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Los archivos, la intimidad de las personas y los secretos de Estado

“En los últimos años se vienen repitiendo las quejas y denuncias por parte de investigadores que ven restringido el derecho de acceso a los fondos documentales custodiados en archivos públicos españoles. Declaraciones de asociaciones de historiadores, acuerdos adoptados en congresos profesionales, artículos en revistas científicas y un sinfín de recursos contra resoluciones administrativas coinciden en denunciar un retroceso en la aplicación de las normas que regulan el libre acceso al patrimonio histórico documental. Nadie sería capaz de hacer el inventario de cuántos proyectos de investigación han sido frustrados –muchos financiados con recursos públicos–, cuántas tesis doctorales imposibilitadas, qué cantidad de investigaciones abortadas, y de qué manera se ha limitado el conocimiento de nuestro pasado reciente por las crecientes dificultades de acceso a la documentación de archivo.

Algunas decisiones recientes vuelven a poner de actualidad este tema. Una es la publicación del Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso (…), que viene a complicar aún más el problema del acceso a los archivos públicos. Otra es la decisión por Consejo de Ministros de declarar secretas la práctica totalidad de las materias tratadas en la documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Ambas normas han tenido graves consecuencias sobre el trabajo de los investigadores, y por ello merecen un detallado análisis desde el punto de vista de la investigación histórica. Eso es lo que nos proponemos hacer en este artículo.

Lo más sorprendente es que este giro involucionista viene a contradecir el espíritu aperturista –nunca mejor utilizado este término– que inspiraron las primeras leyes de la democracia sobre la materia. La primera y más importante de ellas, la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español (…), establecía el principio general de libre acceso a los fondos de los archivos que custodiaran documentación histórica, y además declaraba en el artículo 2.1, que «son deberes y atribuciones esenciales de la Administración del Estado [...] fomentar y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él [Patrimonio Histórico Español]». Por su parte, la Ley de 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (…), también establecía el libre acceso a la documentación de los archivos de gestión, siempre que los expedientes estuvieran concluidos y con determinadas condiciones. En ambos casos no se establecían plazos temporales y el principio de libre acceso sólo se limitaba en casos excepcionales y expresamente tasados por la ley. Fue un gran avance de la democracia reconocer el derecho de los ciudadanos a acceder a la documentación pública, hasta entonces limitado a la discrecionalidad administrativa. Desgraciadamente, como veremos más adelante, las excepciones han acabado convirtiéndose en la norma, y el principio general de libre acceso ha sido relegado progresivamente al olvido“. 

Imagen del Archivo Histórico de la Policía Nacional, Guatemala (Fuente: http://www.crl.edu/focus/article/7499)

 

Estas son las líneas iniciales del artículo “Los archivos, la intimidad de las personas y los secretos de Estado” que firmamos el profesor de la Universidad Complutense de Madrid Antonio Niño y yo mismo, y que se publica en el último número de Cuadernos de Historia Contemporánea, 2012, vol. 34, pp. 309-342.

Como quiera que en el artículo se hace referencia a la documentación diplomática custodiada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, a cuya problemática nos hemos referido en entradas anteriores (concretamente estaestaesta otra y finalmente esta), considero que su contenido puede ser de interés para los lectores de este blog.

El artículo completo puede leerse aquí:

http://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/view/40096/38522

Resumen:

El artículo repasa la normativa española sobre el derecho de acceso a la documentación pública, su aplicación en los archivos y las consecuencias para la investigación histórica. Aunque las primeras leyes promulgadas en el periodo democrático fueron muy aperturistas, el desarrollo de la legislación sobre protección de datos personales ha restringido de forma severa el acceso a la documentación histórica. La indefinición y las contradicciones de las sucesivas normas, junto con las malas prácticas persistentes en la administración de los archivos públicos, están ocasionando trabas injustificadas para acceder a la documentación. A estos problemas se ha sumado recientemente la decisión gubernativa de extender la protección que proporcionada la Ley de Secretos Oficiales a múltiples materias relacionadas con la política exterior. Con todo ello, los historiadores encuentran graves dificultades para estudiar los periodos más recientes de la historia española.

