Migración, el derecho de voto y la redefinición de la ciudadanía

Por Liliana Suárez

La distorsión que plantean cientos de miles de residentes legales sin derecho al voto al modelo democrático no admite dudas. Segmentos muy amplios de la clase menos privilegiada no puede votar y por tanto sus intereses colectivos no son representados en el sistema democrático. Para que el sistema siga rigiéndose por el ideario democrático es preciso incorporar a esta población también en el ámbito político. Actualmente, la adquisición de derechos políticos en el caso de los extranjeros no comunitarios está condicionada a la adquisición de la nacionalidad y esta nacionalización implica en algunos casos la pérdida de la nacionalidad de origen. Aunque no hay datos concluyentes al respecto, no podemos asumir que de forma mayoritaria esta población desee sacrificar la ciudadanía de origen a cambio de la de destino, por mucho que ésta última sea mucho más generosa en los beneficios sociales y más democrática en los cauces de participación. El aspecto simbólico de la nación y la ciudadanía juegan un importante rol en este fenómeno.

Pero, por otra parte, es innegable que la inestabilidad legal y otros factores presentes en los procesos migratorios actuales (dificultad para la reagrupación familiar, planteamientos de retorno temporal, etc.) llevan a algunos inmigrantes a optar por la nacionalización. Ante la evidencia de este proceso, los países emisores han intentado retener los vínculos de pertenencia de las comunidades de expatriados, cuya importancia económica y sociopolítica es cada vez más reconocida y potenciada. Lo que algunos teóricos han denominado nacionalismo desterritorializado se traduce en la presencia de agentes representantes de los estados de origen en los lugares de asentamiento de las colonias de sus ciudadanos expatriados. Este fenómeno de desplazamiento de la construcción de la nación no sólo se manifiesta en prácticas económicas transnacionales potenciadas por los incentivos para la inversión y el turismo. De manera fundamental, la creciente importancia de las comunidades asentadas fuera del país ha producido además cambios normativos en el derecho de nacionalidad que están normalizando cada vez más el mantenimiento de una doble ciudadanía.

Aunque los datos publicados al respecto no son concluyentes, es patente una transformación en el modo en que tanto las administraciones públicas, como la sociedad civil, como los propios migrantes gestionan el vínculo de los residentes y ciudadanos con la comunidad política. El cambio en las grandes normativas de ciudadanía y nacionalidad son un síntoma decisivo e incontrovertible de la transformación del modelo de ciudadanía nacional.

Un desarrollo de estas ideas, así como bibliografía adicional, se encuentra en el artículo de la autora titulado Ciudadanía e inmigración: ¿un oxímoron?