Migraciones y ciudadanía: una cuestión de justicia
Es frecuente que uno sea tachado de ingenuo cuando plantea públicamente problemas relativos a la justicia social. En el opulento mundo occidental suele verse incluso como una cuestión de mal gusto. En este mismo mundo, cada vez más determinado por las migraciones, fenómeno que está alterando profundamente su estructura y composición interna, la cuestión del acceso a la ciudadanía se ha convertido hoy en el principal problema de la justicia. La ciudadanía establece el límite de quienes son acreedores de ella frente a quienes son a lo sumo sólo objetos de la caridad. La ciudadanía replantea también la legitimidad del marco de los Estados y de la definición arbitraria de que todo aquello que hay más allá de sus fronteras es ajeno a sus incumbencias.
Hasta finales del siglo XX el horizonte de integración ofrecido por la mayoría de los Estados europeos a los inmigrantes los ubicaba en los márgenes de los derechos sustantivos que definen la ciudadanía plena (cfr. Pablo Miravet: «Algunos problemas para la participación cívica y política de los inmigrantes»). El caso más sintomático sería quizás el de Alemania, que ofrecía «integración sin ciudadanía» a sus Gastarbeitern (‘trabajadores invitados’), pero en realidad esta actitud no constituye ninguna excepción, sino todo lo contrario.
Hay pocos problemas sociales tan apremiantes, inaplazables y determinantes como los desencadenados en la última década por los fuertes flujos migratorios. Algunos guardan estrecha relación, como se acaba de indicar, con la concepción de justicia que porta cada sociedad, pues se refieren a la relevante cuestión de a quiénes deben aplicarse los criterios de justicia. Por eso resulta urgente y determinante repensar la noción de ciudadanía. Ésta ya no puede ser pensada descriptivamente como un estatus o condición de pertenencia a una determinada comunidad que da derechos y, entre ellos, a un trato justo en su seno; por tanto, como una determinación exterior del ámbito de la justicia; hay en cambio buenos argumentos para pensarla como un derecho o, al menos, como un bien que ha de ser objeto de una distribución justa entre todos las personas que habitan el planeta:
“La ciudadanía suele entenderse como un título de propiedad de derechos y privilegios; y al mismo se accede por la pertenencia, por el reconocimiento del individuo como miembro de la comunidad. Es aquí, por tanto, donde debemos centrar la mirada si pretendemos plantear la ciudadanía como objeto de la justicia. Hemos de decidir si es justa la exclusión que instaura. Pues la pertenencia es la determinación que pone la diferencia entre dos identidades políticas: quienes están dentro y los otros, los miembros de la tribu racional y política y los marginales, esos que a lo largo de la historia han recibido distintos nombres, como bárbaros, paganos, salvajes, primitivos o, en otros momentos, moros, judíos, pies noires, espaldas mojadas; o, de forma más neutra pero con los mismos efectos, inmigrantes”. (José Manuel Bermudo: “Ciudadanía e inmigración”).