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Se publica el Vademécum de Historia Contemporánea de España

Alrededor de 350 referencias, en versión bilingüe castellano–inglés, sobre archivos, instituciones, bibliotecas, asociaciones, museos y lugares de memoria de la historia contemporánea de España es lo que ofrece el “Vademécum de Historia Contemporánea de España. De la Guerra Civil a la democracia” que acaba de publicarse y del que es editora la Dra. Ana Pelka.

La publicación del vademécum corre a cargo de la fundación alemana Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (Fundación Federal para la Investigación y Evaluación de la Dictadura Comunista en la RDA), con sede en Berlín. Un ejemplar de la obra puede descargarse gratuitamente de la página web de la fundación, a través del siguiente enlace: https://www.stiftung-aufarbeitung.de/vademecum-2481.html. El libro, puede adquirirse también en formato físico en la página web de la fundación o mediante solicitud por email a la propia Dra. Pelka (el precio son 5 euros más gastos de envío).

Con su serie de vademécums, la Fundación Federal para la Investigación y Evaluación de la Dictadura Comunista en la RDA pretende “fomentar la colaboración internacional en la evaluación de las dictaduras”. En su página web (www.stiftung-aufarbeitung.de) pueden consultarse y descargarse gratuitamente en formato pdf los vademécum referidos a países como Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Ucrania, Bulgaria, Rumanía y Reino Unido, y áreas geográficas como Escandinavia.

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Día Internacional de los Archivos. 9 de junio de 2012

Hoy 9 de junio es el de Día Internacional de los Archivos, conmemorativo de la creación el 9 de junio de 1948 del Consejo Internacional de Archivos bajo los auspicios de la UNESCO. Como nos recuerdan desde la página web de esta organización,

Los archivos representan una riqueza sin igual.  Son el resultado de la producción documental de la actividad humana y constituyen el testimonio irremplazable de hechos pasados.  Garantizan el funcionamiento democrático de las sociedades, la identidad de los individuos y de las comunidades, y la defensa de los derechos del hombre.  Pero se trata de objetos frágiles y vulnerables

Pero además

Un buen archivo no consiste únicamente en conservar archivos para la historia y la investigación.  Los archivos son esenciales para un buen gobierno.

Gracias a ellos los gobiernos pueden rendir cuentas y demostrar su capacidad para promover la democracia.  Una política de buena gestión de los documentos y los archivos permite que un país comprenda los “quién, cuándo o cómo y por qué” de las acciones de un gobierno.  Hace posible el respeto de los derechos del hombre y permite que el gobierno pueda explicar y defender sus acciones.  El archivar adecuadamente es, también, garantía de un gobierno eficaz.

Por eso hoy diversos archivos estatales, regionales, locales y de ámbito privado realizan actividades de conmemoración y difusión, al objeto de recordar que, según nos dicen en la página web de la Subdirección General de los Archivos Estatales,

… los archivos están abiertos a todos y en todo momento. Conservan la memoria de nuestros pueblos, son fuente de investigación histórica de primer orden y centros de difusión cultural. Pero además, prestan un servicio fundamental en el marco de la Transparencia de las Administraciones Públicas y del acceso de los ciudadanos a sus documentos.

Es un buen momento para que los ciudadanos rindamos el mejor homenaje que podemos realizar a los archivos: acudir a ellos, hablar con sus profesionales, recorrer sus inventarios, investigar en sus fondos, y compartir con la sociedad el legado que atesoran, la riqueza de nuestro patrimonio común.

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Ningún avance y algunos retrocesos en el derecho de acceso a la documentación sobre política exterior

En las dos últimas semanas se han difundido algunas noticias muy preocupantes sobre el acceso a la documentación pública relativa a política exterior, de seguridad y defensa en España. Por una parte, el Ministerio de  Defensa ha decidido paralizar la desclasificación de 10.000 documentos secretos de entre 1936 y 1968 anunciada por la ministra  Carme Chacón en 2011. Por otra parte, el anteproyecto de Ley de Transparencia aprobado por el Gobierno excluye del derecho ciudadano de acceso a la información pública todo lo que “perjudique a la seguridad nacional, la defensa [y] las relaciones exteriores”, estableciendo de hecho la opacidad como norma en lo relativo a la acción exterior del Estado. Mientras tanto, continúan las restricciones en el acceso a la documentación histórica que custodia el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores. Los perjudicados no son solo los historiadores e investigadores, sino todos los ciudadanos a los que se impide el acceso a información que es pública y debe ser tratada como tal.

