Migraciones. Reflexiones cívicas

El viaje que emprenden los emigrantes africanos hacia las costas europeas, especialmente hacia España e Italia, se parece en lo fundamental al que realizan los latinoamericanos hacia el norte del río Bravo: en ambos casos se intenta salir de las privaciones y penurias en búsqueda de una vida más digna. Aunque con algunas diferencias reseñables, el nivel de riesgo asumido también resulta equiparable. España está a las puertas del continente más pobre y desheredado del planeta. Como el río Bravo, el Mediterráneo marca una zona de fractura en donde se concentran todas las contradicciones entre países ricos y pobres, o, como prefieren decir aquellos que combinan la habilidad semántica y el tacto diplomático, entre el Norte y el Sur.

Las características de este éxodo masivo en el continente americano, concentrado desde hace décadas en la frontera entre México y Estados Unidos, justo también en la línea geopolítica que separa a ricos y pobres, deberían ser estudiadas con mucha atención desde la Unión Europea, con la idea de ahorrarse esfuerzos inútiles. Aquí, donde  el fenómeno es relativamente nuevo, no valdrán tampoco ni las vallas, ni la policía fronteriza, ni el ejército, ni la armada, ni los vuelos de observación, ni las cámaras de televisión, ni los sofisticados sistemas de sensores. Ninguno de estos procedimientos sirve para impedir que los inmigrantes entren en un país, ni para detener a los que azuzados por la desesperación quieren sacar a su familia de la miseria. Unos doce millones de inmigrantes se han introducido clandestinamente en Estados Unidos en la última década pese a todos los empeños puestos por la administración de este país. Las vallas y todos los artilugios de vigilancia que se instalan en las fronteras para contener la inmigración ilegal sólo sirven para agudizar el ingenio para burlarlas, agravar el riesgo físico y encarecer el peaje debido a los traficantes. No se conoce frontera alguna que constituya una barrera infranqueable, pero no por ello las fronteras han perdido significación en nuestro mundo.

Aunque con los procesos de globalización la soberanía de los Estados ha perdido intensidad, las fronteras estatales siguen estando dotadas en la práctica de una enorme relevancia jurídico-política, pues con ellas se designan a qué derecho está sometida una población, indican qué personas e instituciones ejercen autoridad sobre un determinado territorio y, en definitiva, definen el cuerpo de ciudadanos que integran la comunidad política.

Si las fronteras delimitan el territorio sobre el que un Estado puede ejercer legítimamente su jurisdicción, su soberanía o suprema potestad, la ciudadanía constituye el mecanismo legal del que se vale Estado para distinguir entre los miembros de su asociación política y los que no pertenecen a ella. Fronteras y ciudadanía desempeña de consuno un cometido constitutivo en relación con el Estado y la comunidad política. No se acaban ahí sus funciones: juegan también una función policial, que se pone de manifiesto en el control de los flujos migratorios, pues las fronteras se erigen como muros reales para intentar contener a quienes desean inmigrar y no poseen los papeles adecuados de ciudadanía que les autorizaría a hacerlo.

Fronteras y ciudadanía se dan de la mano también para poner trabas a la libertad de tránsito y residencia (reconocida, por ejemplo, por el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado en 1966). Reforzadas las fronteras con la justificación de controlar nuevas formas de delincuencia, apenas pueden ocultar su función de barreras frente a quienes huyen de la miseria y de la guerra. Su mantenimiento implica apostar por la persistencia de modelos de exclusión y contención que se han demostrado tan ineficaces como injustos.

APOSTILLA (incluida el 06-10-2006):

El miedo a la “desnaturalización” de un país por el incremento del número de inmigrantes no es más que el pánico ideológico de perder hegemonía y control social, pavor a la pérdida de homogeneidad grupal que nunca, o casi nunca, ha existido. Toda sociedad es el resultado de siglos de relaciones, de presencias y de historia, pero una sociedad es, por encima de todo, el conjunto de las personas que la componen en un momento determinado.

