A vueltas con los papeles de Exteriores (III): un tirón de orejas de la ONU
El relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff, presentó el pasado 3 de febrero las observaciones preliminares de su visita oficial de 10 días a España. Sobre el contenido de estas observaciones han informado ampliamente los medios de comunicación. Hemos podido leer titulares sobre aspectos de gran simbolismo, como su propuesta de reinvención del Valle de los Caídos o su petición de que se anule la Ley de Amnistía, que se han debatido ampliamente en los últimos días.
Buena parte de las conclusiones del señor De Greiff tiene que ver con la labor de los historiadores, en especial de quienes han estudiado la represión de la guerra civil y la posguerra.
Aquí destacaremos solamente un párrafo que se refiere a la función insustituible de los archivos para la reconstrucción del pasado -y por tanto para el restablecimiento de la verdad-. En este párrafo, el relator especial de Naciones Unidas señala con el dedo al Ministerio de Asuntos Exteriores.
Es evidente que el secretismo de los responsables de la diplomacia española, que impiden la consulta de sus archivos históricos, es ya conocido hasta en las sedes de la ONU en Ginebra y Nueva York. (Los destacados son nuestros).
En la promoción de la verdad, los archivos juegan un papel central y son una herramienta indispensable para la realización del derecho a la verdad, como lo indiqué en mi último informe al Consejo de Derechos Humanos. Durante la visita pude observar los importantes esfuerzos realizados para la centralización de varios archivos y para promover el acceso a los mismos. Sin embargo, varios usuarios de los archivos, incluyendo víctimas, familiares, historiadores e investigadores, si bien reconocen en algunos casos el acceso a documentos solicitados, han señalado algunas dificultades en otros casos. Por ejemplo, varias fuentes indican una disparidad en las prácticas y posibilidades de acceso en función de los archivos o de los funcionarios a cargo. Muchos reportan una amplia dispersión de la información, falta de medios técnicos y de personal que garanticen el registro de todos los documentos para su debido acceso. Hay una gran cantidad de información en teoría disponible donde pueden solicitarse documentos específicos, pero no siempre se permite el acceso a todo el fondo documental, lo cual es esencial para poder hacer un análisis transversal y global. Reportan que, en algunos casos, archivos judiciales, militares y del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo, siguen siendo clasificados como confidenciales y que la legislación vigente no permite establecer criterios claros para la desclasificación de los mismos. Por otra parte, invocando el derecho a la privacidad, se limitaría el acceso a información crucial para el esclarecimiento de la verdad. Sobre este tema, como indiqué en mi reciente informe al Consejo de Derechos Humanos, pueden encontrarse vías para maximizar el acceso a los archivos atendiendo las tensiones que podrían existir entre el derecho de las víctimas a la verdad y el derecho a la privacidad. La adopción de una Ley de archivos que establezca estos criterios, de conformidad con los estándares internacionales, podría constituir un primer paso en este sentido.
Fuente: Observaciones preliminares del Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, al concluir su visita oficial a España)
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14216&LangID=E