1.- Defensa. La que iba a ser la mayor desclasificación de documentos de la historia de España ha quedado bloqueada. En 2011 la ministra Carme Chacón anunció la próxima desclasificación de 10.000 documentos generados por los tres ejércitos (Tierra, Aire y Armada) entre 1936 y 1968, cuya difusión ya no planteaba riesgo alguno para la seguridad y los intereses nacionales. En el catálogo de documentos que elaboró la Secretaría de Estado se incluían, según informaba la Cadena Ser,

expedientes sobre desertores y desterrados, documentos sobre la actividad de la censura y recoge material relacionado con los antiguos “batallones de trabajo” y campos de concentración.

El listado comprende también documentos relativos a la actividad del espionaje español en ese periodo, los planes de respuesta ante invasiones extranjeras e información sobre la política española durante el protectorado de Marruecos o sobre la cesión de material bélico por parte de EEUU.

Sin embargo, el ministro Pedro Morenés anunció a finales de mayo que la desclasificación de esta documentación quedaba aparcada por considerar

“que la difusión de determinada información (contenida en el listado) podría perjudicar las relaciones diplomáticas de nuestro país y dañar a terceros”.

Es una afirmación para releer detenidamente. Los documentos que se iban a desclasificar tienen 44 años de antigüedad los más recientes y 76 los más viejos, nada menos. Fueron producidos por la burocracia militar del franquismo entre los días de la guerra civil y los años sesenta. Por lo que se desprende de la sucinta descripción de su contenido que conocemos, versan sobre cuestiones nada sensacionales y bastante corrientes, esperables de una dictadura como la española en el contexto internacional en el que se desenvolvió, además de contener datos sobre la represión. Es inevitable preguntarse, ¿en serio puede afirmarse que las relaciones diplomáticas de la España de 2012 “podrían” verse perjudicadas por la difusión de estos documentos? ¿Las relaciones con qué “terceros” exactamente? ¿O los perjudicados serían determinados españoles servidores del Estado, en caso de que salieran a la luz sus actividades durante la dictadura? ¿Cómo se explica que el anterior equipo ministerial considerara desclasificable esta documentación porque ya no planteaba riesgo alguno para la seguridad y la defensa nacional, y el actual equipo sí vea riesgos?

Todos los países democráticos desclasifican regularmente, año tras año, miles de documentos diplomáticos y militares mucho más recientes que los que el Ministerio de Defensa trata de esconder. (Para quienes no estén familiarizados con el tema, apuntaremos que la regla general es la del libre acceso a la documentación pública pasados unos treinta años desde su producción, con plazos mayores para cuestiones sensibles, y posibilidad de acortar los plazos a 20, 10, 5 o menos años si el interés del acceso está motivado). Algunos de esos documentos que otros gobiernos sí desclasifican con toda normalidad, por cierto, revelan datos sobre las relaciones de esos países con España, bien conocidos desde hace ya décadas. Resulta entre ridículo y descorazonador tener que recurrir a la documentación de otros países para reconstruir la historia del propio, cuando los documentos se han conservado y deberían ser de acceso público. Los historiadores españoles han tenido que recurrir a este método con bastante frecuencia, por desgracia.

2.- Ley de Transparencia. Por lo que respecta al acceso a la documentación pública sobre la acción exterior del Estado, el anteproyecto de Ley de Transparencia difundido por el gobierno presenta todos los mecanismos para funcionar como una Ley de Opacidad. No vamos a repetir aquí todas las críticas que ha recibido el texto, muchas de ellas expresadas por la propia comisión de expertos nombrada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (dependiente del Ministerio de la Presidencia) que el propio gobierno ha obviado. Simplemente la redacción de dos artículos ya debería ser motivo de preocupación: el art. 8 afirma el derecho general de acceso a la información pública, pero inmediatamente el art. 9 excluye de este derecho “la seguridad nacional, la defensa y las relaciones exteriores”.

Artículo 8. Derecho de acceso a la información pública.

Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española y en esta Ley.

