Esto no es una desgracia
Por Víctor Granado Almena
La muerte el pasado 3 de octubre en el mar de más de 300 personas a menos de un kilómetro de la costa de Lampedusa ha sido calificada por distintas personalidades y medios de comunicación como una desgracia. El diccionario María Moliner define «desgracia» como un revés, infortunio o accidente, y la RAE como suerte o suceso adverso o funesto. Pero lo ocurrido no es un accidente con un status similar al de una catástrofe climática, no equivale a perder la casa u otros bienes materiales, tampoco a la pérdida de una cosecha, y no le ha sucedido a un ser querido. Por todos estos motivos esto no es una desgracia.
La respuesta de las instituciones ha sido el sentimentalismo y la emotividad. Mediante la identificación emotiva con los muertos y apelando a la sensibilidad de las personas tras la conceptualización de lo ocurrido como una desgracia se oculta la situación jurídico-política y económica que hace que lo sucedido en Lampedusa no sea un accidente aislado ni un hecho puntual sino algo que volverá a ocurrir y de lo que somos responsables.
Vivimos en la contradicción de fomentar y depender de un sistema de desplazamiento global de personas, basado en la desigual distribución de la riqueza y la población, que regula los mercados laborales y las sociedades de consumo en el mundo y simultáneamente construimos la ficción de lugares cerrados y amurallados que impiden el libre desplazamiento de las personas. Las instituciones europeas, italianas y de los demás países de la Unión, han eliminado casi en su totalidad los cauces legales y seguros que permite el desplazamiento de las personas y la protección de sus derechos. Políticas migratorias como la ley antiinmigración italiana Bossi-Fini, la directiva de la vergüenza de la UE y las distintas regulaciones en materia de extranjería en lugar de impedir o dificultar la muerte de las personas en proceso de desplazamiento no hacen sino favorecer ese final.
En su propósito de construir la ficción de la Europa-fortaleza, hemos asistido en Europa a un proceso de externalización del control de las fronteras exteriores. Se ha llegado a acuerdos bilaterales entre estados miembros y estados del norte y el centro de África para hacer que sean estos estados quienes controlen el desplazamiento, retengan a las personas o las reciban cuando los países europeos la expulsan, aunque no sean nacionales de estos países africanos. Esto, unido a la casi total supresión de solicitudes de asilo en los países de la UE – con cifras cada vez menores -, la implantación de salas y centros de retención y deportación en controles fronterizos y aeropuertos en total ausencia de asistencia legal, y el aumento de las patrullas de vigilancia en el Mediterráneo sólo han contribuido al aumento del peligro de los desplazamientos, del número de víctimas y de las violaciones de los derechos humanos de las personas en tránsito.
El presidente de la República Italiana Giorgio Napolitano hacía un llamamiento para intensificar los controles en el Mediterráneo, dado que la responsabilidad de lo ocurrido es de las mafias que ponen en riesgo la vida de las personas con semejantes viajes. Pero “no son las mafias quienes han hecho casi imposible el acceso legal a la UE a los migrantes no adinerados”, como muy bien señala Nando Sigona. La intensificación de los controles tendrá como efecto la búsqueda de nuevas rutas para el desplazamiento, aún más peligrosas, en lugar de evitarlas. Cada medida adoptada en ese sentido ha tenido como consecuencia el establecimiento de un nuevo camino para el desplazamiento de las personas más peligroso y desprotegido. Por eso este no es un suceso puntual o accidental y por eso volverá a suceder.
Esto nos obliga a analizar la situación del desplazamiento en el mundo y a reflexionar sobre nuestra responsabilidad al respecto. Lejos de la creencia extendida la mayor parte de los desplazamientos de personas no es del tipo sur-norte, sino sur-sur, y son los países del llamado tercer mundo, en Asia y África los mayores receptores de personas en desplazamiento (entiendo bajo este término refugiados y migrantes económicos). Valga como ejemplo de ello y de la política europea sobre el desplazamiento el caso que recogía Soledad Gallego Díaz en su artículo “Son exactamente 27.700”. A propósito de la llegada a Lampedusa en 2011 de personas que huían de la guerra en Libia y de las declaraciones de Italia y la UE que describían la situación como una invasión protagonizada por millones de personas, podemos ver como esos millones eran 27.700 personas, que sí eran más de 5 veces la población de Lampedusa pero sólo representaban el 0’046% de los 60 millones de personas que viven en Italia. Simultáneamente 135000 refugiados costa marfileños eran acogidos por Liberia, y que no fueron internados en campos de refugiados. ¿Esa es la capacidad de acogida de Italia en este caso y de la UE en su conjunto para reconocer el estatuto jurídico de refugiado a personas que huyen de un conflicto bélico en el que las potencias europeas participaron con la creación de una zona de exclusión aérea? Nadie duda que entonces la llegada de más de veintisiete mil personas en total, a lo largo de un mes, supusiera serios problemas en Lampedusa pero desde luego no era una invasión y los motivos eran justos. La renta per cápita en Liberia era, en datos de 2011, de $400, la italiana en ese momento era de $30,100 y de $34,000 la de la UE en su conjunto (http://www.indexmundi.com/).
Esta situación debe llevarnos a reflexionar sobre el tipo de colectividad política en el que queremos vivir y sobre las leyes que la sustentan. Debe hacernos reflexionar sobre leyes que como la italiana penalizan a aquel que socorre a un naufrago por un supuesto deleito de favorecer la inmigración ilegal y que no ordenan evitar en lo posible la muerte de una persona en alta mar. Postergar la protección de la vida de una persona en favor de la protección de la legislación migratoria, ese es el aspecto de nuestras sociedades y el mundo del que somos responsables. Como lo somos de la política de internamiento en CIEs en España y en la UE. La frontera entre España y Marruecos en las verjas de Ceuta y Melilla es una de las fronteras más desiguales del mundo y en la que más derechos humanos se violan a diario. De esa gestión y de las violaciones de derechos somos responsables los ciudadanos europeos, no porque los perpetremos sino por mirar hacia otro lado cuando no por justificarlos o minimizarlos. Lo ocurrido en Algeciras, en Chipre, en Lampedusa o en las Islas Canarias no es una catástrofe natural puntual e imprevisible, es la consecuencia de la injusticia y el desajuste del mundo y del abandono de la política, y no una desgracia.
Gracias Victor por este re-nombramiento de la realidad en términos más ajustados. En este caso, lo de «echar balones fuera», tan del gusto de la gran política (o digamos mejor gestión, ya que como bien precisas hay un abandono de la política, en realidad), ha alcanzado la cota de la burla en ese «qué gran desgracia». Solo ha faltado decir que «las manda Dios» y que, por tanto, hay que aguantarlas con estoicismo.
Digamos alto y claro lo que ha sido, en realidad, esta «desgracia».
[…] del naufragio frente a las costas de Lampedusa, que causó centenares de muertos el mes pasado, precedido por una serie de tragedias similares. La cuestión es antigua en el Mediterráneo y, en particular, en la costa italiana, pero el […]