La «instrumentalización» de la migración: fronteras y geopolítica
En el tablero de la geopolítica contemporánea, los migrantes han dejado de ser únicamente personas que buscan un futuro mejor para convertirse, en no pocas ocasiones, en instrumentos de presión utilizados por actores de diversa índole. El empleo de movimientos de población —propia o foránea— como ariete estratégico revela una realidad incómoda: las crisis migratorias no son siempre fenómenos espontáneos. Detrás de los cruces masivos de fronteras hay decisiones políticas, cálculos diplomáticos y desigualdades globales que convierten el sufrimiento humano en moneda de cambio.
En distintos puntos del mundo, ciertos desplazamientos de personas —sobre todo cuando se producen de manera masiva y en un corto periodo de tiempo— han sido utilizados en los últimos años no tanto para conquistar territorio, sino para enviar mensajes políticos, forzar negociaciones o desestabilizar al vecino. Pueden llegar a representar una grave «amenaza híbrida» para la «seguridad» y la soberanía del país receptor. Esta instrumentalización no es la única clave explicativa, pero ayuda a comprender por qué las fronteras, lejos de ser meras líneas de demarcación jurídica, se transforman en escenarios de confrontación y negociación entre Estados.
En este contexto, Ceuta y Melilla ocupan un lugar singular. Son enclaves europeos en territorio africano, sometidos a un régimen jurídico excepcional. Son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en dicho continente. Su particular configuración las convierte en espacios especialmente sensibles a las tensiones políticas y diplomáticas. Se trata de dos localidades rodeadas de algunos de los sistemas de vallados más sofisticados del mundo, con un control cotidiano de extrema dureza y fronteras físicamente muy cerradas.
También en el plano jurídico reina la confusión: aunque en Marruecos circula la idea de que pisar suelo ceutí abre automáticamente la puerta a Europa, la normativa española y comunitaria es inequívoca; la entrada irregular en los enclaves no permite viajar a la Península ni a ningún punto de Europa sin controles documentales estrictos. Es imposible entrar o salir de la ciudad autónoma sin pasar un control policial. Sin embargo, esa ambigüedad, alimentada a veces de manera interesada, facilita que los flujos migratorios se utilicen como mecanismo de presión en momentos de fricción bilateral.
Los episodios de mayo de 2021 y julio de 2026 ilustran esta dinámica con claridad. En 2021, unas 10.000 personas cruzaron la frontera en apenas 48 horas en plena tensión diplomática por la acogida del líder del Frente Polisario. A finales del mes pasado, más de 70.000 personas entraron en territorio ceutí, una cifra que casi equivale a la de la población residente (aunque la inmensa mayoría regresó a Marruecos en menos de 48 horas). Ambos casos muestran cómo la frontera puede convertirse en un instrumento híbrido, donde la apertura o el cierre del paso migratorio opera como gesto de presión política. No es un fenómeno aislado: Turquía lo hizo en 2015; Bielorrusia, en 2021; y Marruecos ha recurrido en varias ocasiones a estrategias similares. En todas estas situaciones, las intenciones de Turquía, Marruecos y Bielorrusia son de índole coercitiva y representan casos de «chantaje»: los movimientos migratorios son instrumentalizados para forzar un cambio y obtener concesiones de la UE. Las intervenciones híbridas son más sutiles que las propias de la guerra convencional, pero no por ello menos eficaces.
El acuerdo UE–Turquía de 2016, que tenía por objeto frenar las llegadas irregulares de refugiados sirios e iraquíes a Grecia, es un ejemplo paradigmático de cómo la externalización del control fronterizo genera vulnerabilidades estratégicas. Ankara utilizó a los refugiados como palanca de negociación y logró generosas contrapartidas monetarias a cambio de frenar su flujo hacia la UE. Ese precedente ayudó a consolidar un sistema de extorsiones sistematizado: los Estados vecinos aprendieron que abrir o cerrar el grifo migratorio es una herramienta de negociación poderosa. Esta capacidad de chantaje adquirida a través del«arma de invasión masiva» es, en gran parte, resultado de la política europea de externalización del control de las fronteras en los países vecinos. Delegar el control crea puntos de presión que esos países ahora ya saben explotar. La antigua asimetría de poder se ha invertido: ahora son estos países, con su enorme potencial de desestabilización, los que imponen sus condiciones. Y esa vulnerabilidad se ve ahora amplificada debido a la creciente polarización de las sociedades europeas en torno al tema migratorio.
Detrás de estas maniobras geopolíticas se oculta un coste humano devastador. Las decisiones tomadas en despachos lejanos se traducen, en última instancia, en vidas perdidas. La tragedia de este mismo verano en Ceuta, con más de noventa personas ahogadas o aplastadas (según el recuento aún provisional), revela la dimensión humana de estas estrategias y cuestiona que la cooperación económica sea suficiente para garantizar sólidas relaciones de cooperación entre Estados. Abultadas cifras que no nunca deberían haberse alcanzado. Los migrantes, aun cuando fueran conscientes de que son utilizados como piezas de presión, carecen de alternativas reales. La falta de oportunidades y de vías legales empuja a muchas personas migrantes a asumir riesgos extremos, convirtiéndolos en el eslabón más frágil de un sistema que los instrumentaliza.
Este escenario se inscribe en un marco europeo marcado por un giro sostenido hacia la securitización. Desde comienzos del siglo XXI, España ocupa una posición singular en la política migratoria de la Unión. Su condición de frontera exterior, ubicada además en la línea geopolítica y geoeconómica que separa el Norte y el Sur global, la sitúa en el punto de colisión de dos lógicas: la securitaria, que prioriza la vigilancia, la contención y la externalización; y la humanitaria, que insiste en que la migración es un fenómeno estructural que exige protección y derechos.
El fortalecimiento de Frontex y la expansión de las políticas de externalización han desplazado el centro de gravedad de la acción comunitaria. La prioridad ya no es la solidaridad interna, sino evitar que los flujos lleguen a territorio europeo. Para España, esto implica una creciente dependencia operativa de las estructuras europeas y una presión política para alinearse con la narrativa del “control eficaz”, lo que reduce su margen de actuación autónoma. Ceuta y Melilla funcionan, en este sentido, como laboratorios a pequeña escala de la política fronteriza europea: allí se ensayan y se hacen visibles las tensiones entre control, externalización y derechos.
El posicionamiento de los socios europeos influye de manera decisiva en esta ecuación. Los Estados del norte y del este tienden a reforzar la securitización, mientras que los países del sur reclaman corresponsabilidad y mecanismos de reparto que reconozcan la carga diferencial que soportan las fronteras exteriores. España ocupa una posición bisagra: es frontera exterior y, por tanto, actor securitario; es país mediterráneo y, por tanto, actor solidario; es socio europeo y, por tanto, actor condicionado; y es potencia regional, lo que la convierte en actor negociador.
La tensión entre securitización y solidaridad no es un dilema pasajero, sino una estructura permanente de la política migratoria europea. En ella, España debe equilibrar la gestión de la frontera con la preservación de los principios democráticos y humanitarios que sustentan su acción exterior, consciente de que la forma en que responda a estos desafíos definirá no solo su relación con Marruecos, sino también la naturaleza del proyecto europeo en su conjunto.
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Una versión más reducida de esta entrada fue publicada previamente en The Conversation bajo el título de Ceuta, Europa y la geopolítica: cuando la frontera se convierte en arma y el migrante en munición.