Artículo 9. Información Pública

Se entiende por información pública los contenidos o documentos que obren en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones públicas, siempre y cuando no perjudique  a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública o la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

Un problema no menor es que el concepto de “relaciones exteriores” del Estado se ha ampliado enormemente en las últimas décadas. En la actualidad no hay prácticamente una sola dependencia de la Administración cuya actividad no conlleve una vertiente exterior -y que pueda quedar excluida, por tanto, del derecho de acceso a la información-. Paralelamente se han difuminado los límites entre seguridad interior y exterior, y se ha dilatado el concepto de “seguridad nacional” hasta abarcar cuestiones como tan amplias como la “inseguridad económica y financiera”, por ejemplo –que también quedaría al margen de la obligada transparencia, junto con otras muchas materias-. (Véase la Estrategia Española de Seguridad aprobada por el Gobierno en 2011).

En cualquier caso, lo que es objetable ante todo es que la gestión pública de las relaciones exteriores del Estado deba quedar menos sometida al escrutinio de la ciudadanía que otros ámbitos de actuación estatal. Cabe el riesgo de que, con la excusa de no perjudicar la política exterior o los intereses de otros países, la acción exterior del Estado se consagre como un ámbito autónomo y regido por reglas propias, lejos del control democrático, como advirtieron los teóricos del “poder exterior” (Ernst Wolgast, «Le Diplomatc el ses fonctions. Déduits de la nature de I’organisation internationale publique du pouvoir externe de l’Etat», 1937)

Se dirá que lo que limita la norma es el acceso a información “que perjudique” estos ámbitos de la acción estatal, pero según el artículo de María Fabra que publica El País, “el criterio para autorizar o no el acceso es bastante arbitrario”. La Administración podrá negar el acceso a la información por silencio negativo cuando “exista un riesgo de perjuicio por el hecho de que la información se haga pública, pero también que no exista un interés superior que respalde la publicación”. Se supone que quien decidirá si hay interés superior o no, si existe riesgo o no, y cómo se entiende el posible perjuicio a las “relaciones exteriores”, es una Agencia Estatal de Transparencia, Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios. Esta AETEPPCS de tan dilatada denominación no será un organismo independiente, sino que dependerá del gobierno, juez y parte por tanto en el proceso.

¿En qué medida afecta esto a la investigación histórica? La Ley de Transparencia se refiere a todos los ámbitos de la actividad pública, lo que cubre muchos aspectos de la actividad cotidiana de los historiadores como solicitantes de información y documentación. Esto es especialmente cierto en el caso de quienes investigan los procesos históricos más cercanos en el tiempo o que incluso están desarrollo, los fenómenos históricos aún no cerrados y aquellos de los que quedan testigos vivos – la Historia del Presente, en suma. Por otra parte, algunos sostienen la tesis de que en política exterior los expedientes no se cierran nunca y no pueden contemplarse bajo la óptica del patrimonio histórico, en cuyo caso se aplicaría lo previsto en la Ley de Transparencia… es decir, el principio de no acceso (véase por ejemplo el caso de Gibraltar, de cuya cesión se  cumplirán 300 años en 2013 y que aún colea). La exclusión de la Casa Real del ámbito previsto en esta Ley es otra limitación importante, dadas las funciones que según la Constitución de 1978 ejerce el Rey en materia de política exterior (art. 63) y su asunción de “la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales” (art. 56).

Esperemos que en los siguientes trámites que seguirá este anteproyecto de ley, incluyendo el trámite parlamentario, se corrijan estos y otros aspectos para que el deber de transparencia en la acción de las Administraciones públicas se extienda también a la acción exterior.

3. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Las restricciones a la consulta de la documentación histórica en el Archivo General de este ministerio que comentábamos en un post anterior no parecen haberse reducido en los últimos tiempos. Un cambio significativo que hay que consignar es que desde hace unos días, en el portal web del Ministerio se ha insertado el siguiente aviso:

AVISO IMPORTANTE PARA INVESTIGADORES:

En adelante las instancias solicitando autorización para acceder al Archivo deberán presentarse y ser resueltas antes de acudir a la Sala de Consulta. Los investigadores que ya han sido autorizados en los últimos tres años, deberán solicitar de nuevo autorización y no podrán volver a trabajar hasta que esta haya sido resuelta positivamente.

Madrid, 17 de mayo de 2012.

Con ello debería evitarse el problema generado a muchos investigadores que no podían consultar la documentación tras trasladarse a Madrid desde otras ciudades o desde el extranjero: se supone que solo irán al archivo si consiguen previamente una autorización. En contrapartida, todas las autorizaciones de consulta concedidas desde mayo de 2009, que según el reglamento del archivo deberían estar vigentes hasta hoy (plazo de tres años), pasan a estar en suspenso, y pueden verse confirmadas o bien denegadas tras la nueva solicitud. Documentos antes accesibles pueden ser ahora vetados, por consiguiente.

