minerales y termales. El anteproyecto de ley ha sido elaborado por los servicios del Ministerio de Industria, dado que el agua es considerada un recurso geológico y minero. En la exposición de motivos se manifiesta que el objetivo del anteproyecto de ley es aclarar el régimen de propiedad de las aguas minerales y termales, “asunto que se podría calificar como no pacífico en la actualidad”. Las aguas minerales y termales se regulan por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, que considera que los recursos mineros pueden ser explotados con un objetivo económico mediante autorización administrativa, que conceden las Comunidades Autónomas. El texto indica que “ha de entenderse que existen actualmente aguas minerales y termales de titularidad privada, en contra de la naturaleza demanial del resto de los recursos geológicos e hidráulicos. De aprobarse la ley los propietarios de los manantiales pasarían a ser concesionarios y deberían pagar un canon por el uso privado del dominio público. El canon que se prevé es del uno por ciento del valor del aprovechamiento, revertiendo dicho canon sobre los ayuntamientos.

Las críticas a la medida no han tardado en llegar. La Asociación Nacional de Empresas de Bebida Envasada (ANEABE) no acepta el interés general de la medida, aduciendo a la escasa contribución del agua envasada a los recursos hídricos totales de España. Así, dicha asociación indica que el total del agua envasada comercializada en España durante todo un año equivale al consumo de dos días en la ciudad de Madrid. Los representantes del sector del agua mineral aseguran que la medida provocará además un aumento en el precio que el consumidor para por el agua embotellada, poniendo como ejemplo el efecto que han tenido otras medidas como la tasa por reciclado de envases o la ecotasa balear.

Otro punto de preocupación para el sector es su propio futuro. El sector factura 1.000 millones de euros al año y da empleo a 4.500 personas, con un crecimiento muy importante en los últimos años que ha dado lugar a inversiones importantes. Como ejemplo, en 2006 las inversiones ascendieron a 100 millones de euros. La nueva situación generada por la ley llevaría a menores inversiones en el mantenimiento o mejora de las instalaciones. Las nuevas inversiones estarían supeditadas a la rentabilidad futura de las explotaciones, lo que está directamente relacionado con el plazo de explotación. El borrador establece que para compensar de “forma suficiente y adecuada” a los propietarios de las aguas que son demanializadas existirá una disposición transitoria por la que se establecerá una concesión de 60 años de duración. A pesar de ello el sector cree que los inversores afrontarían la nueva situación con gran incertidumbre sobre el futuro, puesto que los mismos motivos de interés social que han llevado a plantear la expropiación de los manantiales podrían provocar revocaciones de las concesiones si se produjesen épocas de escasez severa de recursos.