Contra los privilegios – Razones para reconocer el derecho de voto a los inmigrantes

Por Noelia González

 

El debate sobre el derecho al voto de los inmigrantes ya es recurrente en este blog. Y es una cuestión crucial no sólo porque plantea problemas de legitimidad del sistema democrático sino porque sin reconocer el derecho de sufragio a los nuevos miembros se impide su total integración. La realidad actual es que los extranjeros residentes disfrutan de determinados derechos civiles, políticos y sociales, mientras que el derecho de sufragio sigue estando reservado a los nacionales. Concretamente, en el caso español, la Constitución sólo prevé la participación de los extranjeros residentes en las elecciones locales en el caso de que exista un tratado de reciprocidad con su Estado de origen. En la práctica sólo los ciudadanos de la UE pueden votar en las elecciones municipales porque los tratados de reciprocidad que se han establecido con Chile, Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela no han sido acompañados de los tratados complementarios que les hagan efectivos. En definitiva, los inmigrantes siguen siendo, como afirma Massó Garrote, “víctimas de un estatuto asimétrico, sujetos sin ser ciudadanos, o ciudadanos de segunda clase”.

Entre las razones por las que se considera que reconocer el derecho de sufragio activo a los extranjeros residentes es una tarea urgente se podrían destacar las siguientes:

 

  • En primer lugar se considera que el acceso a la participación política ha de entenderse como una prerrogativa para la posterior integración del inmigrante y no al revés. No se debe establecer el derecho al voto como un premio o retribución a la integración, sino como un medio para alcanzarla.
  • En segundo lugar, hay que tener en cuenta que si no se otorgan derechos políticos a los extranjeros se dificulta la posibilidad de llevar a cabo una garantía efectiva de los derechos que les corresponden. Sin derecho al voto el poder de presión que poseen frente al gobierno disminuye de forma muy notable. Lo que es fundamental a la hora de exigir que se cumplan las políticas que les atañen especialmente, como son educación, integración, empleo, etc.
  • En tercer lugar, es una exigencia del principio democrático que se reconozca a los integrantes de la sociedad como titulares del derecho de sufragio activo. Para que una comunidad pueda proclamarse como democrática deben coincidir al máximo la esfera de quienes establecen las normas y la esfera de los afectados por las mismas. Aunque es necesario puntualizar que uno de los factores que se deben de tener en cuenta a la hora de determinar si una persona puede participar en la vida política de un Estado es viendo si las circunstancias de su vida, sus derechos fundamentales, a largo plazo dependerán de la protección que le brinde dicho Estado. Esto significaría reconocer el derecho al voto a los extranjeros tras un período de residencia que quedaría por determinar.
  • Por último, si se niega la representación política a importantes segmentos de la población, en realidad se está impidiendo la realización del pluralismo, pues sólo se encontrarían representados en la vida pública los intereses de los nacionales. Las consecuencias de este fenómeno no pueden ser ignoradas por las democracias, porque este proceso podría llegar a poner en entredicho la legitimidad de dicho sistema  que ya no cumpliría con los ideales de igualdad y de participación que lo inspiraron.

En definitiva, se considera que la medida de generalizar el derecho al voto de los extranjeros ha de ser planteada como un objetivo a corto-medio plazo y que sería adecuado incluirla dentro de una batería más amplia que persiga la promoción de la igualdad entre los miembros de la sociedad a través de una progresiva equiparación de todos los derechos de los nacionales y los extranjeros residentes.

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Comentarios

En las últimas elecciones municipales, el debate sobre el derecho al voto de los extranjeros salió a la luz demasiado tarde; aunque los partidos políticos parecían favorables, al final no se hizo nada. Creo que ahora es el momento de sacar a la luz el debate, para que dé tiempo a hacer los oportunos cambios normativos -y en su caso los tratados- de cara a las próximas municipales. Porque hay que pensar primero en las municipales, donde podría hacerse algo sin necesidad de cambiar la Constitución. A estos efectos, le escuchaba hace unas semanas a un catedrático de Constitucional decir que hay que ir salvando el "escollo" de la reciprocidad a través de nuevas interpretaciones adaptadas a la situación actual. Desde luego, la preocupación explícita por la reciprocidad se debe en gran medida a que España en aquel momento era un país de emigración, no de inmigración. En la actualidad ¿qué reciprocidad puede haber, por ejemplo, en un país donde no hay españoles?

Una vez se haya normalizado el derecho del voto de los extranjeros residentes en las elecciones municipales, habrá que ponerse a ver las posibilidades de expandir este derecho.

En línea con lo defendido por este post, Conor Lenihan, Secretario de Estado para la Integración en Irlanda, entiende que la integración pasa por dar el voto a los extranjeros que fijen su morada en Irlanda. Mantiene esta interesante opinión:

"Votar es una de las pruebas de ciudadanía. No hay nada más poderoso para integrar a la gente que permitiéndole tomar una decisión política con su voto. Al no dejarles votar, se retrasa su decisión de integrarse y convertirse en plenos ciudadanos irlandeses"

http://www.publico.es/072231/irlanda/debate/dar/voto/extranjeros

Si un inmigrante lleva años viviendo y trabajando legalmente en España, que pudiera votar al alcalde y a los concejales de la localidad en la que trabaja y paga impuestos, lo normal sería que participara también en los procesos electores. Así sucede ya con los vecinos que pertenecen a países de la Unión Europea.

Al negar que los inmigrantes puedan votar no sólo se les excluye del ejercicio de unos derechos básicos en cualquier democracia, sino que además por no votar están expuestos a la vulneración de sus derechos civiles y sociales.

Al privarles del derecho del voto se les impide que ejerzan sanciones políticas en el mercado electoral y que, por tanto, los partidos políticos no tengan que contar con ellos a la hora de realizar sus promesas electorales.

Si los partidos tuvieran que captar sus votos cambiaría con toda probabilidad el tono de sus discursos y el alcance de algunas de sus promesas.

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