Dado que entre tanto continúa en vigor el acuerdo del Consejo de Ministros de 2010 que clasifica como secreto y reservado un abanico enorme de materias relativas a la política exterior, y que no hay noticias de que se hayan liberalizado los criterios de interpretación de esta y otras normas por parte de la Secretaría General Técnica de Exteriores, el panorama relativo al acceso ciudadano a la información pública sobre la política exterior del Estado continúa siendo muy preocupante.

 

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El archivo más secreto del mundo y las trabas a la investigación histórica

Desde hace algunos meses, los investigadores estamos encontrando enormes problemas para realizar nuestra labor en el Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Alegando la existencia de un acuerdo del Consejo de Ministros, la Secretaria General Técnica, de quien depende el archivo, está denegando a los usuarios la consulta de documentación diplomática del franquismo, la transición y la democracia, e incluso de periodos anteriores.

Esta decisión tiene efectos catastróficos para la investigación histórica y está perjudicando especialmente a investigadores pre- y postdoctorales que no podrán cumplir con los proyectos y plazos de trabajo para los que obtuvieron sus becas, a investigadores extranjeros que tras desplazarse a Madrid, a veces desde el otro extremo del mundo, no pueden acceder a la documentación, y a todos quienes de una u otra forma investigamos sobre la historia de la política exterior y las relaciones internacionales de España y que no podemos realizar nuestro trabajo, como ya se ha comenzado a denunciar en los medios de comunicación (J.C. Pereira, “Más trabas a la investigación”, El País, 8 de mayo de 2012, Cartas al Director).

El Acuerdo que el Consejo de Ministros aprobó el 15 de octubre de 2010 (siendo Ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos) no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado ni tampoco se ha hecho público en la página web de La Moncloa. Dado su interés y su carácter público, se reproduce a continuación. Como se verá, extiende la clasificación de “secreto” y “reservado” a prácticamente todos los aspectos de las relaciones internacionales y la política exterior de España, sin limitación temporal alguna, de acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, todavía vigente, (Ley 9/1968, de 5 de abril, modificada por lal Ley 48/1978, de 7 de octubre).

La aplicación de este acuerdo por la Secretaría General Técnica del MAEC ha conseguido que nuestro país posea un nuevo récord mundial que seguramente contribuirá a difundir extraordinariamente el prestigio de la “marca España” en el exterior: ahora podemos presumir de poseer el archivo diplomático más secreto del mundo.

 

TEXTO DEL ACUERDO:

“Acuerdo sobre política de seguridad de la información del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación por el que se clasifican determinadas materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales.

El artículo 105 b) de la Constitución Española reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a los archivos y registros informáticos. No obstante, este principio encuentra ciertos límites, como reconoce el propio Artículo 105 b) de la Constitución, “en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado”.

En esa misma línea, el Artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, después de reconocer los distintos supuestos de acceso a los registros y archivos administrativos, excluye ese derecho, no obstante, cuando “contengan información sobre la Defensa Nacional o la Seguridad del Estado”.

La Ley 9/1968, de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales, modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre, establece el sometimiento de la actividad de los órganos del Estado al principio de publicidad, al tiempo que reconoce, en el artículo 2, la posibilidad de declarar como materias clasificadas a aquellos asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado.

El artículo tercero del Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley 9/1968, sobre Secretos Oficiales, contempla la clasificación de asuntos como secretos o reservados para aquellos cuya revelación no autorizada por la autoridad competente para ello, pudiera dar lugar a riesgos o perjuicios de la seguridad del Estado, o pudiera comprometer los intereses fundamentales de la Nación en materia referente a la defensa nacional, la paz exterior o el orden constitucional.

Teniendo en cuenta dichos preceptos, y con objeto de evitar que asuntos que afectan a la política exterior de España se vean desprotegidos, se hace necesario determinar con mayor precisión las materias que, en el ámbito de la seguridad exterior del Estado y sus relaciones diplomáticas, requieren protección y amparo para la mejor defensa de los intereses de España y de sus aliados y amigos.

