Igualdad cívica e inclusión de los inmigrantes

Comentario de Noelia González (29/09/2006) a ¿Es sostenible una sociedad dividida entre ciudadanos e inmigrantes?

 

Es verdaderamente inquietante observar como el Estado democrático, que surgió con la finalidad de otorgar igualdad a todos sus miembros, está degenerando cada vez más en un sistema feudal o de castas. El hecho de que a los extranjeros residentes temporales y permanentes (exceptuando los procedentes de Noruega y de la UE) no les sean reconocidos derechos políticos revela una situación de exclusión y desigualdad. Al no reconocer la plena pertenencia a la comunidad de determinados grupos por cuestión de su origen se contribuye a una jerarquización de la sociedad. Esto se traduce en la existencia de grupos sociales con diferentes derechos: ciudadanos con plenos derechos políticos, extranjeros residentes de países de la UE que tienen derecho a participar en las elecciones municipales y las europeas, y finalmente el grupo de aquellos a los que no se les reconoce ningún derecho político.

Esta situación sorprende porque los extranjeros residentes contribuyen al sostenimiento de los bienes públicos del Estado a través del pago de impuestos con las mismas obligaciones que los ciudadanos españoles. Por lo tanto, parece lógico que puedan participar en los procesos electorales que deciden quiénes gestionarán tales recursos. Por otro lado, los extranjeros también forman parte de los agentes que actúan en la esfera pública, participan y organizan asociaciones civiles que tienen un papel activo en la vida socio-política de un Estado. Esto les convierte en miembros “de facto” de la comunidad política aunque no sean miembros de derecho.


El reto consiste ahora en superar las políticas del miedo que se escudan bajo el lema de la seguridad y en proponer una serie de medidas inclusivas que reconozcan como clave del autogobierno de una democracia el que aquellos que estén sujetos a la ley sean a la vez sus autores. Esto significa que tanto ciudadanos como residentes puedan participar en la vida política, se puedan presentar como candidatos y puedan votar tanto en elecciones municipales, estatales o europeas.


En definitiva, las razones que justificarían el acceso de los residentes a los derechos políticos son, en primer lugar, que se requiere un esfuerzo mayor que conceder derechos civiles y sociales a los residentes temporales y permanentes para facilitar su integración. En este sentido, su inclusión en la vida política enriquecería el debate público y contribuiría a la creación de una verdadera comunidad política. En segundo lugar, su reconocimiento como miembros de la comunidad política satisfaría el principio de autonomía pública, que tal y como lo formula Seyla Benhabib supone reconocer la libertad comunicativa y la personalidad moral de los extranjeros también en la esfera política.

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Comentarios

Si se me permite, también hay inmigrantes de primera, de segunda y de última categoría. No me deja de llamar la atención que a todo un continente, África, a los habitantes de sus 54 estados, se les exige visado para entrar en España. Y cuando se intenta, el desprecio, la burocracia y la indiferencia son las notas características en las embajadas y consulados españoles. ¡Incluso cuando se trata de niños y niñas que han sido adoptados por padres españoles! Si no, recuérdese el lamentable episodio de este verano en la República Democrática del Congo y cómo se puso en peligro la vida de los niños y de sus padres. ¡Pobre África!

Estratificación cívica.

El efecto de algunas políticas migratorias es precisamente la potenciación de procesos de ‘estratificación cívica’. Se van creando estratos o clases entre los inmigrantes, que se ven ordenados por el mayor o el menor grado de disfrute de derechos. Autores como Bauböck, Soysal o Sassen han puesto en evidencia esta tendencia, aunque quizás sea Lydia Morris quien lo haya hecho de manera más rotunda. Esta profesora de sociología de la Universidad de Essex ha acuñado los términos de ‘denizens’ y ‘margizens’, para designar a aquellos inmigrantes que en la práctica están asimilados a los ciudadanos del país de acogida y a los que prácticamente carecen de cualquier reconocimiento legal y protección social, respectivamente. Entre estos dos extremos se ubicarían toda una larga serie de situaciones legales.

Véase: Lydia Morris: “Managing Migration. Civic Stratification and Migrants’ Rights”, Routledge, Londres, 2002, 178 pp.

http://www.ebookstore.tandf.co.uk/dxeprint/pmoreinfo.asp?bookid=536893059&etailerid=19

Acabo de leer una noticia que me parece que no va en la dirección de fomentar la integración de los inmigrantes. ?Por qué se le debe exigir a los inmigrantes cosas que muchos espanholes no cumplirían?

He aquí la noticia tomada de http://www.elpais.com:

El ex presidente del Gobierno de la Generalitat Jordi Pujol se manifestó ayer a favor de someter a examen a los inmigrantes que deseen adquirir la ciudadanía española. La prueba serviría para "acreditar" la integración social de los inmigrantes y su conocimiento de la lengua catalana, pero nada dijo de la española. Según Pujol, además, los extranjeros que viven en Cataluña deberían tener nociones "de historia del país", así como "reconocer que aquí rige la igualdad de sexos". Pujol realizó estas declaraciones en la presentación de un seminario sobre demografía y ciudadanía que ha organizado la fundación que lleva su nombre.

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