Según se van acercando las fechas de las próximas elecciones locales, que se celebrarán en toda España el último domingo de mayo de 2007, los partidos políticos van poniendo a punto sus maquinarias electorales, eligiendo sus candidatos y perfilando sus estrategias a la búsqueda del deseado voto. Los resultados, siempre inciertos, pueden depender de un puñado de votos. Por eso, cada voto adquiere un enorme valor. Y de esa puja no se librarán los votos de los inmigrantes. (más…)

Tras analizar las palabras que se usan habitualmente para referirse a la inmigración, resulta sumamente aleccionador examinar también los efectos que dicho discurso puede acarrear sobre el fenómeno migratorio. Las palabras son las herramientas que disponemos para entender la realidad, para explicarnos qué es lo que sucede. Las palabras crean el mundo y, sobre todo, condicionan la forma de percibirlo. Esto también vale, por supuesto, para el mundo de la inmigración y las leyes que lo regulan. Las leyes también son artefactos verbales que pretender configurar el mundo de una determinada manera. Al respecto, cabe afirmar que, en realidad, el “efecto llamada” de las leyes de emigración, generalmente denominadas leyes de extranjería, sea el siguiente: una llamada subliminar a los miedos atávicos y desordenados, y, con ella, a la discriminación entre los nacionales o autóctonos y los inmigrantes pobres; una llamada a los instintos xenófobos, incluso en muchas personas que han sido inmigrantes, hijos o nietos de inmigrantes, pero que han dejado de considerarse extranjeros en el país en que viven.

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La alcaldesa de Zaidín, un pueblo de Huesca con 1800 habitantes, impide a los 264 extranjeros empadronados (el 14% de la población) asistir a una comida que el Ayuntamiento ofrece a los vecinos como cierre de las fiestas patronales de < ?xml:namespace prefix = st1 />la Asunción. Según la noticia recogida por los diarios El País (12-08-2006) y Heraldo de Aragón (14-08-2006), la alcaldesa del municipio, María Teresa Font (Partido Aragonés Regionalista), justificó la decisión de la comisión de fiestas de prohibir a los inmigrantes asistir a la comida con el argumento de que ”de lo contrario, los inmigrantes coparían todos los puestos”. Font sostenía con toda naturalidad que “la comida la hace el Ayuntamiento y es para los vecinos, para la población autóctona”.

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Tomamos prestado de la revista Vetas Digital (República Domincana) un interesante artículo sobre la inserción de los inmigrantes en las escuelas españolas y, en particular, sobre algunas actitudes racistas desarrolladas ante los escolares extranjeros:

¿Racismo en las aulas?< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

El primer estudio sobre las dificultades de los Adolescentes Inmigrantes en España, revela que éstos se sienten discriminados y víctimas del racismo.

No son inmigrantes de primera generación (los padres), ni de segunda (los hijos nacidos aquí). Son jóvenes que llegaron a España después que sus padres, a través de un largo y complicado proceso de “Reagrupación Familiar”, y que ahora tienen entre 13 y 17 años. De su entorno y de las dificultades que ha supuesto en sus vidas el proceso migratorio, trata el presente informe. Es un estudio pionero en España, que han llevado a cabo dos equipos de investigación (UNED y Universidad Complutense) a solicitud de UGT/FETE. El trabajo de campo se realizó a través de conversaciones directas con jóvenes inmigrantes de diferentes países, residentes en España.

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Según la enciclopedia electrónica Wikipedia, cabe entender por ‘efecto llamada’ lo siguiente:

“La expresión efecto llamada fue utilizada por miembros del Partido Popular de España para describir una de las posibles consecuencias del proceso de regulación de inmigrantes llevado a cabo por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, entre los meses de febrero y mayo de 2005. El efecto llamada consistiría en la posible llegada masiva de nuevos inmigrantes ilegales al país, dadas las posibilidades de legalización ofrecidas por el proceso regulador. Posteriormente, algunos de estos políticos considerarían como una consecuencia del efecto llamada las oleadas de subsaharianos a través de las vallas que bordean Melilla de septiembre de 2005, con sus situaciones de caos y los asesinatos de algunos por disparos”.< ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

No obstante, habría que corregir esta entrada de la enciclopedia, pues del ‘efecto llamada’ se empezó a hablar –como muy tarde– en la campaña electoral del año < ?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />2000, justo a raíz de la Ley de Extranjería aprobada por el Congreso de los Diputados en 1999 (Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero) y que los populares se empeñaron en cambiar sin que pudieran experimentarse sus posibles virtualidades, pues consideraban -no se sabe a partir de que datos- que originaría una llegada masiva de inmigrantes. Efectivamente, el Partido Popular la reformó nada más ganar las elecciones generales del 2000 y ese mismo año promulgaron una nueva ley (Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre). Sin embargo, durante la segunda legislatura popular las cifras de entradas de inmigrantes batieron todos los récords conocidos hasta el día de hoy. Lo que no se sabe es si fue por efecto de esta nueva Ley de Extranjería aprobada con la mayoría absoluta del PP o por razones desconocidas que los populares no han logrado aclarar. En números: España ha regularizado a un total de 1.146.970 inmigrantes desde 1985, de los que más de medio millón lo han hecho en el último proceso, emprendido por el Gobierno en 2005.

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