Junto a esta necesidad de precisar las materias que pueden ser clasificadas como de carácter secreto o reservado, según la clasificación establecida en el artículo 3 de la citada Ley 9/1968, es preciso igualmente tener en cuenta los compromisos adquiridos por España, tanto a nivel bilateral como multilateral, mediante la suscripción de tratados sobre protección mutua de información clasificada, que requieren de una clara definición de esta materia por nuestro ordenamiento jurídico.

En todo caso, la competencia para declarar materias clasificadas, según el grado de protección que requieran, corresponde, además de a la Junta de Jefes de Estado Mayor, al Consejo de Ministros, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 9/1968, modificado por la Ley 48/1978.

Por todo ello, en su reunión del 15 de octubre de 2010, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, acuerda lo siguiente:

Primero.- Se otorga con carácter genérico la clasificación de secreto a las materias que se relacionan a continuación, así como a los actos, documentos, informaciones, datos y objetos sobre las mismas, cuya revelación no autorizada puede dañar o poner gravemente en riesgo la seguridad y defensa de España o de sus aliados o amigos así como los intereses políticos, sociales, económicos y comerciales y las relaciones diplomáticas con terceros países.

1.- Posiciones básicas de España y estrategias en negociaciones políticas, de seguridad, económicas y comerciales que conciernan a los intereses esenciales del Estado tanto en el ámbito bilateral como en la Unión Europea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, el sistema de Naciones Unidas, la Conferencia Iberoamericana u otras Organizaciones y Conferencias Internacionales.

2.- Información sobre posiciones españolas en conflictos internacionales o internos de naturaleza política, social, económica o comercial que puedan comprometer los intereses españoles o su capacidad de interlocución con terceros países.

3.- Información relativa a la actualización de grupos terroristas y movimientos a ellos asociados, delincuencia organizada y tráfico de drogas, personas y armas con implicaciones o ramificaciones en España o en los países con los que España haya suscrito acuerdos sobre dichas materias o mantenga relaciones de amistad.

4.- Información relativa al despliegue de unidades de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado españolas y aliadas tanto en España como en misiones internacionales.

5.- Negociaciones y buenos oficios sobre secuestros y liberación de ciudadanos españoles o extranjeros así como la información relativa a las extradiciones o traslado de personas condenables.

6.- Contactos de mediación o buenos oficios llevados a cabo por España con terceros países y con grupos y líderes de oposición para facilitar procesos de paz y la promoción o defensa de los derechos humanos.

7.- Protección de Derechos Humanos, con especial incidencia en casos humanitarios especialmente sensibles y las gestiones con terceros países en este ámbito.

8.- Cuestiones de asilo y refugio.

9.- Tramitación de beneplácitos de Jefes de Misión españoles y extranjeros.

10.- Información relativa a las cuestiones que afecten a la soberanía, independencia y a la integridad de España o de países amigos y a las posiciones de España sobre contenciosos de índole territorial inter-estatales o intra-estatales.

11.- Informaciones relativas a la aplicación de Acuerdos bilaterales o multilaterales sobre asuntos de seguridad y defensa suscritos por España, incluidas aquellas relacionadas con sobrevuelos, estancias y escalas de buques y aeronaves.

12.- Asuntos relacionados con los crímenes más graves de trascendencia internacional sobre los que pueda tener jurisdicción la Corte Penal internacional u otros Tribunales Internacionales y aquellos sometidos ante Tribunales españoles.

13.- La información relativa a los preparativos de los viajes de SS.MM. los Reyes y del Presidente del Gobierno y, cuando las circunstancias lo aconsejen, de los Ministros y otras autoridades del Estado.

14.-Las claves y material criptográfico.

Segundo.- A las materias antes reseñadas, así como a los actos, documentos, informaciones, datos y objetos sobre las mismas, se les otorgará el carácter genérico de reservadas cuando su revelación no autorizada pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa de España o sus aliados y amigos, los intereses, políticos, sociales, económicos y comerciales y las relaciones diplomáticas con terceros países. Se les otorgará igualmente la clasificación de reservado a las siguientes materias:

1.- Entrevistas con mandatarios o diplomáticos extranjeros con implicaciones para los intereses del Estado o las relaciones internacionales.

2.- Gestiones de apoyo en las licitaciones de empresas españolas en el exterior y en contenciosos de especial gravedad que les afecten.

3.- Candidaturas españolas a puestos en organismos internacionales.

