¿Es sostenible una sociedad escindida entre ciudadanos e inmigrantes?
Una sociedad en la que los extranjeros carecieran de derechos o disfrutaran tan sólo de algunos de los derechos reconocidos a los ciudadanos nacionales sería una sociedad dual, una sociedad escindida que recordaría inexorablemente a los regímenes coloniales. De eso ya tenemos conocimiento a lo largo de nuestra historia. Y algo así va abriéndose también camino en los actuales países de inmigración.
La distinción ciudadano versus súbdito, también evoca una realidad escindida. Menos frecuente, pero también real, fue la distinción ciudadano versus habitante. En 1839, en su Catecismo razonado o explicación de los artículos de la constitución política, el padre Eudaldo Jaumeandreu lo explicaba razonadamente:
“En muchos países el pueblo se divide en dos clases. La primera comprende las personas que gozan de la totalidad de los derechos de ciudadanía, a saber, políticos y civiles, y la segunda, a los que sólo disfrutan de los civiles (…). Los primeros se llaman ciudadanos, y los otros meramente habitantes”.
En aquella época, España quedaba así constituida por unos 250.000 ciudadanos y unos 12 millones de “meros habitantes”, miembros de “la clase bruta o ignorante”. Aquellos no fueron los mejores tiempos de nuestra historia, sin duda. ¿Sería mejor si estuviera constituida por 40 millones de ciudadanos y 4 de extranjeros? ¿Y más justa?
pero si los llamados ciudadanos tambien estan
divididos en ciudadanos de primera y de segunda
y de tercera, y sin siquiera haber resuelto ese
problema queremos resolver otro de mayor envergadura??.
¿A qué distinción entre ciudadanos se refiere?
Desde un punto de vista jurídico, la igualdad de los nacionales es indiscutible. Existen, desde luego desigualdades fácticas y discriminaciones, pero éstas deben abordarse conjuntamente con todas las demás por una cuestión de coherencia. La vieja excusa de barrer primero la casa sólo sirve para inmovilizarnos, porque probablemente nunca vamos a tener la casa barrida del todo.
desde un pto. de vista jurídico también todo el mundo tiene derecho a un trabajo y a una vivienda digna…distingamos Sr. Alvarez del Cubillo entre la teoría de las leyes escritas y la realidad, que son dos cosas bien distintas…mas todavia en un país cuyo motor es la picaresca, y donde puesta una ley todo el mundo está pensando en cómo obviarla o saltársela…no olvide que aquí no habido revolución francesa ni de ningún tipo y que todavía hay poderes fácticos en este país que no tienen muy claro lo de la separación de poderes.
Pero todavía no sé a qué cosa en concreto se refiere.
En todo caso, que haya picaresca y distorsiones entre la norma jurídica y la realidad (a ello dedico el grueso de mi investigación, así que no puedo dejar de estar de acuerdo con ello) no parece un argumento apropiado para justificar las distinciones entre ciudadanos y extranjeros, que, en todo caso, deberán justificarse por su propia lógica interna, no porque haya desigualdades fácticas en el país.
Como digo, el argumento de barrer la propia casa suele ser espurio. Una manera de echar balones fuera porque nunca nos gusta del todo como está barrida nuestra casa. Y porque los extranjeros ya están en nuestra casa y forman parte de la familia, aunque sea como ciudadanos de segunda.
Es verdaderamente inquietante observar como el Estado democrático, que surgió con la finalidad de otorgar igualdad a todos sus miembros, está degenerando cada vez más en un sistema feudal o de castas. El hecho de que a los extranjeros residentes temporales y permanentes (exceptuando los procedentes de Noruega y de la UE) no les sean reconocidos derechos políticos revela una situación de exclusión y desigualdad. Al no reconocer la plena pertenencia a la comunidad de determinados grupos por cuestión de su origen se contribuye a una jerarquización de la sociedad. Esto se traduce en la existencia de grupos sociales con diferentes derechos: ciudadanos con plenos derechos políticos, extranjeros residentes de países de la UE que tienen derecho a participar en las elecciones municipales y las europeas, y finalmente el grupo de aquellos a los que no se les reconoce ningún derecho político.
Esta situación sorprende porque los extranjeros residentes contribuyen al sostenimiento de los bienes públicos del Estado a través del pago de impuestos con las mismas obligaciones que los ciudadanos españoles. Por lo tanto, parece lógico que puedan participar en los procesos electorales que deciden quiénes gestionarán tales recursos. Por otro lado, los extranjeros también forman parte de los agentes que actúan en la esfera pública, participan y organizan asociaciones civiles que tienen un papel activo en la vida socio-política de un Estado. Esto les convierte en miembros “de facto” de la comunidad política aunque no sean miembros de derecho.
El reto consiste ahora en superar las políticas del miedo que se escudan bajo el lema de la seguridad y en proponer una serie de medidas inclusivas que reconozcan como clave del autogobierno de una democracia el que aquellos que estén sujetos a la ley sean a la vez sus autores. Esto significa que tanto ciudadanos como residentes puedan participar en la vida política, se puedan presentar como candidatos y puedan votar tanto en elecciones municipales, estatales o europeas.
En definitiva, las razones que justificarían el accesode los residentes a los derechos políticos son, en primer lugar, que se requiere un esfuerzo mayor que conceder derechos civiles y sociales a los residentes temporales y permanentes para facilitar su integración. En este sentido, su inclusión en la vida política enriquecería el debate público y contribuiría a la creación de una verdadera comunidad política. En segundo lugar, su reconocimiento como miembros de la comunidad política satisfaría el principio de autonomía pública, que tal y como lo formula Benhabib supone reconocer la libertad comunicativa y la personalidad moral de los extranjeros también en la esfera política.
Para evitar divisiones insostenibles en el seno de la sociedad debería fomentarse una conciencia común no basada en ingredientes étnicos o puramente culturales, sino en elementos cívicos, de profunda raíz democrática.
Se trataría de decidir en común cómo queremos vivir juntas personas con orígenes distintos y no fomentar la separación entre comunidades obligando a las personas inmigradas y sus familias a vivir exclusiva y permanentemente en sus identidades originarias.