Numerosos núcleos urbanos en España incumplen la directiva 91/271 de depuración de aguas residuales urbanas

Ochocientas aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes equivalentes, que suman más de 6,5 millones habitantes equivalentes, entre ellas ciudades con más de 200.000 habitantes,  no depuran, o lo hacen insuficientemente, sus aguas residuales. El problema -que se  debería haber resuelto antes de 2006- se ve agravado por las últimas exigencias de Bruselas, por las que se han declarado zonas sensibles (objeto de tratamientos depuradores más completos) a 288 aglomeraciones más, con 25,5 millones de habitantes equivalentes afectados.

[Grupo de Ingeniería Química, Universidad de Alcalá]

Pese a los esfuerzos de la administración, todavía hay 800 núcleos urbanos, con 6,5 millones de habitantes, que incumplen la directiva europea de 1991, que obligaba a tratar desde diciembre de 2005 las aguas residuales en localidades de más de 2.000 habitantes equivalentes (la carga contaminante por individuo, calculada sobre la media máxima semanal, que llega a las instalaciones depuradoras).

 

Según datos presentados por el Ministerio de Medio Ambiente el verano pasado (fig. 1),

 

el 9% de la contaminación generada no estaba tratada adecuadamente conforme la directiva europea del año 1991, mientras un 14% tenía las instalaciones en obras para conseguirlo.

 

No sólo ha sido difícil cumplir los objetivos del primer Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales 1995-2005, surgido a raíz de la directiva europea y elaborado entre 1992 y 1993, sino que, a medida que se aplicaba, se quedaba pequeño, debido fundamentalmente al aumento de la población, según declaraciones de Ángel Cajigas, director general de la Asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua (ATTA), que participó en la elaboración de ese primer marco legal.

 

Simultáneamente, el auge de la construcción es escandaloso, en estos momentos España duplica la media europea en segundas residencias, con 160 por cada mil habitantes. Parte de estas construcciones son explotadas en el marco de nuestra otra gran industria, el turismo. Una población flotante que reclama nuevas depuradoras. «Cuando se redactó el primer plan de saneamiento no vislumbramos la necesidad de otra planta depuradora para Madrid, por ejemplo. Eso sin contar con que muchas estaban ya obsoletas», añade Cajigas.

 

A este déficit que arrastra España desde finales de 2005 hay que añadir un dato más : A partir del 1 de enero de 2007, 288 aglomeraciones urbanas, algunas de ellas importantes, son consideradas nuevas zonas sensibles, por lo que el nivel de tratamiento ha de ser mejorado. No son exigencias gratuitas, las autoridades europeas han detectado en ellas un fuerte proceso de eutrofización, es decir, una presencia creciente de residuos orgánicos y elementos nutrientes que amenaza su equilibrio ambiental. Aunque España dispone de seis o siete años para adecuarse a esta normativa, la Administración se enfrenta a un reto enorme. «Basta considerar que en el primer plan, las zonas sensibles afectaban a unos seis millones de habitantes y las que se han designado ahora (las zonas sensibles se revisan cada cuatro años) afectan a más de 25 millones», dice Ángel Cajigas, director de ATTA. Dentro de la nueva catalogación están áreas de la cuenca del Guadiana, porque afectan al embalse portugués de Alqueva, y embalses de cabecera de la Comunidad de Madrid, del Guadalquivir y toda la zona del Delta del Ebro.

Para resolver los amplios flecos del primer plan, y dar respuesta a la necesidades añadidas en las nuevas zonas sensibles, Medio Ambiente prepara un segundo plan de Saneamiento y Depuración (2006-2015), que costará 17.500 millones de euros. Pero, a la vista de la situación actual, ¿qué permite suponer que este ambicioso programa de actuaciones alcanzará sus objetivos en 2015? La respuesta nadie la tiene, pero la Administración, que ha inventariado ya los 18.000 vertidos que se producen en el territorio, tiene un nuevo lema: tolerancia cero para los que realicen vertidos sin depurar.