Inmigración y estratificación cívica

La cuestión de la integración cívica de los inmigrantes es uno de los temas redundantes en este blog, como no podría ser de otro modo dado el título y la vocación que lo anima. Para seguir profundizando en la cuestión de la estratificación de las posiciones jurídicas en las que se sitúan los diferentes inmigrantes, y por su indudable interés, se reproduce a continuación el comentario de Esteban Greciet (09/11/2006) al mensaje Grados en la ciudadanía – Redefiniendo el ‘status’ de los inmigrantes:

La clasificación de Marco Martiniello es aceptable, pero cabe incluso, de acuerdo con las Constituciones nacionales y los Tratados de la Europa comunitaria, establecer más subdistinciones:

– ciudadanos nacionales residentes en su Estado de origen, que gozarían de plenitud de derechos;

– ciudadanos de la U.E. residentes en un Estado distinto del de origen, que serían titulares de los derechos de participación política y otros de carácter social reconocidos en los Tratados y las Leyes;

– ciudadanos residentes legales, nacionales de países no pertenecientes a la U.E., que gozarían tan sólo de los derechos reconocidos en las Leyes del Estado de residencia, ya que el Tratado de la U.E. permite restringir otros, como la libre circulación, si bien es cierto que su condición de residentes legales no les sitúa en la peor situación posible.

– personas en situación de irregularidad administrativa para el país de acogida, que carecen de cualquier clase de derecho, lo que les ubica en una situación de desprotección equiparable o aun peor a la apatridia.

El pasado 21 de octubre, el Prof. Peces-Barba publicaba en EL PAÍS un artículo, bajo el título «Perfil del ciudadano», en el que sugería de manera nada velada una redefinición del concepto de ciudadanía que buena parte de los participantes en este blog estaríamos dispuestos a compartir.

Invito a todos a leerlo y a reflexionar sobre qué significa esto en la España constitucional. Canceladas definitivamente las heridas cicatrizadas de la Transición política, un nuevo pacto de convivencia en España ha de basarse en lo que, parafraseando a Habermas, puede llamarse la «inclusión del otro«. Ya no se trata de asegurar nuestros derechos, sino los derechos de los otros; ya no de asentar las bases de la concordia entre españoles, sino entre españoles y extranjeros. El reto es insoslayable para el constitucionalismo español y europeo.

En una próxima reflexión trataré de plantear uno de los posibles ejes de la integración real y efectiva de los inmigrantes en España y en la U.E.: su acceso al empleo público. Por el momento, ahí queda este comentario.