Tercero.- Tendrá la misma clasificación genérica de secreto o reservado, según corresponda, todos aquellos documentos necesarios para el planeamiento, preparación o ejecución de los documentos, acuerdos o convenios a que se refieren los apartados anteriores así como la documentación que los remita, comente o evoque.

Cuarto.- Dichos asuntos y materias podrán tener partes destacadas, informaciones o datos a los que corresponda una clasificación de seguridad inferior a la que se ha otorgado con carácter genérico. Este extremo se hará constar así en el documento que atribuya la calificación, de acuerdo con el requisito c) del artículo once del Decreto 242/1969, de 20 de febrero, por el que se desarrollan las disposiciones de la Ley de Secretos Oficiales.

Quinto.- Las informaciones, asuntos y materias clasificados por Organizaciones Internacionales o por terceros Estados, así como la documentación que los remita, comente o evoque, recibirán una clasificación que asegure un grado de protección equivalente al que recibe la información en su lugar de origen.

Sexto.- El intercambio de información clasificada con organizaciones internacionales o países extranjeros tendrá el tratamiento, protección y limitaciones establecidas en los convenios bilaterales o multilaterales en los que España sea parte y a cuyo amparo haya sido intercambiada dicha información, sin que en ningún caso ésta reciba una protección inferior a la establecida por este Acuerdo y la Ley 9/1968, modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre, reguladora de los Secretos Oficiales.

Séptimo.- Esta relación de materias clasificadas será objeto de actualización periódica.”

 

EN PDF:

 

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España en el exterior: Historia y Archivos

Las relaciones internacionales de España en la edad moderna y contemporánea, la conquista de América, la política exterior española en los siglos XIX y XX, las relaciones exteriores durante la II República, la guerra civil y el franquismo, siempre a partir y a través de las fuentes documentales conservadas en los archivos: estas son las temáticas que se debatirán en las X Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos que se celebrarán en el Palacio del Infantado de Guadalajara del 9 al 11 de noviembre de 2011.

 

Las Jornadas están abiertas a la participación de historiadores, archiveros, profesionales y estudiantes de cualquier licenciatura, así como al público en general interesado en ello. Se podrá participar como asistente o comunicante.


PROGRAMA

Miércoles, 9 de noviembre de 2011

10:00 h. Inauguración

10:30 h. Miguel Ángel DE BUNES IBARRA (CSIC), Las relaciones internacionales de España en el Antiguo Régimen

12:00 h. Lectura de comunicaciones

13:00 h. Eduardo PEDRELO MARTÍN (Archivo General de Simancas): Fuentes documentales para las relaciones exteriores de España en la Edad Moderna

17:00 h. Antonia COLOMAR ALBÁJAR (Archivo General de Indias): Fuentes documentales para la conquista y colonización de América en los Archivos Públicos

18:00 h. Lectura de comunicaciones

Jueves 10 de noviembre de 2011

10:00 h. Pedro PÉREZ HERRERO (Universidad de Alcalá): Las relaciones España-Iberoamérica desde 1808 hasta la actualidad

11:00 h. Lectura de comunicaciones

12:30 h. Rosario DE LA TORRE DEL RÍO (Universidad Complutense de Madrid): La reintegración de España en el sistema internacional posnapoleónico

17:00h. Mercedes MARTÍN PALOMINO (Archivo General de la Administración): Fuentes documentales para las relaciones exteriores de España en la Edad Contemporánea

18:00 h. Lectura de comunicaciones

Viernes 11 de noviembre de 2011

10:00 h. Ricardo MIRALLES PALENCIA (Universidad del País Vasco): Las relaciones con Rusia durante la República y la Guerra Civil

11:30 h. Lectura de comunicaciones

13:00 h. Clausura

Palacio del Infantado de Guadalajara

 

 

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La “grandeur” de los archivos diplomáticos franceses

Hoy toca hablar de los archivos diplomáticos franceses y mirar conreconocimiento y cierta envidia, una vez más, a lo que se hace más alláde nuestras fronteras en materia de recuperación, conservación ydifusión del patrimonio documental relativo a la política exterior. Tras muchos años de preparativos, por fin se ha inauguradoel Centre des Archives Diplomatiques de Francia, la nueva sede de los archivos y biblioteca diplomáticos de nuestros vecinos del norte.

(más…)

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