Hacia un nuevo estatus de los inmigrantes en los Estados Unidos

Por Manuel Solís

En los Estados Unidos, el debate sobre la inmigración ha llegado al Congreso. No es la primera vez que esto sucede, pero el proyecto legislativo que actualmente se está discutiendo puede abrir paso a que alrededor de 11 millones de personas indocumentadas obtengan un estatus legal digno. Para alcanzar este buen propósito, habrá que conquistar previamente la voluntad del grupo republicano, mayoritario de la Cámara de Representantes, un partido que tradicionalmente se opone a una reforma migratoria más inclusiva.

En el mes de junio, el Senado aprobó un proyecto de ley redactado por un grupo de representantes de los dos partidos mayoritarios y que recoge gran parte de las propuestas de una ya vieja y evocadora tentativa: Dream Act. El proyecto trata de dar una solución inclusiva y generosa a un grave problema enquistado desde hace décadas. El proyecto promete un camino a la legalización de los indocumentados siempre y cuando paguen una multa y todo impuesto atrasado. La ley también creará un nuevo sistema de visados temporales, permite un acceso a la ciudadanía más rápido para los estudiantes indocumentados traídos al país como niños y para los trabajadores agrícolas. Aumentará también el número de visados para los trabajadores cualificados de la ciencia y la tecnología. Se tratará además de evitar los casos de abusos y explotación de inmigrantes mediante nuevos controles.

Pero la reforma también aumentará el número de agentes fronterizos con México, el país que más migrantes ha aportado a los Estados Unidos en las últimas décadas; limita el acceso a la ciudadanía para los indocumentados que estuvieran en el país desde antes de finales de 2011; da un plazo de mínimo de 10 años para obtener un pasaporte estadounidense y obliga a tener un historial limpio de antecedentes penales para obtener la ciudadanía. Se mantendría el requisito de demonstrar conocimiento del inglés, ya establecido en las leyes actualmente vigentes.

“Esta reforma migratoria ha sido, durante décadas, la aspiración de millones de familias que viven en una dura clandestinidad, sin acceso a la mayoría de los servicios sociales, sin perspectivas de una vida estable, discriminados y marginados, cuando no perseguidos o confundidos con delincuentes,” dice un artículo publicado en el diario El País.

El obstáculo de la ley: la política

Después de que el Senado aprobara el proyecto legislativo, los líderes republicanos de la Cámara de Representantes anunciaron que trabajarían para sacar adelante su propia iniciativa. Dado que en el mes de agosto el Congreso toma un receso de cinco semanas, fácilmente puede llegar el otoño antes de que esta cámara comience a debatir el proyecto. El presidente Obama, cuyo firme apoyo a la reforma es bien notorio, expresó su confianza de que se repita en la Cámara de Representantes lo sucedido en el Senado.

Mientras tanto, una parte de la opinión pública se ha movilizado a largo de todo el país, realizando protestas, actos de desobediencia civil, plantones en las oficinas de los congresistas, jornadas de llamadas telefónicas y otras acciones para motivar a los congresistas republicanos a votar a favor de la ley cuando el congreso se ponga sobre el tema. En California, un grupo de peregrinos recorrerán 285 millas en 21 días para llegar a la oficina del tercer republicano con más poder en la Cámara de Representantes.

“’No podemos permitir que la reforma migratoria muera, no podemos permitir que nos sigan dando atole con el dedo. Unidos no vamos a ser ignorados y no podrán ignorarnos si les hacemos llamadas’”, dijo Anabella Bastida, directora del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) en un artículo publicado en La Opinión.

Es hora de reconocer los derechos

Los migrantes indocumentados se han convertido en una parte vital de los Estados Unidos. Llevan años contribuyendo al país tanto de manera económica como también cultural y social. Han establecido familias, tienen negocios propios y sus hijos han podido llegar a niveles universitarios. Pero existen barreras que dificultan o frenan su éxito definitivo. Sin estatus legal, sus hijos no pueden recibir ayuda financiera para poder estudiar en las mejores universidades. No pueden viajar al extranjero o votar. Todo esto cambiaría con la nueva ley. Si se cumplen los compromisos entre los legisladores que reportan la prensa, ya no se negarán más los derechos de esta población de la que el país tanto beneficio obtiene.