Deberes de Septiembre en el sector Audiovisual

El sector televisivo nacional se está viendo afectado directamente por una crisis económica que sobrepasa las fronteras españolas y europeas. Las cadenas, sean grandes o pequeñas, se han visto obligadas a realizar cambios organizacionales y estructurales, así como a ajustar sus ya reducidas partidas presupuestarias, llegando, incluso, a tomar medidas de carácter drástico.

En estos últimos años, en el ámbito de las televisiones privadas se ha podido observar la externalización de muchos de sus servicios, la reducción de sus plantillas y mayor contratación de trabajadores “free lance” o fusiones entre diferentes cadenas. Medidas todas ellas encaminadas a reducir los costes de producción allí donde sea posible.

Las emisoras de televisión públicas también han llevado a cabo diferentes estrategias empresariales en este sentido, siempre dentro de las restricciones marcadas por la Ley Audiovisual. Sin embargo, esos límites en cuanto a la gestión de las cadenas autonómicas han sido eliminados mediante la reforma por vía de urgencia de dicha normativa: desde el pasado 3 de Agosto permite la privatización total o parcial de su gestión.

Pero la plena o fragmentaria administración privada de las televisiones públicas de las Comunidades Autónomas primero necesita mostrarse como una opción atractiva para los empresarios e inversores del sector. Esto, en muchos casos, significa reducir sus déficit y, especialmente, disminuir sus plantillas de trabajadores.

La Ràdio Televisió Valenciana puso ya en marcha un expediente de regulación de empleo que afectaba a más del 75% del personal. En Telemadrid, la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, ha mostrado reiteradamente su interés por privatizar la cadena, anunciando, esta misma semana, el inicio inmediato de dicha medida. Otros gobiernos autonómicos han optado por el cierre de sus segundos canales como medida de ajuste, como es el caso de “El Dos” en la Radio Televisión de Canarias.

Sin embargo, las concesiones a grupos privados tampoco suponen la panacea para estas televisiones públicas. Así parece demostrarse con la resolución del contrato que el grupo GMT mantenía con la Televisión Autonómica de Murcia por discrepancias con el presupuesto establecido, seguido del anuncio, por parte de este gobierno autonómico, de una nueva convocatoria para la adjudicación de la gestión privada directa de dicho servicio público.

El final de las vacaciones de verano marca el comienzo de un nuevo “curso empresarial” tanto para el sector televisivo privado como público de nuestro país, los cuales parecen seguir inmersos en una vorágine donde queda mucho por ver y por hacer. Y es que Septiembre, para la industria audiovisual, siempre ha sido un mes al que conviene llegar con las pilas bien cargadas y los deberes bien hechos.